La nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por Morena “fue hecha al aventón” y en el caso de los académicos e investigadores de la UNAM generó “un clima de desconcierto y confusión”, advierten abogados laborales y catedráticos de la Facultad de Derecho.
Alejandro Avilés Gómez, catedrático y abogado laboral litigante, explica: “en general, para los servidores públicos, la nueva ley, que fue hecha al aventón y con prisas, abre una problemática y una peligrosa puerta al abuso en el cobro de gravámenes en prestaciones”.
“En el caso de la UNAM, el decreto no es claro, es confuso; primero hay un debate cerrado sobre si los académicos, investigadores y trabajadores en general somos o no servidores públicos; y segundo, no se precisa qué sucederá con prestaciones, despensas, estímulos del Conacyt, del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros”, indica.
En ambos casos, “la ley no es clara, y si no se interpreta de manera adecuada puede haber una afectación grave a todos, porque al gravar prestaciones traerá un conflicto con trabajadores y sindicatos, y se podría desatar una serie de amparos indirectos, que podrán ser presentados ante un Juez de Distrito en Materia del Trabajo”, señala.
“Vemos difícil que pueda ser aplicado en el sector académico y al sector administrativo de la UNAM; sin embargo, por lo que hace al Sindicato de la UNAM ya se están analizando las probables afectaciones que pueda traer o no, para llevar a cabo un plan de acción”, indica.
El académico advierte también que “lo que viene es más bien una batalla política y jurídica. En los hechos es un mal inicio del próximo periodo presidencial”.
Además “el decreto publicado el 5 de noviembre entró ya en vigor a partir del 6 de noviembre, no del primero de enero del año próximo, como dicen los diputados; por lo tanto, los gravámenes en las prestaciones podrían aplicarse ya en los aguinaldos que están por llegar a los trabajadores en estos días, por lo que los sindicatos están a la espera para tomar medidas”, anticipó.
Alfonso Bouzas, abogado del STUNAM y también catedrático universitario, expresa: “no cabe duda que los académicos, maestros, investigadores y demás somos servidores públicos; pero esa ley no nos afecta, es sólo para los funcionarios: directores, secretarios generales, que son los que reciben altos salarios”.
“Claro que sí toca a los altos funcionarios, que por supuesto, no tienen precisamente estímulos y antigüedad, sino ellos perciben ingresos especiales por ser funcionarios, y son significativamente importantes”.
Y por lo demás, “aun con salarios y estímulos, ningún académico ni investigador alcanza los 108 mil pesos mensuales”.
Expone que “esta supuesta confusión la están generando para azuzar a la gente, bajo la hipótesis de que le afecta la ley aprobada por Morena. Pero no es cierto; afecta a funcionarios, no sólo de la UNAM sino de toda la burocracia federal. Me parece adecuada la reforma. En un pueblo pobre son un insulto los excesivos sueldos que reciben los ministros, legisladores y algunos funcionarios y parásitos burócratas”, dice.
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