Con el “Quinazo” Salinas de Gortari sojuzgó a los sindicatos

 

El 10 de enero de 1989, la cúpula charra del sindicato petrolero fue desmantelada a partir de una incursión militar a la casa del líder Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”. Era un golpe de autoridad, para asegurarse el sometimiento de los sindicatos charros priistas.

 

 

La relación histórica entre las grandes centrales obreras y los grandes sindicatos nacionales de industria con el régimen priista, fue siempre un pilar para implantar el dominio de clase sobre los trabajadores y el pueblo pobre.

Así, mientras los ricos capitalistas engordan sus arcas, auspician que las cúpulas dirigentes de dichas corporaciones obreras se enriquezcan a cambio de subordinar a los trabajadores a los planes neoliberales en las fábricas, y en las urnas.

El mecanismo de control del régimen del PRI, ha sobrevivido por más de 80 años integrando en sus estructuras partidarias a los sindicatos. Una situación similar se da en las organizaciones campesinas, con privilegios económicos, muy por encima de los ingresos salariales de las bases cada vez más precarizadas.

A esto se agregó el ascenso en las estructuras de gobierno de líderes sindicales. Así los gobiernos de turno lograron asimilar a una casta parasitaria y mafiosa ejemplificada por los Fidel Velázquez, Carlos Jongitud Barrios, Carlos Romero Deschamps y por supuesto, Joaquín Hernández Galicia.

Un jerarca sindical “charro” y cacique regional

Hernández Galicia, apodado “La Quina”, era uno de los grandes favorecidos por ese sistema de corrupción. Logró un enorme coto de poder luego de tres décadas de dominio del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Así lo describía el columnista Francisco Ortiz Pinchetti:

“Era, ante todo, un hombre del sistema. Conocía sus reglas y sus secretos. Sabía hacer alianzas, negociar, imponer. Respaldado desde las cúspides del poder nacional —sindical y político— hizo suyo no solamente al sindicato petrolero sino toda una región del país, el sur de Tamaulipas…

“El cacicazgo de Joaquín Hernández Galicia desbordaba en efecto el control petrolero… apéndice de su imperio era el PRI, sus empleados los dirigentes locales y estatales del partido. Lo eran también los presidentes municipales de Ciudad Madero, Tampico. Aldama y Altamira. Él nombraba jefes policiacos, jueces, agentes del Ministerio Público. Imponía dirigentes obreros y campesinos.

“Controlaba medios de comunicación, la Universidad, el Tecnológico. Construía caminos, entregaba placas de taxis, pavimentaba calles, financiaba siembras, otorgaba préstamos, castigaba indisciplinas, repartía contratos y canonjías, ayudaba a desvalidos, perdonaba deudas, mandaba golpear disidentes, aprobaba —y condicionaba— gobernadores del estado.

“Tenía incondicionales suyos en el Congreso local. Designaba diputados federales. Daba órdenes a delegados de dependencias del gobierno federal. Ayudaba económica o políticamente a sindicatos. Edificaba casas. Apoyaba obras pías. Designaba directores de escuelas. Aplastaba enemigos… Tamaulipas era, en la práctica, casi propiedad de ‘La Quina’…” (Proceso No. 638)

Las desavenencias

La década de los ´80 comenzaba con una economía mexicana en plena crisis. El boom de los precios internacionales del petróleo se agotaba y se reducía drásticamente la entrada de divisas. El auge exportador petrolero era el aval para que el capital financiero inundara de dólares al país. Los préstamos se volverían impagables al decretarse en octubre de 1979 una fuerte alza a los tipos de intereses por parte de la Reserva Federal de EE.UU. Irrumpía así la crisis que llevó al gobierno a decretar la moratoria de pagos de la deuda externa en agosto de 1982.

El Fondo Monetario Internacional ofreció un préstamo condicionado a que el dinero se destinara a pagar a los bancos privados y que aplicaran medidas de choque de ajuste estructural. México aceptó. Devaluó abruptamente su moneda, aumentó radicalmente las tasas de interés nacionales, salvó de la quiebra a los bancos privados nacionalizándolos y asumiendo sus deudas.

A partir de ahí la mira estaría puesta en la privatización de la industria nacionalizada: petróleo, electricidad, ferrocarriles y las más de dos mil empresas paraestatales existentes. Así se delineaba el plan de penetración directa del capital extranjero sobre las empresas entonces estatales y que se concretizan hoy en día con las reformas estructurales de Peña Nieto.

La casta política priista reaccionó ante el anuncio de los planes neoliberales impulsados por De la Madrid y Salinas de Gortari. El PRI perdió su uniformidad tradicional y se conformó un ala que se oponía a las privatizaciones.

Viejos líderes políticos y sindicales veían sus intereses caciquiles en peligro y La Quina era uno de ellos. Las presiones internas dentro de la CTM harían que Fidel Velázquez amagara con una oleada de huelgas en mayo de 1983 -174 mil emplazamientos que derivaron en el estallamiento de 9 mil huelgas en junio-. Fue uno de los últimos estertores de la vieja central sindical.

En el caso de Pemex, la política de reducir el poder económico de los sindicatos se manifestó en 1984 cuando se cancelaron los contratos de perforación y transporte, que normalmente se le adjudicaban al sindicato sin licitación y eliminó el pago del 2% que el STPRM recibía por cada contrato adjudicado a empresas particulares, aplicado a su fondo de beneficio social.

En el marco de las críticas surgidas en el interior del PRI, se hizo visible la Corriente Democrática encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, la cual fue expulsada de cara a las elecciones presidenciales de 1988.

Hernández Galicia retiró el apoyo incondicional del sindicato al PRI y promovió el voto en las elecciones intermedias de 1985 para candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores (antecedente de la hoy corriente perredista de “los chuchos”). Inclusive, el líder “quinista” José Sosa se atrevió a hacerle un reclamo público al presidente De la Madrid en enero de 1986: “Si se hunde Pemex, se hunde usted y nos hundimos todos; se hunde el país”.

Crisis política y recomposición del régimen salinista

El proceso electoral de 1988 reflejó el descontento social, expresado en el fulgurante ascenso de la candidatura del Frente Democrático Nacional abanderado por Cárdenas. Esto llevó al PRI a improvisar el fraude electoral, mediante la famosa “caída de sistema”, anunciada por el secretario de gobernación Manuel Barttlet.

El sindicato petrolero había apoyado formalmente al PRI en la campaña presidencial, aunque trascendió que La Quina ordenó discretamente que no se votara al tricolor en las regiones petroleras, lo que explica que el FDN haya resultado ganador en esas zonas. Además, se dice que La Quina financió un folleto filtrando el asesinato de una trabajadora del hogar por los hermanos Salinas de Gortari (Carlos y Raúl).

El enorme proceso de movilización por la defensa del voto acaudillada por el panista Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas del FDN, que expresaba el hartazgo contra el PRI y su crisis económica, sólo sería contenida varios meses después por la mediatización del mismo Cárdenas.

Éste, a pesar del evidente fraude, llamaba a confiar en las instituciones, y la colaboración de la dirección panista para -previa quemazón de las actas electorales-, evitar que se profundice la crisis política y pueda caer el régimen. El resultado: la afirmación de Carlos Salinas como presidente electo.

Pero Salinas de Gortari iniciaba con un gobierno débil, que se había impuesto con el asesinato de cerca de 500 simpatizantes cardenistas en las movilizaciones por la defensa del voto.

Para continuar con los planes económicos desarrollados por De la Madrid, Salinas tenía que legitimarse, imponiendo a sus cuadros, formados en las universidades estadounidenses (los tecnócratas) y desplazando a los viejos cuadros priistas (los dinosaurios) de las posiciones de gobierno.

Debido a que el complemento fundamental para llevar adelante las privatizaciones y agilizar la entrega del país a las trasnacionales era la flexibilización laboral, resultaba imprescindible imponer el poder del ejecutivo sobre los viejos jerarcas sindicales, y había que empezar por los más “beligerantes”.

 

El Quinazo

El 10 de enero de 1989, sin una orden de aprehensión, como ya es costumbre bajo el PRI, un centenar de soldados irrumpieron en las casas de Hernández Galicia y algunos familiares en Ciudad Madero, Tamaulipas. Tenían la orden de simular que habían sido recibidos a tiros y habían contraatacado, por eso la irrupción a la casa de La Quina con un bazukazo y la posterior siembra de armamento.

El detonante para esta agresión: dos días antes en una asamblea de la Sección 1 del sindicato y ante 12 mil trabajadores, Hernández Galicia había afirmado que él personalmente le dijo a Salinas de Gortari que no “permitiría que un solo milímetro de la industria petrolera se entregara a los particulares… iremos a la huelga si se intenta entregar a la iniciativa privada nacional o extranjera los recursos de la nación”. Estaba organizando además, un “foro por la defensa de la empresa pública” para el día 12.

Así, manu militari, Salinas de Gortari comenzó el aplastamiento del sindicato petrolero, imponiéndose por la fuerza a la respuesta inmediata de los trabajadores que vieron que no era sólo a su líder a quien atacaban sino al conjunto del sindicato. Estos hicieron un paro generalizado, dejando de laborar cerca de 87 mil 500 petroleros en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Reynosa y Tula. Días después al grito de "ni gas ni gasolina, libertad para La Quina” cerca de 20 mil personas procedentes de distintos puntos de la República se manifestaron en el Zócalo capitalino. Junto a Hernández Galicia fueron detenidos otros 19 sindicalistas, entre ellos su brazo derecho Salvador Barragán.

El golpe de Salinas de Gortari se redondeó con las declaraciones del jerarca de la CTM, quien salió a decir: “Estos compañeros están consignados conforme a derecho”. Y remató: “La Quina, desde hace tiempo, tenía un grupo armado y ningún régimen anterior se lo evitó”.

Por si fuera poco, el mismo Fidel Velázquez rindió un informe a la embajada estadounidense asegurándole que el régimen tenía el control de la situación y que los detenidos “merecen permanecer encarcelados durante 40 años, si no es que más, agregando que en años recientes él y la CTM se habían sentido abochornados por el tipo de liderazgo que La Quina y sus colegas estaban ejerciendo sobre el sindicato petrolero” (Proceso No. 1958).

Así, La Quina fue encarcelado por los siguientes delitos: homicidio calificado, acopio y almacenamiento de armas para uso exclusivo del Ejército, introducción ilegal de aeronaves con valor superior a los 10 millones de dólares; evasión fiscal por más de 3 mil 500 millones de pesos y por atentar contra la seguridad nacional.

Si bien tales delitos cursan penas mucho más largas -recibió sentencia de 35 años, luego reducida a 13-, fue liberado días antes de cumplir nueve años de prisión. Es que el objetivo político, golpear al sindicato e imponer a un dirigente a modo, ya se había logrado, y como hombre del sistema al fin y al cabo recibió el favor del ejecutivo en turno.

Una situación muy similar por la que ha pasado Elba Esther Gordillo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, desde el arresto “espectacular” en 2013 -cuando se declaró constitucional la reforma educativa- hasta la “humanitaria” prisión domiciliaria reciente.

Hoy en día el sindicato sigue mantenido bajo el control férreo de un charro que no le pide nada a La Quina, Carlos Romero Deschamps, quien en medio de un derroche de lujos extravagantes es el garante de los despidos y la Reforma Energética en Pemex.