Antes de pensar en cambiar las leyes que rigen la procuración e impartición de justicia en el país, beberíamos preocuparnos por elevar las capacidades y eliminar la corrupción, aseveró Estefanía Medina Ruvalcaba.
En entrevista, la presidenta de la organización civil Tojil dijo que “esos son los dos verdaderos problemas que no dejan avanzar a la procuración de justicia en el país”.
La especialista en sistema penal acusatorio dijo que las estadísticas sobre procuración de justicia dejan muy claro que “la deficiencia la tenemos en las capacidades de investigación de las fiscalías y las policías”.
Recordó que, con base en estudios realizados por la organización México Evalúa, en el país, de cada 100 delitos que se cometen menos de 10 se denuncian. Es decir, menos de 10% de los ilícitos terminan en una carpeta de investigación.
Además, de los casos de delitos denunciados y cometidos en flagrancia, en 53% se ponen en libertad a los acusados antes de 48 horas, que es el tiempo que tienen los agentes del ministerio público para vincularlos a proceso, si se reúnen los elementos suficientes para ello.
“Los problemas no están en la ley, están desde que entras a la institución y tienes operadores completamente ineficientes; ministerios públicos que ni siquiera tienen la menor idea de cómo aplicar la ley; la corrupción, porque te están pidiendo dinero desde para darte las copias del expediente, lo cual es completamente ilegal para avanzar en la investigación”, recalcó.
Dijo que esos son los problemas cotidianos a los que se enfrentan las víctimas cuando se va a presentar una denuncia, “cuando quieren avanzar en un procedimiento y de eso no tiene la culpa el nuevo sistema, sino porque nos preocupamos nada más en generar salas de audiencias, pensando en que ahí se iba a resolver todo, y no hemos invertido para tener buenos operadores”, añadió.
Para la presidenta de la organización civil Tojil, no se mejorará al sistema penal cambiando las leyes. “Debemos aceptar que tenemos un problema de capacidades y corrupción”.
Medina llamó la atención en que, durante los últimos días, “han estado muy de moda los ataques al sistema penal acusatorio, pero la verdad es que tengamos el sistema que tengamos, esos dos elementos no nos van a dejar de avanzar”.
En su opinión, “resulta muy sorprendente y desconcertante que estemos queriendo tapar el sol con un dedo y pensar que, reformando muchísimas leyes, incluso la Constitución, va a cambiar la conducta y la eficacia de los operadores, lo cual día a día se ha demostrado es falso”.
La especialista mencionó que, si bien es cierto que todos los ordenamientos legales se pueden mejorar, en este momento no deberían cambiarse las leyes, sobre todo porque el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, producto de la reforma constitucional de 2008, todavía no ha dado resultado, pues en 2016 concluyó apenas la fase de complementación de la implementación en todo el país.
“Todavía no nos hemos dado siquiera la oportunidad de que respire, de que sepamos qué es lo que funciona y lo que está mal. Es más, ni siquiera tenemos un mecanismo de gobierno a escala nacional que evalúe puntualmente donde están los errores del sistema”, agregó Estefanía Medina.
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