En respuesta a la particular que solicitó dichas cifras, Pemex aseguró no contar con la información requerida y precisó haber hecho una búsqueda de la misma en los sistemas jurídicos institucionales. Inconforme por la inexistencia manifestada, la peticionaria presentó un recurso de revisión ante el INAI, frente al cual la empresa productiva del Estado reiteró su contestación inicial.
Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana planteó que, de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el robo de hidrocarburos es un ilícito que supone la existencia de estructuras bien definidas y organizadas, con conocimientos básicos sobre el tratamiento de combustibles y la infraestructura de la red de ductos, así como de los periodos más convenientes para extraerlos.
Explicó que a fin de combatir este fenómeno delictivo las autoridades han creado un grupo de colaboración interinstitucional, en el que participan Pemex, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación; a través del cual se han impulsado la realización de acciones enfocadas en desactivar la estructura operativa, financiera y de negocios de las organizaciones dedicas a la comisión de ese delito.
La comisionada Cano expuso que, en el marco del Quinto Informe de Gobierno, el director general de Pemex señaló en su comparecencia que, a septiembre de este año, se habían contabilizado más de 11 millones de litros de combustible recuperados.
“La recuperación de combustibles es una veta informativa de importancia, pues muestra la efectividad de la procuración de justicia en un sentido amplio, como parte de un entramado de acciones institucionales para combatir el ilícito y paliar sus efectos, entre los que se suman la detección y desmantelamiento de grupos organizados o la identificación de remediación de tomas clandestinas, además de la posibilidad de resarcir parte de los daños causados al patrimonio público de Pemex”, enfatizó.
En el análisis del caso, se constató que Pemex, en respuesta a una solicitud anterior, proporcionó una relación de las tomas clandestinas y el producto recuperado en litros, desglosado por entidad federativa, incluida Tabasco, en el periodo 2014 a octubre de 2016. De esta manera, se concluyó que el sujeto obligado no buscó la información en todas sus unidades administrativas competentes, como la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, encargada de la seguridad de los bienes, el combate a la compraventa irregular de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como la Subdirección Jurídica Contenciosa y de Administración de Cartera y la Subdirección Jurídica de Operación Regional, responsables de los asuntos jurídicos relacionados con el mercado ilícito de combustibles.
“La transparencia en el presente caso es importante, porque además de otorgar a las personas insumos informativos valiosos que den cuenta de los resultados de las labores conjuntas realizadas por diversas instituciones para combatir el ilícito, abre la posibilidad de generar otro tipo de seguimiento social a las labores de Pemex”, planteó la comisionada Cano.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta de Pemex y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, a fin de que informe las cantidades de combustible robado en Tabasco, al igual que el recuperado por las autoridades y le haya sido devuelto de 2012 al 21 de agosto de 2017.
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