Ciudad de México. Durante el Foro Global sobre Refugiados que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, el Gobierno de México, se comprometió a vincular a 10 mil personas refugiadas y solicitantes de asilo a oportunidades de empleo formal, así como su integración al sistema bancario.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que en este encuentro internacional el gobierno, sociedad civil y empresas privadas mexicanas, presentaron 28 compromisos para mejorar las condiciones de recepción, protección e integración de personas refugiadas, siendo una de las delegaciones con mayor número de metas anunciadas.
De acuerdo con este brazo de la ONU los compromisos responden a los nuevos desafíos que enfrenta la región en materia de desplazamiento forzado de las personas provenientes, en su mayoría, de los países del Norte de Centroamérica y de Venezuela.
“En este contexto, México se encuentra en un momento de transformación, al pasar de ser país de tránsito, origen y retorno de personas, a ser también un país de recepción de quienes huyen de la violencia y persecución”, puntualizó.
Sobre los empleos formales Acnur detalló que el compromiso se hizo por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
En paralelo, las empresas Mabe y Palliser ofrecieron ofertar 350 puestos de trabajo cada una para personas refugiadas en los próximos tres años, Asimismo, Palliser también está invirtiendo en un centro de capacitación para personas con necesidad de protección internacional.
En tanto, Bancoppel ofrecerá servicios financieros a este grupo de gente promoviendo que sus sucursales acepten como identificación los documentos que expide el Instituto Nacional de Migración (INM).
Los compromisos del Estado mexicano también incluyen garantizar el ejercicio de derechos, tales como: a la salud, la educación y el acceso a la justicia a personas refugiadas.
Por ejemplo, el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), garantizará el acceso a los servicios de salud a personas refugiadas y solicitantes de asilo. En tanto, en coordinación con Acnur, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores identificarán casos de jóvenes refugiados para proporcionarles becas universitarias en México a través de Proyecto Habesha, una organización de la sociedad civil mexicana.
En tanto, el Instituto Federal de la Defensoría Pública aumentará el personal especializado, lo que permitirá que más personas refugiadas y solicitantes de asilo puedan acceder a la justicia.
Sobre las acciones emprendidas en 2019, esta agencia de la ONU reportó la la ampliación de la capacidad de la Comar, que ahora cuenta con más personal y nuevas oficinas en las ciudades de Palenque, Monterrey y Tijuana y los primeros pasos hacia la simplificación de los procedimientos. De igual forma, ha aumentado su capacidad de registro de solicitudes de la condición de refugiado, registrando 66 mil 900 personas en los primeros 11 meses del año.
El nuevo centro de registro y medidas de eficiencia de la Comar en Tapachula han permitido terminar con el rezago de registro que enfrentaba la institución de tal forma que ahora las solicitudes son registradas y los documentos emitidos de inmediato.
En el 2019 más de 5 mil personas se beneficiaron del programa de reubicación, vinculación laboral e acompañamiento para la integración que se lleva a cabo en cooperación con el sector privado, Comar, el Instituto Nacional de Migración (INM), el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y autoridades locales.
Por otro lado, diversas instancias del Gobierno federal, tales como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), pero también medios públicos como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Justicia TV, han participado activamente y de la mano del Acnur en campañas de combate a la xenofobia.
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