Mexicanos contra la corrupción
Mineras que dejan secas a comunidades.
Empresarios que acaparan volúmenes de agua que serían suficientes para atender las necesidades de una comarca entera.
Políticos que riegan sus ranchos sin problema, mientras sus vecinos resienten la sequía.
Campesinos orillados a vender sus concesiones de agua a grandes compañías agrícolas.
Proliferación impune de pozos ilegales.
Inmobiliarias y complejos industriales que obtienen concesiones de agua para uso agrícola y, por lo tanto, mediante ese engaño evitan pagar por ese recurso.
Un lucrativo mercado negro de títulos de concesiones de agua.
Particulares que, como si fuera el porfiriato, se apropian de ríos.
Falsificación masiva y venta de documentos apócrifos para obtener concesiones.
Las historias que se presentan en esta investigación muestran cómo el agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba. Esto ocurre más que por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas.
El fracaso de la gestión democrática de este recurso se refleja, además, en una profunda falta de información sobre cuánta agua extraen los privados, en la incapacidad gubernamental para vigilar cómo se explotan ríos y pozos, y en la inequidad en su distribución. El propio secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ha reconocido que existe un “uso indiscriminado y antidemocrático del agua”.
El sistema de concesiones de agua se creó en 1992, como parte de la Ley de Aguas Nacionales, y desde su origen comenzó a hacer agua. Entre las fallas que pronto fueron evidentes, por ejemplo, estuvo la entrega de títulos sin verificar cuánta agua realmente se extraía y para qué fines. Pasaron los años y los problemas en el sistema nunca se atendieron. Y se agudizaron conforme se entregaron más y más títulos para aprovechamiento.
Desde 2003 se alertó de esta situación. En un estudio —publicado entonces por la FAO, y cuyos autores son Marco Cantú y Héctor Garduño, quien fue subdirector general de administración del agua en la década de los noventa— se señaló que se habían identificado a usuarios que tenían títulos de concesión para uso agrícola, pero que utilizaban el agua para fines distintos, “incurriendo en delitos fiscales y en desviaciones del subsidio, ya que no solamente gozan indebidamente de la exención del pago de derecho (del agua), sino del subsidio que se otorga a los usuarios agrícolas en la tarifa eléctrica”.
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