La otrora poderosa caja de ahorro estaría en vías de desaparecer, por una historia vinculada con expresidentes y funcionarios señalados por corrupción
El negocio de Caja Libertad está en venta,
luego de la mala suerte que acompañó a su expresidente, el abogado Juan
Collado, relacionado a políticos priistas y detenido en julio de 2019 cuando
salía del restaurante Morton's de la Ciudad de México en compañía del exlíder
petrolero, Carlos Romero Deschamps.
A Collado se le imputaron delitos de
defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos y se le congelaron
cuentas por cerca de 80 millones de euros localizadas en Andorra, España.
Fue en 2014 cuando Collado se hizo del
control de la llamada “cajas de cajas”, una de las Sociedades Financieras
Populares (Sofipo) más grandes del país, con activos cercanos a 10 mil millones
de pesos.
Collado tuvo un desencuentro que fue más
allá de los negocios con sus examigos Javier Rodríguez Borgio y Martín
Díaz Álvarez, este último sobrino del exfiscal de hierro, Francisco Gil
Díaz, quienes finalmente le entregaron el negocio, luego del escándalo de
fraude de la empresa petrolera Oceanografía, de la que eran socios.
La influencia de Caja Libertad se expande
por todo el Bajío. Surgió en 2013 como una caja de ahorro y hasta 2018 su valor
de mercado ascendía a cerca de 7 mil millones de pesos, con un total de 1.5
millones de socios.
Ahora, los intentos porque la sociedad financiera quede en otras manos –y así
negociar la posible salida de Collado del Reclusorio Norte– están en marcha de
la mano de la 4T.
En la Consejería Jurídica de la Presidencia
de la República se tiene ya la instrucción para que la Sofipo cambie de
propietario y quede bajo el control de algún empresario sin malos antecedentes
y cercano a la nueva administración.
El propio consejero, Julio Scherer
Ibarra, ha tomado la encomienda. El precio de salida ronda mil millones de
pesos, a pesar de que el valor de la sociedad llegó a ser en sus mejores años
de unos 7 mil millones, de los cuales hoy se calcula que podrían valer por lo
menos 5 mil millones de pesos.
La prioridad en la transacción es la
rapidez, por lo que, según algunos testigos de estas ofertas, la operación
tendría que estar finiquitada en este mismo semestre, o de lo contrario lo
otrora poderosa caja de ahorro estaría en vías de desaparecer, básicamente por
el lastre que le representa una historia vinculada con expresidentes y
funcionarios señalados por corrupción.
De los cuatro últimos presidentes del
Consejo de Administración de la Sofipo, tres han tenido serios problemas con la
justicia: Juan Collado y José Antonio Rico se encuentran tras las
rejas por la misma causa penal, la simulación de operaciones financieras por la
supuesta compra del edificio sede de Caja Libertad, mientras que Martín Díaz se
vio involucrado con el supuesto fraude de la naviera Oceanografía.
Como accionistas de este negocio, que
previamente adoptó el nombre de Libertad Servicios Financieros, han pasado
igualmente los nombres de los hermanos Francisco Xavier y Oscar
Rodríguez Borgio, vinculados también con el caso de Oceanografía, a través de
la naviera GGM Shipping, e investigados en algún momento por la venta de
combustible robado a través de su red de Gasolineras Grupo Mexicano.
En la actualidad Libertad Soluciones de
Vida opera bajo la presidencia de una exfuncionaria de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, regulador del sector bancario. Se trata de Silvia
Lavalle Henaro, quien ocupó la vicepresidencia de Supervisión de la Comisión
durante el sexenio de Felipe Calderón y quien entró al rescate del
negocio luego de la repentina aprehensión del abogado Juan Collado.
Además de mantener algunos valiosos
contactos en la CNBV, Lavalle Henaro cuenta dentro de la firma con el apoyo
desde la dirección general de Sergio Cruz, exvicepresidente de Banca de
Consumo de Scotiabank, que ha incorporado al negocio estrategias propias del
sector bancario, para mantenerlo a flote y dentro de la categoría 2 en cuanto a
nivel de capitalización, es decir, con un riesgo moderado de operación y casi
exento de medidas correctivas.
La dupla de ejecutivos ha incluso dado
algunos campanazos, como la firma de un convenio de colaboración con Google
para ofrecer mediante sus plataformas diversos servicios financieros.
Pero ni el esfuerzo ni las tácticas para
rescatar el negocio podrían ser suficientes ante un nuevo régimen de gobierno
que prácticamente ha decidido tener el control a través de grupos afines.
Tabasqueña, tras la limpia de Palacio
Una empresa de Tabasco, la tierra de Andrés
Manuel López Obrador, busca un contrato para el suministro de limpieza en
Palacio Nacional. Nada tiene de malo que una compañía tabasqueña busque ganar
la licitación, excepto porque ha sido denunciada por no dar prestaciones
laborales.
Se trata de la empresa Decoaro y
Supervisión, que busca el jugoso contrato que se decidirá este 14 de enero por
la vía del outsourcing.
El caso no se centra únicamente en las promesas sobre las cuales el gobierno
federal dejaría de entregar contratos por medio del esquema de subcontratación,
sino que la firma no registraba contratos en Compranet hasta antes de 2019.
Al inicio del gobierno de AMLO se anotó un
acuerdo por poco más de 14 millones de pesos con el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). En 2020 su actividad se
intensificó. En el Inapesca se quedó con un convenio por 4.2 millones de pesos
y en el Inapam otro por 2.7 millones de pesos, además de los 5.6 millones de
pesos por el aseo del Instituto Nacional de Migración. El contrato más oneroso
fue con la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, donde
la limpia implicó un contrato por 33 millones 194 mil pesos.
No hay comentarios :
Publicar un comentario