Los estrategas del gobierno actual, aun sabiendo que habría una campaña política electoral federal 2018, no prepararon el escenario de imagen y funcionalidad de la administración pública con la cual el gobierno apoyaría al partido oficial.
Parece juego de niños, los asesores no lo dijeron o no fueron escuchados, la realidad percibe al Gobierno federal y al PRI con verdadera angustia porque advierten con mayor claridad que puede perder la elección, y promueven campañas de desprestigio para sus opositores en lugar de hacer propuestas de fondo para resolver los problemas sociales más sentidos.
Aunque el resentimiento ciudadano es contra todos los partidos por el abandono de las causas sociales, lo es en particular contra la corrupción, la pobreza, la violencia, la inequidad, más que a favor de Morena.
Falta mucho tiempo y todo puede pasar; sin embargo, la mayoría de las encuestadoras identifican que el 80 % del electorado nacional no quiere saber nada del PRI, más preocupante aún, en varias entidades el PRI se perfila con seguridad al tercer lugar en estas elecciones.
¿A qué se debe el rechazo contundente del 80 % del electorado al PRI? Analizamos solo algunas causas, la principal es la corrupción y, pese a ello, aumenta y la mayoría de casos no se sancionan, motivando más su práctica y más el deterioro de la imagen del gobierno.
El informe de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), órgano del Congreso que revisa la cuenta pública, ha señalado las triangulaciones de Sedesol, incluso con universidades estatales, para desviar el dinero público, cuatro denuncias en particular contra su secretario, a decir de Ricardo Anaya.
Los voceros del PRI argumentan que 464 funcionarios de Sedesol fueron suspendidos, de los cuales 10 % han sido sancionados por alterar actas de defunción, nóminas duplicadas, muertos que cobran, etc. los desvíos superan los mil millones de pesos.
La ASF presento a la PGR 872 denuncias de funcionarios corruptos por desvío de dinero, de las cuales solo ha procesado en cuatro casos, esto explica, junto con la molestia por la violencia, la pobreza y las disfuncionalidades de la administración pública federal, el gran rechazo al gobierno, al PRI y a sus candidatos.
Las instituciones nacionales deben estar sometidas a un orden jurídico y no puede la PGR y su encargado andar de oficioso, pretendiendo convertirse en el delantero titular en el equipo del PRI dentro del proceso electoral, sobre todo cuando no ha atendido el 99 % de las denuncias de la ASF por desvío de cientos de miles de millones de pesos de funcionarios federales.
Los recortes al gasto social y la concentración del poder económico en una elite dominante solo multiplican desigualdad y debilita la fuerza del estado y sus instituciones, esto, lejos de acercar simpatizantes al PRI, consolida la resistencia ciudadana contra el candidato Meade.
Los estrategas del PRI no advierten que, más que a favor de Morena o PAN, es contra el PRI y su gobierno. Los analistas consideran que, en caso de bajar a Anaya de la contienda o debilitarlo en exceso, los panistas en desgracia no irían a votar por el PRI, sino por Morena.
Otro tema de rechazo al PRI deriva de las reformas estructurales que se perciben fallidas para los ciudadanos de a pie porque, lejos de lo prometido por el presidente Peña Nieto que bajaría el precio de gasolina, luz y gas, la realidad es que aumentaron y que, junto con el incremento de impuestos, han lastimado los bolsillos de comerciantes, empresarios y ciudadanía, por ello se sienten muy agraviados y seguramente cobrarán factura en la elección.
Se advierte desconexión entre los estrategas hacendarios, estrategas de Pinos y el mismo candidato del PRI con la realidad y el contexto electoral, debieran contemplar un escenario para la transición pacífica del poder por el bien de la nación.
Respecto de los 464 casos de funcionarios corruptos en Sedesol mencionado por Meade, sería conveniente por un principio elemental de transparencia conocer cuántos de ellos corresponden a Tlaxcala, quiénes fueron suspendidos y en qué administración se cometieron los ilícitos.
Por cierto, en la construcción del andamiaje institucional para atender la corrupción en el estado de Tlaxcala hay muchos cuestionamientos y quejas debido a que los diputados locales retiraron varios puntos al documento central, sobre todo en lo concerniente a la participación ciudadana.
Parece que no se entiende, mientras los diputados sigan trabajando para para desvirtuar el intento ciudadano por disminuir la corrupción, traicionan al electorado, pues en lugar de defender al ciudadano protegen al funcionario corrupto, y eso ya lo notan muchos votantes.
En otro tema, la encuesta nacional de uso de nuevas tecnologías en los estados de la República, en particular el uso de internet en los hogares, lamentablemente los últimos lugares los ocupan Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala, más que por imagen, por la importancia que este servicio representa para la educación. Sería muy bueno que el gobierno local lo atendiera.
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