Con 60 votos a favor, 45 en contra y una abstención, el pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y sin modificaciones, la propuesta priista de la nueva Ley de Comunicación Social, enviada por la Cámara de Diputados.
Sólo con el voto del PRI y sus aliados, los senadores dieron respuesta al mandato de la Suprema Corte, de reglamentar -antes del 30 de abril- la difusión de la publicidad gubernamental en los medios de comunicación, como se establece la reforma al artículo 134 constitucional.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Pozos, del PRI, expuso en tribuna, al presentar el dictamen, que para la elaboración de esta ley “se tomaron en cuenta las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil, a través de audiencias públicas”.
Explicó que el dictamen –que sería votado esta madrugada en lo particular, con cerca de 40 oradores registrados para la presentación de “reservas” o propuestas de cambio de los partidos de oposición que serían desechadas- “fija las bases para regular las políticas de comunicación social, el ejercicio del gasto público vigilado por la Auditoría Superior de la Federación y marca las obligaciones de cumplir con la obligación de comunicar las acciones de las instituciones de gobierno con imparcialidad”.
Sostuvo que “se garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información, con una política basada en la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad”, y con informes detallados a la Secretaría de Gobernación.
Los senadores del PAN, PRD y Morena expresaron su voto en contra, en protesta porque la nueva ley no contempla una instancia externa y ciudadana que vigile las políticas de comunicación oficial, y que sólo es la Secretaría de Gobernación la que “mantendrá el control y la presión sobre los medios de comunicación”, por lo que sólo tendría los votos del PRI y el PVEM.
El senador del PAN Héctor Larios criticó que la ley “es una aberración”, porque “no se toman en cuenta los principios del artículo 134 constitucional, que señalan que se debe garantizar la difusión de información con fines informativos y educativos, y no convertirse en una auténtica campaña de comunicación social a favor del gobierno en turno y sobre sus logros”.
La senadora del PRD Angélica de la Peña apuntó que “es una simulación” y sólo refleja “el más viejo y autoritario sistema político mexicano”, que no acata el ordenamiento que la Corte hizo al Congreso, y que sólo es para volver al “no te pago para que me pegues, te pago para que no me pegues”.
El senador del PT-Morena Froylán Esquinca resumió que “no es un dictamen de consenso, que no tomó en cuenta las opiniones del resto de los partidos, es sólo del PRI y cuenta con graves inconsistencias”.
Alejandro Encinas calificó la ley como una “grave regresión”, que busca sólo legalizar un modelo de comunicación basado en el uso excesivo, y el sobre ejercicio, de los recursos públicos, para mantener el control político de los medios de comunicación, para defender a un gobierno con el más alto índice de reprobación en la historia del país”.
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