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miércoles, 20 de noviembre de 2019
Realizan en Xochicuautla inspección para evaluar daños ambientales
Con presencia de la Secretaría de Seguridad del Estado se hizo el recorrido en el santuario del cerro de La Campana
Comuneros de San Francisco Xochicuautla, acompañaron este martes a una actuaria del Quinto Juzgado de los tribunales federales con sede en la capital mexiquense, para realizar una segunda inspección en el santuario del cerro de la Campana y las afectaciones generadas por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
Jaime Vargas González, integrante del Consejo Supremo Indígena, explicó que las visitas obedecen al amparo 441 ingresado en 2016 por el daño ecológico y la restricción por senderos al santuario.
“El otro grupo de comuneros que expusieron su proyecto al Gobierno federal, solo consideraron tres pasos al santuario pero son más y es lo que estamos peleando que respete”, comentó el comunero en entrevista telefónica.
El 5 de agosto de este año se realizó la primera inspección de la actuaria, pero no se culminó por impedimento de un grupo de “golpeadores”, que se encontraban en la zona de obras, informó Vargas González.
Este martes con vigilancia de granaderos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), se realizó la visita a la zona del santuario para recabar pruebas que fueron solicitadas por el juez.
Jaime Vargas precisó que entre la comunidad de San Francisco y el barrio de La Concepción se han contado ocho rutas sagradas y senderos por los que se accede al cerro de La Campana.
“Las visitas se hacen para que se compruebe que hay más pasos sagrados porque la gente sube por brechas y esos no se consideran ni se están respetando”, aclaró el integrante del Consejo Supremo Indígena.
Además del amparo sobre las rutas al santuario, existen otros cuatro en contra de la obra que realiza la constructora Autovan, filial de Teya.
El recurso judicial más reciente se ingresó en enero de este año y fue para la suspensión de la obra, y el cual fue ganado por los comuneros, refirió Jaime Vargas González.
En febrero de este año los integrantes del Consejo Supremo Indígena interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el desacato judicial de la empresa Autovan, logrado vía el juicio de amparo 1635 ante juzgados federales.
Por lo que el lunes 11 de noviembre se realizó una primera inspección con peritos para determinar si hay violación al juicio federal.
Con las inspecciones que realizan la Fiscalía, los comuneros esperan que se detengan los trabajos, aunque hasta el momento los informes no se han hecho públicos.
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