Cada una de las 10 autonomías, cual más, cual menos, todas parecen hoy bajo acoso
Enfrentado a una crisis agudizada en los
frentes de la pandemia, la economía, una rebelión interna en Morena,
y con la perspectiva de una mala relación con el gobierno Biden en Estados
Unidos, el presidente López Obrador intentó la semana pasada una
falsa huida hacia adelante: sentenciar a muerte a órganos autónomos, aun si
ello supone una regresión en avances fundamentales incorporados a la
Constitución en los últimos 20 años.
Un primer acercamiento obligaría a entender
como una cortina de humo, surgida del indudable olfato político presidencial,
el amago de integrar al gobierno central a los institutos federales de Telecomunicaciones
(IFT) y el de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos
Personales (INAI).
La justificación declarada por el propio
Presidente, de ahorrar gastos al Estado, resulta ridiculizada cuando se compara
el presupuesto anual de, por ejemplo, el INAI (905 millones de pesos), con los
1,800 millones gastados en dos años para promover las aficiones del tabasqueño,
como el béisbol, lo que ha incluido adquirir bajo condiciones sospechosas dos
estadios en Sonora.
Sin embargo, hay que aceptar que López
Obrador muestra consistencia en su repudio hacia los órganos autónomos. Así lo
hizo como jefe de Gobierno en la capital del país, cuando intentó doblegar a la
autoridad electoral y a las entidades protectoras de la transparencia y a la
de derechos humanos mediante la inanición financiera. Como ocurre
ahora, su administración estuvo dominada por la opacidad.
Cada una de las 10 autonomías bajo
protección constitucional, desde la del Banco de México a la del INEGI,
pasando por la universitaria, el INE o la CNDH, han formado parte de un
esfuerzo para perfeccionar al Estado, ofreciendo un contrapeso al exacerbado
presidencialismo mexicano. Cual más, cual menos, todas parecen hoy bajo
acoso.
Así como el IFT busca oponerse a la captura
del Estado por parte de los enormes intereses del sector de las
telecomunicaciones, derechos de nueva generación, como el del acceso a la
información en manos del poder, abren espacios a los ciudadanos en la toma de
decisiones de política pública. Se trata de una enorme herramienta para exhibir
a los servidores ineptos o venales. Con ella se combate la corrupción en los
hechos, no solo en prédicas como las que se practican cotidinamente en Palacio
Nacional.
El acceso a la información pública no puede
depender de la buena voluntad de la 4T (en caso de que existiera). Derruir este
logro, que ha tenido sucesivas mejoras, supondría sepultar lo que quizá sea el
mayor impulso democrático de los últimos 20 años. Representaría una grave
derrota en la larga batalla entre un Estado protector de libertades y uno
autoritario.
Apuntes:
Hay en el viaje de Hugo López-Gatell a Argentina algo
que no nos quieren contar. El gobierno de Alberto Fernández, un incómodo
aliado de la 4T, está acusado de exigir sobornos a laboratorios fabricantes de
vacunas contra Covid-19, en particular Pfizer y Astra-Zéneca,
lo que descarriló las negociaciones respectivas. Optó por ideologizar el tema y
presentar como opción la rusa Sputnik V, al grado de otorgarle una autorización
a espaldas de su organismo sanitario nacional. Pero Moscú mismo ha
tenido que advertir que su vacuna no es recomendable para adultos mayores, por
lo que ni Fernández (61 años) ni Vladimir Putin (68) se la han
puesto. A la Sputnik V la defiende en México un importante despacho
de cabildeo. Extraña mezcla. Además de enfriar el escándalo por sus vacaciones
en Zipolite ¿para qué fue López-Gatell Ramírez a Buenos Aires?
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