La diputada Dulce María Sauri propuso reformas legales para que sean los ciudadanos los que
paguen la reposición por extravío o maltrato de la credencial de elector, y queden exentos sólo en
caso de que la mica haya sido robada o sustraída
La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri,
propuso reformas legales para que sean los ciudadanos los que paguen la
reposición por extravío o maltrato de la credencial de elector, y queden exentos
sólo en caso de que la mica haya sido robada o sustraída.
Ante el mega recorte de mil 71 millones de pesos en el presupuesto 2020 del
Instituto Nacional Electoral (INE), las enmiendas buscan reducirle la carga
nanciera, explicó la legisladora.
Recordó que cada plástico de la credencial de elector tiene un costo de 60
centavos de dólar, es decir, unos 12 pesos, según la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores (RFE) del INE.
Pero el gasto operativo aumenta si se suma el costo por el trámite, generación, envío y entrega de
credencial y llega a cerca de 270 pesos por unidad, mismos que serían sufragados por los
ciudadanos que la maltraten o extravíen, según la iniciativa de reforma al artículo 175-A de la Ley
Federal de Derechos.
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Sauri Riancho propuso otras reformas, para incentivar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto,
con descuentos en el pago de impuestos, derechos o reducción de obligaciones.
Según las enmiendas planteadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Legipe) y a Ley Federal de Derechos podría darse a quien vote un descuento de 10% en el valor de
expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación.
O bien, podría darse un descuento de hasta el 2% al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de acuerdo a las
condiciones y modalidades que la Ley en la materia y no pagar por reposición de la credencial de
elector.
La legisladora explicó que se trata de premiar a quien vote y no criminalizar y castigar al ciudadano
por no votar pues eso crea democracias articiales y “es un contrasentido, mejor hay que dar
incentivos”.
Así, un votante podría tener preferencia en los exámenes de ingreso a las instituciones pública de
educación superior; tener una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del Servicio Militar
Nacional o ser elegidos en la adjudicación de becas educativas en concursos abiertos.
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