Enrique Quintana
Cuando se llega a una etapa de negociación tan compleja como la que tenemos en este momento con relación al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pareciera que nos metemos de lleno a un laberinto.
El gobierno mexicano sabe que si no se ratifica el tratado (T-MEC) entre los tres países de Norteamérica antes de que comiencen las elecciones primarias en Estados Unidos, éste ya no se ratificaría en todo 2020 y tendría un destino incierto en 2021.
Como aquí le hemos contado, seguiría vigente el TLCAN, pero con la incertidumbre de lo que pudiera pasar tras las elecciones de noviembre del próximo año en EU.
La primera escala en las elecciones de EU ocurrirá el lunes 3 de febrero en el estado de Iowa.
Así que, pareciera que el plazo máximo para la posible ratificación del tratado no debería ir más allá de la segunda semana de enero.
Sin embargo, el día de ayer la Cámara de Representantes de los Estados Unidos amplió el lapso de su proceso legislativo antes del receso de fin de año para alinearlo al del Senado.
Esto significa que todavía hay margen hasta el próximo viernes 20 de diciembre para que haya una ratificación.
De hecho, pareciera que el cambio en el calendario legislativo manda el mensaje de que hay el interés manifiesto de que se pueda ratificar el tratado antes de que termine este año.
Sin embargo, la exigencia de que haya una verificación del cumplimiento de las normas laborales por parte de inspectores norteamericanos pareciera ser para México un obstáculo insalvable.
Pero, no todo está cerrado. La negociación busca justamente encontrar salidas aceptables para todas las partes.
El ámbito laboral no es el único en el cual habría inspecciones, al menos indirectamente, de autoridades que no son las mexicanas.
Piense usted, por ejemplo, en la aviación comercial. En ella se tienen que cumplir normas que no derivan sólo de una legislación local y que son verificadas por autoridades trasnacionales.
Y hay varios ejemplos más.
Se puede encontrar una salida en la cual la verificación sea realizada por entidades reguladas por las autoridades mexicanas, pero certificadas bajo una normatividad norteamericana, es decir, de los tres países. Lo mismo valdría para Estados Unidos o Canadá.
La habilidad de negociación de quienes, por parte de México, están a cargo de buscar una salida a este aparente entrampamiento del acuerdo, será clave para que el tratado no se congele durante todo el próximo año.
Obviamente, las empresas mexicanas no quieren tener ningún tipo de inspección directa o indirecta de autoridades extranjeras.
Pero, si encontrar una salida a este punto es algo definitorio del futuro del tratado, tenga la certeza de se tratará de encontrar un punto medio, en el cual se asegure el cumplimiento de la legislación laboral, pero al mismo tiempo se evite que este sea usado con propósitos proteccionistas y sin una intervención directa de la autoridad norteamericana.
Duele admitirlo, pero entre los tres países en la negociación, la posición mexicana es la más débil.
Necesitamos la ratificación del tratado, así sea porque no se desarrolló una narrativa adecuada, para evitar consecuencias indeseables si se cae.
Y creo que vamos a buscar cómo salir del laberinto de esta negociación, quizás desde este mismo mes de diciembre.
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