Lo sucedido ese martes 10 de enero de 1989
Recordando a 32 años aquella fecha histórica en México martes 10 de enero de 1989 que políticamente marco el antes y después de JHG.
Sin una orden de aprehensión, es arrestado
por fuerzas armadas del ejército a las 9 de la mañana de hoy en Ciudad Madero,
Tamaulipas. Se le acusa de los siguientes delitos: homicidio calificado, acopio
y almacenamiento de armas para uso exclusivo del Ejército, introducción ilegal
de aeronaves con valor superior a los 10 millones de dólares; evasión fiscal
por más de 3 mil 500 millones de pesos y por atentar contra la seguridad
nacional.
Sebastián Guzmán Cabrera tomará el mando
del sindicato, despachará en el hotel Presidente Chapultepec y pedirá a los
trabajadores petroleros que apoyen al régimen salinista bajo la promesa de
depurar y democratizar al gremio y devolver su autonomía a las 38 secciones del
sindicato en el país.
Dos días antes, el 8 de enero, en el Centro
de Convenciones del sindicato, Hernández Galicia había presidido una asamblea
de la Sección Uno a la que asistieron doce mil petroleros. Ahí afirmó que había
dicho a Salinas de Gortari, que no "permitiría que un solo milímetro de la
industria petrolera se entregara a los particulares… iremos a la huelga si se
intenta entregar a la iniciativa privada nacional o extranjera los recursos de
la nación”. Dijo también tener pruebas contra Mario Ramón Beteta, sobre el
alquiler fraudulento de barcos petroleros; pidió que Pemex limpiara su
estructura y se diera nueva administración. Al terminar su discurso,
puntualizó: “…ayudaremos al gobierno, pero el sindicato petrolero estará
siempre en primer lugar, con todos los obreros, con todas las clases populares,
con la Patria”.
Además de la denuncia contra Beteta, señaló
que preparaba otra sobre el fraude bursátil que implicaba a personajes
poderosos; también estaba organizando un foro –que se llevaría a cabo el día 12
de enero- en defensa de la empresa pública.
El mismo día de la detención, varias
poblaciones se quedan sin reservas debido al paro generalizado en toda la
República en protesta por la detención de su líder. Dejan de laborar cerca de
87 mil 500 petroleros en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Reynosa y Tula.
Asimismo, la Sonda de Campeche suspende la producción de crudo que equivalía al
65 por ciento del total nacional. Al grito de "ni gas ni gasolina,
libertad para La Quina” cerca de 20 mil personas procedentes de distintos
puntos de la República se manifiestan en el Zócalo capitalino. Entretanto,
Hernández Galicia es trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México
junto con 19 detenidos más, entre ellos Salvador Barragán Camacho, secretario
general del sindicato y allegado personal de “La Quina”.
Aunque existe una declaración en la que “La
Quina” acepta la culpa de los cargos que se le imputan, manifiesta que ha sido
obligado a base de amenazas. Las autoridades judiciales le dictarán una
sentencia de 35 años, misma que –como resultado de una apelación-, le será
disminuida a 13 años.
Entre las propiedades del sindicato que
Hernández Galicia manejaba se contaban: 30 edificios en Tampico, 30 granjas
"proletarias", más de 134 tiendas populares, 300 carros tanque y una
flota naval de 15 unidades. También patrocinó obras públicas como decenas de
puentes, caminos, urbanización y servicio a tres colonias populares y cinco
municipios. Muchos atribuían a Hernández Galicia el progreso de Ciudad Madero.
De él dependían miles de empleos y a través de contratos, muchas empresas. Creó
a través del sindicato 72 granjas agrícolas, 15 tiendas de consumo con precios
más bajos a los del comercio privado, fábricas de ropa y de jabón,
gasolinerías, funerarias, clínicas dentales, cines, tiendas de materiales para
construcción, talleres mecánicos, refaccionarias, balnearios, hoteles y un
“hospital vegetariano”, con restaurante. Le debían el puesto funcionarios
locales y estatales en el ámbito de los tres poderes; la mayoría de ellos serán
removidos de sus cargos dos días después de su captura.
Joaquín Hernández Galicia, “guía moral” del
sindicato petrolero, fue alcanzado por las políticas del gobierno de Carlos
Salinas de Gortari respecto al sector energético. La reforma estatal buscaba la
“docilización” y reducción del poder corporativo de los dirigentes sindicales.
Con estas medidas que ya venían dándose desde el mandato del Presidente Miguel
De la Madrid, se trataba de atenuar la protesta obrera por la crisis económica
del país, de reducir y racionalizar los subsidios a las empresas estatales y de
eliminar las ineficiencias de las mismas generadas por el paternalismo estatal,
así como de sustituir la inversión del gobierno por la privada y aumentar la
capacidad de obtención de divisas. En 1984, Pemex canceló los contratos de
perforación y transporte adjudicados sin concurso al sindicato petrolero y el
pago de 2% del costo total de obras concedidas a particulares que recibía para
su fondo de beneficio social; ese mismo año, los petroleros añadieron al nombre
de su sindicato la palabra “Revolucionario” y al año siguiente, en las
elecciones intermedias promovieron el voto a favor de los candidatos del
Partido Socialista de los Trabajadores PST. En enero de 1986, el lider
petrolero José Sosa advirtió al presidente De la Madrid: “Si se hunde PEMEX, se
hunde usted y nos hundimos todos; se hunde el país”. Durante la campaña
presidencial de 1988, el sindicato petrolero llamó a votar por Cárdenas y
circuló profusamente un folleto titulado “¿Puede un asesino ser presidente?” en
el que se rescataba el hecho de que Carlos Salinas de Gortari había matado una
sirvienta cuando era niño y se cuestionaba que aspirara a ocupar la presidencia
de la República; corrió el rumor de que dicho folleto era patrocinado por “La
Quina”, de modo que la aprehensión del líder, también se interpretará como un
ajuste de cuentas.
Entre junio y julio de 1983, el
sindicalismo mexicano cuestionó al gobierno, a su reforma del Estado y a su
modelo de desarrollo y promovió uno de los movimientos huelguísticos más
importantes -comenta Gabriel Pérez (“El sindicalismo mexicano ante las reformas
del Estado”)-, mismos actos que el gobierno no perdonó. Además, tanto De la
Madrid como Salinas, intentaron debilitar a la CTM, fortaleciendo a otras
centrales obreras y con las dirigencias nacionales mantuvieron un trato
distante, sin reconocer su representatividad. El sindicalismo así golpeado se
mantuvo en una tensa inmovilidad durante los años siguientes y, en el momento
crucial del enfrentamiento con La Quina, pudo más su disciplina partidista y su
alianza histórica con el Estado. Así la CTM tomó el camino de la negociación
cupular abandonando la posibilidad de una lucha frente al gobierno desde esta
central sindical.
Rafael Galván (Proceso No. 638) comenta que
“La Quina” se agregaría a la lista de traicionados por Fidel Velázquez, el
rompehuelgas. La escena del distanciamiento y postrera disolución del poder del
líder sindical petrolero, se remonta al miércoles 6 de diciembre de 1984, en el
marco de la XVIII convención nacional de los petroleros, acto en el que se dio
por terminada una amistad entre los dirigentes, ya cercana a los 30 años,
debido a que el discurso y las propuestas de Hernández Galicia comenzaron a
rebasar a los de Velásquez. Lo que adquiría trascendencia porque el sindicato
petrolero era el más importante de la CTM.
Aunque el 14 de enero de 1989, el dirigente
cetemista calificó de arbitraria la detención de La Quina, la primera reacción
de protesta se fue atemperando hasta que -agrega Rafael Galván-, la fidelidad
de Fidel hacia uno de sus mejores hombres, se rompió cuando el líder de la CTM
manifestó el lunes 16: “Aquí no hay amistad que valga”. No sólo eso, añadió:
“Estos compañeros —Joaquín Hernández Galicia y Salvador Barragán Camacho— están
consignados conforme a Derecho”. Y remató: “La Quina, desde hace tiempo, tenía
un grupo armado y ningún régimen anterior se lo evitó”. La traición de Fidel
Velásquez y el encarcelamiento del líder petrolero, hacen creer más en un
operativo estatal para el desmantelamiento del sindicato y la puesta en marcha
de nuevas políticas públicas como el motivo fundamental de la aprehensión de
Joaquín Hernández Galicia y sus colaboradores. Responde este hecho a un
allanamiento del camino en la tendencia neoliberal de Miguel De la Madrid y
Carlos Salinas De Gortari.
Francisco Ortiz Pinchetti (Proceso, No.
638) describe a Hernández Galicia y el poder que alcanzó: “Era, ante todo, un
hombre del sistema. Conocía sus reglas y sus secretos. Sabía hacer alianzas,
negociar, imponer. Respaldado desde las cúspides del poder nacional —sindical y
político— hizo suyo no solamente al sindicato petrolero sino toda una región
del país, el sur de Tamaulipas… El cacicazgo de Joaquín Hernández Galicia
desbordaba en efecto el control petrolero… apéndice de su imperio era el PRI,
sus empleados los dirigentes locales y estatales del partido. Lo eran también
los presidentes municipales de Ciudad Madero, Tampico. Aldama y Altamira. Él
nombraba jefes policiacos, jueces, agentes del Ministerio Público. Imponía
dirigentes obreros y campesinos. Controlaba medios de comunicación, la
Universidad, el Tecnológico. Construía caminos, entregaba placas de taxis, pavimentaba
calles, financiaba siembras, otorgaba préstamos, castigaba indisciplinas,
repartía contratos y canonjías, ayudaba a desvalidos, perdonaba deudas, mandaba
golpear disidentes, aprobaba —y condicionaba— gobernadores del estado. Tenía
incondicionales suyos en el Congreso local. Designaba diputados federales. Daba
órdenes a delegados de dependencias del gobierno federal. Ayudaba económica o
políticamente a sindicatos. Edificaba casas. Apoyaba obras pías. Designaba
directores de escuelas. Aplastaba enemigos… Tamaulipas era, en la práctica,
casi propiedad de La Quina…”
Para Ortiz Pinchetti desmantelar al
quinismo “significa destruir estructuras políticas, económicas y sociales de la
región e inclusive del estado. Son muchos, demasiados los políticos,
funcionarios, dirigentes sindicales, empresarios, colonos, campesinos que deben
a él su cargo, su prebenda, su riqueza”.
El luchador social Valentín Campa
comentará: “El golpe del 10 de enero no ha sido contra la corrupción en el
sindicato petrolero, de la que el gobierno ha sido cuando menos cómplice. El
problema principal radica en la contradicción que surgió entre los dirigentes
corruptos del sindicato y el gobierno de Salinas, en tanto que la política
reaccionaria de éste afectaba a la dirección del sindicato. Los líderes se
alarmaron cuando conocieron los planes para fraccionar y privatizar Pemex, que
significa subordinarlo al imperialismo. No es casual que el presidente Bush y
el embajador Pilliod hayan felicitado desmesuradamente a Salinas por el golpe a
La Quina… se juegan, nada menos, los intereses de la nación… Los dirigentes
petroleros fueron corrompidos por el gobierno y por la empresa… Hace como seis
meses, Hernández Galicia habló contra el Pacto y en plana entera demostró que
era para favorecer a los capitalistas…”
Por su parte, Heberto Castillo (“Golpe
contra los anti privatizadores”) dirá que el golpe contra un “La Quina” fue una
acción planeada por el gobierno “para sacar ventaja de un grupo gangsteril que
le estaba creando muchos problemas”, que el sindicato petrolero constituía ya
un Estado dentro del Estado y que la medida también está dirigida contra
quienes se oponen a la ola de privatización. Castillo dirá también que: “No es
que La Quina coincidiera con ideas patrióticas y progresistas: sólo defendía
sus intereses… Con la acción del 10 de enero no se abre el camino a la
democracia en el sindicato petrolero. No hay apertura, sino un mayor control
gubernamental de los sindicatos…”
Joaquín Hernández Galicia “La Quina” saldrá
de la cárcel a las 18:30 del 16 de diciembre de 1997 bajo los términos de
"libertad preparatoria", lo que implica que estará bajo control de la
autoridad judicial según los términos del artículo 84 del Código Penal en
materia de Fuero Común.
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