En una carta dirigida al Presidente electo, los firmantes le solicitan considerar el daño ecológico, al patrimonio histórico y cultural que implicaría la realización de megaproyectos sin antes contar con estudios, como en el caso del Tren Maya.
Organizaciones de la sociedad civil y académicos mexicanos entregarán este martes una carta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar la suspensión de la consulta ciudadana torno a diversas propuestas de la próxima administración, entre ellas la construcción del Tren Maya y la del Corredor Comercial Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, la cual está programada para este 24 y 25 de noviembre.
En la petición indican también la necesidad de no comenzar con las obras del Tren Maya, lo cual está programado para el próximo 16 de diciembre, apenas 15 días después del cambio de gobierno, pues dicho proyecto que abarcaría los estados de Chipas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco por el “grave riesgo a la sustentabilidad ecológica del territorio mexicano” que implicaría.
“De treinta años a la fecha, México -país reconocido por estar en el grupo de los doce países megadiversos que hay en el mundo, y entre los que ocupa el cuarto lugar-, ha perdido selvas, manglares y bosques de manera alarmante. También es un hecho que el agua, un bien indispensable para la vida, es un recurso limitado que depende en buena medida de la salud de bosques y selvas”, se lee en el escrito, por lo que instan a que los sitios de alta biodiversidad se preserven bajo los más estrictos estándares internacionales“.
Organizaciones como el Colegio de Antropólogos de Yucatán, Greenpeace México, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, el Grupo Ecologista del Mayab y otras más, destacaron que un proyecto de esta naturaleza no se puede emprender “sin un estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico, del que según evidencias, hay vestigios importantes para el patrimonio histórico y cultural del país cubiertos por selva, de la misma importancia de lo que está a la vista”.
Por lo que hicieron un llamado a que la participación de instancias gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre otras, sea activa en cuanto a la realización de estudios previos.
“Consideramos fundamental no pasar por alto el principio de la ‘consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas’ a que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ésta no puede sustituirse con ninguna ‘consulta nacional’ y tendría que realizarse de manera trasparente y bajo la observación de una comisión plural del más alto nivel sin conflicto de interés”.
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