Gran elector

Las campañas comienzan, como anteriores procesos, con tintas negras que dibujan escenarios de una democracia en litigio más que una “fiesta democrática”. La ciudadanía está lejana y de-sencantada, mientras los tribunales electorales, el INE y comités de quejas y denuncias se sitúan como protagonistas.

Por José Buendía Hegewisch

Ese papel augura que también, como otras veces, el proceso desemboque y sature los órganos jurisdiccionales más allá de las urnas. Sus resoluciones son decisivas en la renovación de más de dos mil 150 cargos públicos: la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, diputaciones en 17 estados, así como 16 delegaciones del Distrito Federal, en una dinámica de conflicto que, sin embargo, desgasta el valor del voto a pesar de pretender protegerlo.

La persistencia de trampas e impugnaciones en la lógica de los partidos, de querer configurar triunfos y ganar cargos en tribunales, abre la puerta para convertir al árbitro y a los órganos jurisdiccionales en una especie de electores o de factótums para la conformación de la representación popular. Aunque aquéllos lo hacen con la confianza de hacer valer en la barandilla el peso de las cuotas partidistas e inclinar el fallo en alegatos de oído o en presiones sobre la autoridad. En cualquier caso, son espacios de decisión fuera de las urnas y lejos del ciudadano.

Nadie discute la necesidad de una justicia electoral fuerte y eficaz para proteger los derechos políticos de la ciudadanía y dar certeza a los comicios. Éste es un ámbito en el que el país ha avanzado mucho y se trabaja con profesionalismo y alto grado de sofisticación. Aún así suelen ser blanco de ataques, como parte de las campañas.

Pero los reclamos tienen que ver mucho menos con su desempeño que con decisiones partidistas de judicializar la política para manipular o trocar el resultado de las urnas. Una estrategia que pasa por desacreditar a las instituciones y, sobre todo, ahonda la distancia con la ciudadanía. Piden el voto mientras construyen el litigio que descalifique al adversario, evite o revierta la derrota en las urnas, aunque, finalmente, se ponga el resultado en el fallo de los aparatos burocráticos.

Tan sólo en la primera semana de la campaña, el TEPJF ya suma un promedio de 12 mil asuntos de impugnaciones en la sala superior y seis regionales sobre el proceso electoral de 2015. Aunque las quejas y denuncias se registran desde el inicio del periodo electoral con recursos relativos a campañas anticipadas, desviación de recursos públicos o la impugnación de candidaturas. Desde el 1 de octubre del año pasado hasta abril de 2015, que arrancaron las campañas, sólo la sala del Distrito Federal del TEPJF ya contabiliza cerca de mil asuntos entre recursos, juicios de inconformidad o de revisión constitucional, según la estadística de la Secretaría General de Acuerdos.

Entre ellas están impugnaciones como la que puso en manos de los tribunales la definición de los competidores en Miguel Hidalgo, con la pretensión de descalificar a Xóchitl Gálvez como candidata del PAN; o la que pende sobre la cabeza de Marcelo Ebrard como número uno de la lista de Movimiento Ciudadano. Incluyen también las denuncias por incumplimiento del principio constitucional de paridad en las candidaturas en varios estados, a pesar de que en el discurso se reconoce como gran avance de la Reforma Política. También las multas al Verde por la violación sistemática de las reglas electorales. Y, por supuesto, las quejas sobre los spots que permiten a la autoridad decidir sobre el tono y la forma de la propaganda política. Es cierto que las últimas reformas electorales recargaron de facultades al TEPJF y al INE para fiscalizar y sancionar el manejo de los recursos y la conducta de los jugadores. Pero, también, que cargar de “tarjetas rojas” al arbitraje no ha servido para inhibir la rijosidad ni las transgresiones. Tampoco para mejorar la calidad del debate o reforzar la confianza de los ciudadanos en los comicios. El registro de impugnaciones va en aumento y repercute en el descrédito y la desestimación del valor de los comicios o, de plano, el boicot a las urnas en Guerrero o Oaxaca. ¿De qué sirve el voto si todos denuncian puras trampas?

La sobrerregulación, que refleja el protagonismo del árbitro y los tribunales, está lejos de lograr sacar el voto de la política como se había propuesto. Si la justificación de la Reforma Política fue preservar el proceso del control de los gobernadores, la decisión de los partidos de judicializar los comicios resta incidencia al voto.
Sobre todo muestra que el problema no es solamente tener más reglas, sino la falta del compromiso democrático de los actores de acatarlas. O, peor aún, su interés por crear una intrincada red de seguros y candados para usar como auténticas trampas para cazar al adversario. Quizá esa especie de gotcha electoral también explique la indiferencia y pasividad que gana en el ánimo del votante.