CIUDAD DE MÉXICO.- Para expedir títulos de concesión mineras, la Secretaría de Economía (SE) realizaría consultas previas, libres e informadas a las comunidades y pueblos indígenas involucrados, propuso la bancada de Morena en el Senado.
La senadora Angélica García Arrieta presentará este martes al pleno un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Minera.
De acuerdo con la iniciativa, la minería tiene una relevancia económica indiscutible y representa una de las actividades laborales de mayor tradición en nuestro país.
Sin embargo, se ha descuidado jurídica e institucionalmente por parte de la SE y el Servicio Geológico Mexicano, el análisis del impacto social y de las consecuencias que traen consigo las concesiones que se han otorgado.
Por ello, entre otras modificaciones plantea establecer que “con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se expidan títulos de concesión y de asignación mineras, la SE deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con el Servicio Geológico Mexicano y las dependencias que correspondan.”
La propuesta establece que los procedimientos de consulta tendrán como objeto alcanzar acuerdos o, en su caso, el consentimiento conforme a la normatividad aplicable.
La iniciativa, además, tiene como objeto:
- Facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
- Facultar a la SE para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
- Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
- Obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.
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