Enrique Quintana
La semana pasada, el presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa que le da más flexibilidad a la operación de las Afore, y que fue recibida positivamente por parte de los administradores de los fondos para el retiro y por los intermediarios financieros.
Sin embargo, esa iniciativa no le entró a uno de los problemas sustantivos de nuestro Sistema de Ahorro para el Retiro: no le alcanzará su pensión a quienes se van a retirar.
En este momento, el grueso de los retiros que están ocurriendo corresponde a la llamada generación de transición, es decir, los que comenzaron a trabajar antes de julio de 1997.
Al cierre del año pasado, el IMSS registraba tres millones 626 mil pensionados en términos de la Ley de 1973. En el último año, se agregaron 164 mil 258 personas, lo que implica un ritmo de crecimiento anual de 4.7 por ciento. Esto implica que en este sexenio se jubilarían con el mismo esquema un millón 150 mil personas adicionales.
Actualmente el monto promedio mensual que el IMSS paga por pensionado es de siete mil 900 pesos, equivalente a 2.5 veces el salario mínimo.
Aunque evidentemente es una cantidad baja, que equivale al 74 por ciento del salario promedio de cotización, es mucho más de lo que recibiría un pensionado que ya no tenga opción al pago según la Ley de 1973, sino que lo haga con base en la aportación a su Afore.
Aquellos que empezaron su vida laboral en el segundo semestre de 1997 llevan 21 años y medio cotizando.
Es factible que los retiros apoyados en las Afore se generalicen dentro de ocho años aproximadamente.
El problema es que, con el nivel de aportación vigente, las pensiones que se podrían obtener están debajo de 40 por ciento del salario de cotización.
Por ejemplo, con un salario de 10 mil pesos mensuales (que es el promedio de cotización) se podría aspirar a una pensión mensual promedio de 4 mil pesos, visiblemente insuficiente.
En realidad, sólo hay dos formas de incrementar la pensión esperada para quienes se van a retirar con el dinero de su Afore.
Una de ellas es incrementar la edad de retiro.
Es un tema del que ya ha hablado el equipo hacendario durante la etapa de transición, y se empezó a manejar la edad de 68 años en lugar de los 65, como una opción.
De modo natural, eso permite aumentar los años de aportación y reducir el periodo estimado en el que se va a reducir la pensión.
La otra opción es aumentar la cantidad que cada trabajador ahorra.
Mientras no haya un cambio cultural en México, el ahorro voluntario (con todo y los incentivos que se proponen en la iniciativa enviada) será marginal.
La clave tendría que ser aumentar el ahorro obligatorio, fuera con una aportación adicional del trabajador, del patrón o del Estado.
Le recuerdo las tasas actuales. El patrón pone un 5.15 por ciento del salario; el trabajador 1.125 por ciento y el gobierno 0.225 por ciento, para llegar al 6.5 por ciento del salario.
Hay propuestas para, por lo menos duplicar esa tasa.
El problema es que ha habido rechazo a realizar ese incremento. Sin embargo, no habrá de otra.
La única duda es si el gobierno de AMLO aprovechará el capital político que tiene para lanzarse a una de las reformas sociales y económicas más importantes que tenemos pendientes, pero también quizás la más temida, o preferirá mantener algunas medidas paliativas para dejar la decisión a la siguiente administración… como se ha hecho desde hace años.
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