A través de un comunicado, la dependencia reconoció que no existe ninguna sentencia por este caso, pero consideró que esto “no resulta atribuible al Ministerio Público” sino a los recursos o medios de impugnación promovidos por los imputados como medio de defensa.
Advirtió que en todo momento se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias que componen los 620 tomos del expediente de averiguación previa.
La PGR señaló que en dicho expediente se encuentra la declaración de mil 447 personas, resultados de mil 945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.
Asimismo, destacó que con base en el resultado de las investigaciones llevadas a cabo en relación al caso, a la fecha se han efectuado numerosas consignaciones ante los tribunales federales.
“Actualmente se encuentran bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos”, puntualizó.
También aseguró que cuenta con un equipo humano dedicado exclusivamente a la atención de dicho caso.
Explicó que, en materia de búsqueda, se han efectuado 650 acciones pie-tierra en coordinación con distintas corporaciones, así como aplicado tecnología Lidar en superficies de aproximadamente un kilómetro cuadrado (km²) y 60 km², en zonas sugeridas por la representación de las víctimas.
“En lo que corresponde a estas superficies, se han revisado de manera directa cientos de puntos específicos en búsqueda de fosas clandestinas, en lo que han intervenido de manera directa integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la Procuraduría General de la República, con participación de la representación legal de las víctimas indirectas, y con apoyo de instrumentos como el georradar y con binomios caninos”, agregó.
Asimismo, señaló que en la indagación de los hechos se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las que se consideran necesarias a partir de la información que surge de las referidas indagaciones.
La PGR recordó además del compromiso irrefutable, su comprensión respecto a la gran afectación que lo sucedido vino a causar en las familias de los estudiantes normalistas, y a los derechos que por ley les asisten en esa condición, así como el legítimo derecho que tienen para mantener sus demandas de justicia.
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