Fernando Franco González Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la que impugnó reformas que endurecieron las sanciones para los delitos fiscales.
Esas reformas, aprobadas el 8 de noviembre por el Congreso, son específicamente a algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Federal de Procedimientos Penales y Código Fiscal de la Federación.
Con ellas, por ejemplo, se autorizó castigar como delincuencia organizada y/o amenaza a la seguridad nacional, sin libertad bajo fianza, algunos delitos fiscales como contrabando, defraudación fiscal por más de 7.8 millones de pesos.
También se incluye en esta lista de delitos graves la enajenación, compra o venta de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
En este último caso se prevén sanciones privativas de la libertad de dos a nueve años, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simuladoso a quien, a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de las citadas facturas.
En la citada acción de inconstitucionalidad, registrada con el número 130/2019, la CNDH pide la invalidez de la reforma, aunque aún no se conocen los detalles del argumento jurídico, pues la demanda aún no es pública.
El ministro dio 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al Ejecutivo para que rindan informes y envíen copias de los antecedentes legislativos de la reforma.
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