Las autoridades de Texas se negaron a revisar el caso de Moreno Ramos, pese a las numerosas peticiones al respecto por parte del gobierno mexicano y diversos organismos.
La Corte de Apelaciones Criminales de Texas negó la solicitud de los abogados del mexicano Roberto Moreno Ramos para suspender su ejecución, prevista para el miércoles a las 18:00 horas, a fin de revisar presuntas violaciones durante su detención y proceso.
La defensa del mexicano, de 64 años, argumentó que se violaron los derechos del reo de contactar a las autoridades consulares mexicanas, luego de ser detenido y acusado del homicidio de su esposa y sus dos hijos en 1992.
El derecho a tener acceso a las autoridades consulares está garantizado por la Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1963 firmado por Estados Unidos, México y decenas más de países.
Moreno Ramos es uno de los 51 mexicanos amparados por el fallo de 2004 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordena a Estados Unidos revisar todos sus casos dado que en sus detenciones y juicios se violaron sus garantías de protección consular como ciudadanos extranjeros, pero que Texas no ha acatado.
De aplicársele la pena máxima, Moreno Ramos se convertiría en el reo mexicano número 12 en ser ejecutado en Estados Unidos y en el onceavo en Texas, desde que este país reactivó la aplicación de la pena de muerte en 1976.
Texas es la única entidad del país que ha ignorado el dictamen y lo ha desafiado con la ejecución de cinco mexicanos amparados por la Corte Internacional bajo el dictamen conocido como 'fallo Avena'.
A principios de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno federal de Estados Unidos y al de Texas a suspender la ejecución de Moreno Ramos y a otorgarle una reparación efectiva.
La CIDH argumentó que Estados Unidos está sujeto a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En consecuencia, instó a este país, y en particular al estado de Texas, a respetar plenamente sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Moreno Ramos, originario de la comunidad de El Ciruelo, en el municipio de Pinotepa Nacional del estado de Oaxaca, fue sentenciado a la pena de muerte en marzo de 1993, luego que una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, lo declaró culpable de asesinato.
Moreno Ramos mató con un martillo a su esposa Leticia Ramos, de 42 años, su hija Abigail de siete y su hijo Jonathan de tres, el 7 de febrero de 1992 en la comunidad fronteriza de Progreso.
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