La iniciativa explica que se busca tener un mecanismo más ágil de colaboración entre concesionarios y autoridades; experto ve riesgo de manoseo de datos
La diputada Juanita Guerra Mena, de Morena,
propuso una iniciativa para reformar los artículos 189 y 190 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que la policía estatal de
investigación tenga acceso al GPS de teléfonos móviles.
En su propuesta da acceso al Fiscal General
de la República, lfiscales y procuradores de las entidades y a la Guardia
Nacional para solicitar el acceso a la ubicación digital del posicionamiento
geográfico a concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados y
proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos.
Asimismo, agrega que podrán tener la
ubicación geográfica de los usuarios “la policía en funciones de investigación
de las secretarías de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública de las
entidades federativas”.
Estas instancias podrán “realizar su
solicitud bajo la conducción y mando del Ministerio Público o del fiscal o del
procurador de la entidad federativa”.
La diputada explica que busca “establecer
un mecanismo más ágil para la colaboración, corresponsabilidad y coordinación
entre concesionarios y, autorizados, y las fiscalías y procuradurías”.
Además, plantea “la coordinación y
correspondencia entre las secretarías de Seguridad Ciudadana y las fiscalías y
procuradurías en la investigación para la prevención del delito y el combate de
delitos de alto impacto”.
Jorge Fernando Negrete, presidente de
Digital Policy and Law, explicó que hay una clara normatividad en materia de
protección de datos.
En la disposición de datos personales en
posesión del sector público es claro que la información es entregada por los
usuarios, quienes son sus propietarios, y sólo salvo resolución judicial las
autoridades pueden acceder a ella, o en una averiguación previa del tipo
federal.
“El manoseo de los datos por cualquier
autoridad, sobre todo las locales, ya es absolutamente intrusivo; además, es un
manoseo y un ingreso indebido al manejo de los datos personales de los
ciudadanos”, destacó.
El experto recomendó que antes de que
lanzar este tipo de iniciativas, los legisladores deben estudiarlas, pues puede
generar incertidumbre en inversiones.
Propone plataforma digital
Como parte de la iniciativa, Guerra Mena
establece que, para acceder a la ubicación geográfica de los usuarios de
telefonía celular, las instituciones de seguridad y procuración de justicia
deberán tener una plataforma de análisis de información.
Lo anterior, “de forma que los policías en
funciones de investigación puedan tener acceso automatizado a los datos de las
comunicaciones generadas para su transmisión o recibidas por el sujeto de una
intervención legal, y los datos de tráfico asociados a dicha comunicación”.
La plataforma será responsabilidad de las
instituciones de seguridad y procuración de justicia, detalla, y su objetivo
será analizar información que sirva para integrar la investigación, prevención
y reacción de los delitos.
“La localización geográfica en tiempo real
y solicitud de entrega de datos conservados deberá facilitarse para cualquier
comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o
el terminal específico que se determine a partir de la autorización, incluso aunque
esté destinada a dispositivo de almacenamiento”, indica la iniciativa.
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