Darío Celis
Este miércoles hubo un Pleno muy sui géneris en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La instancia a cargo de Gabriel Contreras impuso la multa más alta en su historia reciente.
Fue para Telefonos del Noroeste, mejor conocida como Telnor. Le recetaron la friolera de mil 311.8 millones de pesos, según el expediente E-IFT.UC.DG-SAN.1.0143/2018. La votación: 5 a 1.
La megamulta a la empresa de Carlos Slim Helú se deriva de una serie de inspecciones que la autoridad hizo en 2016 y mediante las cuales descubrió que incumplía la “Desagregación de la Red Local. Particularmente la omisión de reportar infraestructura en el Sistema Electrónico de Gestión”. Todo ello, para frenar y dilatar conectar a todos sus competidores.
Telnor es la hermana menor de Telmex y la multa equivale al 6 por ciento de sus ingresos anuales; lo relevante es que la hermana mayor, la que dirige Héctor Slim Seade, va en la misma ruta de colisión.
Teléfonos de México, con expediente ya abierto en el regulador, está señalada también por las mismas violaciones referidas en 2016 y se hará acreedora a una multa idéntica a la de Telnor.
Luego del precedente del miércoles, la empresa que preside Carlos Slim Domit tendrá que ser sancionada con 5 mil millones de pesos, equivalente también al 6 por ciento de los ingresos que obtuvo en 2016.
Telnor y Telmex podrán acudir a tribunales federales y combatir las multas, pero como en temas de telecomunicaciones no procede la suspensión, tendrán que pagar de inicio y esperar cerca de dos años.
Se estima que en ese tiempo podría salir una resolución final que señale si la autoridad actuó correctamente; pero lo verdaderamente relevante no es tanto la multa, sino la consecuencia.
Y es que varios bancos de inversión, principalmente Barclays, Credit Suisse y Morgan Stanley, daban ya por hecho que Telmex y Telnor darían el servicio de video (TV restringida).
Sin embargo, tras la resolución del IFT de este miércoles, y de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, Telnor y Telmex deberán esperar, al menos, 18 meses para poder prestar servicios de video.
Y es que la Ley de Telecomunicaciones es explícita al señalar que deben, como agentes preponderantes, tener un “cumplimiento efectivo” de todas sus obligaciones legales.
Este plazo quedó en automático interrumpido luego de que el Pleno del IFT resolviera por mayoría que Telnor incurrió en una serie de violaciones a la legislación en 2016.
Así que, luego de la votación, Telnor y Telmex cayeron varios peldaños, como en el juego de Serpientes y Escaleras, con lo cual se retrasa su estrategia comercial y regulatoria.
Si bien Telmex y Telnor ganaron la semana pasada con los cambios que el mismo IFT les autorizó en sus esquemas laborales en la llamada separación funcional, este de hoy es un gran revés.
La nueva decisión del IFT debió caer como agua helada a los pupilos de Carlos Slim. Por los tamaños de las multas que vienen y sus implicaciones, seguramente habrá explicaciones al mercado.
Una muestra más de que en la era de la 4T uno nada más no puede confiarse.
A LA 4T ahora sí ya le hizo crisis del desabasto de medicamentos. Tuvo que pasar un año. Ayer en la mañanera la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, reeditó por enésima vez el discurso que hemos venido escuchando los últimos 12 meses que culpa a las tres principales distribuidoras históricas de medicamentos de la falta de insumos en los centros hospitalarios. PiSA (Dimesa) de Alfonso Álvarez Bermejillo, Fármacos Especializados de Francisco Pérez Fayad y Maypo de Carlos Arenas van a ser inhabilitadas. Sin embargo, lo que no se dijo en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, fue que hace una semana el IMSS, que dirige Zoé Robledo, convocó a laboratorios para pedir a los que se le terminaron los contratos del 2019 siguieran surtiendo medicamentos y a los que ganaron la compra consolidada de 2020 adelantaran entregas para cubrir enero, febrero y marzo. Y es que según los nuevos contratos, el suministro empezaría a partir del tercer mes. Dicho de otra forma: lo que aquí estuvimos machacando todo diciembre, en el sentido de que la licitación, adjudicación y firmas de acuerdos estaban ya muy retrasados, hizo crisis en un desabasto de 50 por ciento de medicinas en todo el país. No solo los oncológicos para los niños, que detonó ya esta crisis.
GRUPO ALMOST, DE Daniel, Salomón y David Shamosh, es otra compañía que ya se enfila a la quiebra luego de casi tres años de gestiones con sus acreedores. Fue en su momento uno de los principales distribuidores de mariscos y pescado fresco para el retail. Sus pasivos son superiores ya a los 3 mil millones de pesos. Cashfin, de Sion Soffer, hizo a los prestamistas una oferta para adquirir el pasivo en 1 por ciento de su valor. Citibanamex de Manuel Romo y BBVA de Eduardo Osuna ya vendieron sus respectivas carteras.
A LA CALLADA, los pupilos de Manuel Bartlett sacaron hace unos días la licitación de la primera fase de la Red Eléctrica Inteligente (REI). Y sucedió lo que se temía y que aquí le platicamos en junio del año pasado: se mantuvo el estándar Cisco sobre la china Huawei. La Dirección de Transmisión que lleva Noé Peña adjudicó el contrato por 600 millones de pesos a la española Micronet, de Javier Ormazabal, distribuidor de la estadounidense que comanda Chuck Robbins. El contrato se va ampliar a mil 500 millones de pesos más.
SEGÚN TRASCENDIÓ, PARA finales de mes Banorte podría tener lista la valuación de la base de mantenimiento de Mexicana. La opinón del banco de Carlos Hank González y que capitanea Marcos Ramírez es necesaria para tomar o rechazar la oferta de compra que hace un par de semanas lanzó MRO Holdings, de Roberto Kriete, a la sazón dueño de Avianca y exfundador de TACA y de Volaris. Banorte forma parte del consejo del MRO de Mexicana que somete a la consideración del comité técnico. Hoy se reúne éste.
LOS BONISTAS DE Oro Negro preparan un nuevo ofrecimiento para quedarse con los activos de esa compañía, otrora propiedad de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo. En el verano pasado lanzaron una oferta de 15 millones de dólares al entonces conciliador, Fernando Pérez Correa, misma que fue rechazada. Ahora se conoce que a lo sumo en un par de semanas volverán a ofertar. Se habla de unos 18 millones, aunque ya no sería al síndico de la quiebra, Gerardo Badín, sino al juez concursal, Benito Zurita.
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