¿País “no libre” en derecho de expresión?

El primer desplazado entre los derechos cuando cae el “umbral” democrático es la libertad de expresión. En la última década, las condiciones para su ejercicio se deterioraron en el mundo, mientras avanzaron regulaciones en seguridad, de acuerdo con el informe publicado esta semana por Freedom House. Por lo que toca a México, en 2014 se alcanzó la peor calificación

José Buendía Hegewisch

El informe ubica al país como “no libre” por las presiones a medios y periodistas, no obstante, la mayor exigencia como en toda democracia “bien informada” es recibir todas las noticias, aunque se conviertan en la peor crisis de derechos humanos.
En el país la libertad de expresión nunca se había debatido tanto en la agenda pública. El reclamo del derecho a saber acerca de crímenes de lesa humanidad como Ayotzinapa, o de miles de desapariciones forzadas, es muestra del rechazo a la información filtrada. Lo mismo indica la demanda de investigar la corrupción y la crisis de confianza por cubrirla con silencio. El debate refleja una lucha por evitar retrocesos por debajo de los estándares mínimos del funcionamiento democrático. Y también la existencia de fuerzas interesadas en comprimir la información a través de presiones y control. Ahí está la negativa de abrir al Congreso la información de Tlatlaya, como denunciaron diputados que investigaron el caso de presunta ejecución extrajudicial. No es un debate nuevo porque acompañó la lucha contra el autoritarismo, pero ocurre en un contexto distinto al tiempo en el que un gobierno fuerte controlaba el papel y podía intervenir en un medio comoExcélsior en 1976. Hoy, medios y periodistas hablan con libertad incomparable a la época del oficialismo, pero sufren nuevas presiones desde el crimen organizado y controles más sutiles desde las políticas de seguridad. También, la discusión tiene una agenda amplia por la intervención de más actores, cuando el poder monocolor penetraba los medios con censura o esperaba su silencio a cambio de prebendas. Tras la alternancia, la discusión se hizo más compleja por el mayor poder de los medios y la disputa del control de la agenda pública. AMLO esgrimió la libertad de expresión para denunciar fraude en 2006, aunque se opuso a la ley de Transparencia en el DF. Los empresarios se ampararon contra la Reforma Electoral de 2008, en defensa de su voz para influir en las campañas en radio y TV. Esa reforma fue celebrada por la regulación de “mensajes negros” por muchos que hoy denuncian censura en la propaganda política. La libertad de expresión se confunde con el derecho patrimonial de medios y éstos confunden su derecho patrimonial con ella. Avanzan leyes de acceso a la información, pero sólo hay 108 denuncias por incumplimiento de resoluciones con sanción desde 2004. Los partidos lanzan “campañas negras”, pero piden sanciones cuando reciben críticas. La sociedad rechaza la censura a periodistas, pero no se conmueve cuando hay casi un centenar asesinados. Se exige Estado de derecho, pero se aceptan medidas de vigilancia encubiertas en la guerra contra el narco como en la Ley de Telecomunicaciones. El contexto del pluralismo después del 2000 es otro, aunque se agita el miedo al regreso autoritario cuando la élite mediática ve amenaza de censura. Pero otra confirmación de la diferencia de épocas es la admisión del amparo de Aristegui contra su despido en MVS por el derecho de las audiencias, lo que no habría pasado en el antiguo régimen. En la actualidad las amenazas para la libertad de expresión no son menores que antes. El informe de Freedom llama la atención del peligro que abre el fracaso de las democracias para enfrentar el terrorismo y en México de responder a la violencia criminal. Y peor aún recurrir a los mismos métodos y prácticas de ellos. Por ejemplo, la propaganda oficial para sembrar alarma social que justifique controles y censura en la lucha contra el crimen; filtrar noticias, sopesar su circulación o difundir historias que sean creíbles, o decidir qué información le hace bien a la opinión pública.
Las políticas de seguridad asumen controles más sutiles y mueven los “umbrales” democráticos, en contradicción con sociedades que reclaman estar “bien informadas”. A esta amenaza se suma la presión de los grupos criminales contra medios y periodistas, que activa los resortes de la autocensura.
Y frente a estos retos la única fórmula vigente es la investigación. Aunque ahí el cambio respecto al pasado es menos perceptible, porque la investigación, más allá de la filtración del poder o la versión oficial, sigue siendo un bien escaso.

Sin respuesta a la desconfianza

La respuesta a la crisis de credibilidad y de desconfianza hacia la clase política ha sido lenta y muy limitada. Algunas propuestas de acción del Ejecutivo, reformas en el Legislativo y otras en la congeladora del Congreso, que pasan desapercibidas por la ausencia de la oposición.

Por José Buendía Hegewisch

Además, el espacio natural de la crítica y la rendición de cuentas de las campañas está recortado por la sobrerregulación (autopreservación) de la comunicación política, la falta de diálogo con la ciudadanía y el miedo a participar por la violencia en estados como Jalisco o Guerrero, con el asesinato del candidato del PRI a una alcaldía.

Pero la disfuncionalidad que muestra la política para resolver los problemas es insuficiente cuando quiere convencer a la clase gobernante de hacer verdadera autocrítica y de que, si el pacto de representación se rompe, el campo para la convivencia pacífica se pierde. Sus respuestas a la deshonestidad son tibias y voluntaristas, como las acciones que la Secretaría de la Función Pública presentó esta semana contra el conflicto de interés por el escándalo de corrupción en torno a la casa presidencial; la ley anticorrupción mantiene reservas, como el fuero para obligar a todos a rendir cuentas, y partidos, así como candidatos, desprecian fórmulas que les ofrecen algunas ONG para reconstruir la confianza, como el programa “3 de 3” para transparentarse. El diálogo está fracturado.

La corrupción, la impunidad y la falta de alternativas de cambio diferenciadas a través del voto acaban por llevar a la democracia a una situación en extremo delicada. A pesar de los riesgos, partidos y candidatos prefieren pertrechar sus intereses en la opacidad, inundar de mensajes frívolos las campañas y rehuir el debate, aunque se lancen dardos envenenados en una especie de caza en terreno preservado de su Gotcha electoral.

En ese contexto, ¿puede interpretarse la elección como referéndum? ¿El mensaje de las urnas, a partir de qué umbral podría leerse como demanda de renuncias o el reclamo de cambios profundos? ¿Las urnas pueden restaurar la comunicación?
Sería un error que el gobierno crea que lograr la mayoría en el Congreso para aprobar presupuestos cada vez más exiguos sea un espaldarazo a Peña Nieto. En la segunda parte de su mandato eso será insuficiente para la gobernanza sin cambios de fondo en las instituciones y en su gabinete. También se equivocaría la oposición si, como cree el PAN, es suficiente avanzar sobre las gubernaturas para atrincherarse rumbo al 2018. Peor si desestiman la crisis de representación y se mantienen en un modelo autárquico de poder compartido.

Ninguna advertencia sobre el abismo entre clase política y ciudadanía llama la atención, ya forman parte de tópicos de analistas. Su repetición, sin visos de que el mensaje sea escuchado por las élites, trasmina en la creciente preocupación de salir adelante sin que nos pasen cosas terribles; o, mejor dicho, que dejen de ocurrir, como la pérdida de control sobre la violencia en Jalisco y Michoacán; o la vida de la mayoría en la injusticia cotidiana, civil, mercantil, laboral y administrativa, como reconoció el Presidente al recibir un informe del CIDE, que pidió en respuesta a la crisis de derechos humanos por Tlatlaya y Ayotzinapa.

Esas declaraciones, generales y ambiguas, pletóricas en propuestas de 217 acciones y 20 medidas, se quedan en palabras o declaraciones de buena voluntad. Al igual, por ejemplo, que las expresiones de fe en la transparencia y en la rendición de cuentas, que se usan para envolver candidaturas sin compromiso real con ellas; se esfuma cuando alrededor de 10 de 122 candidatos a delegados en el DF han presentado la documentación del “3 de 3” que las ONG les exigen como mínima muestra de transparencia; respecto a las elecciones para las nueve gubernaturas en liza, sólo nueve de 66 candidatos las han exhibido.
A pesar de que algunas de esas organizaciones les ponen “balones” para reconstruir la confianza, la impunidad que cobija a los partidos les hace desdeñar esta clase de ejercicios. Más hiriente resulta la justificación de la opacidad por la inseguridad, cuando la incapacidad para resolverla es la primera razón que ameritaría su renuncia.

¿Guerra sucia? Los partidos se blindaron en su contra, pero recurren a ella cuando la necesitan. Lo interesante es la evolución del consenso y el debilitamiento de esa salvaguarda en la opinión pública. Cada vez se miran como parte de la Gotcha entre partidos y no como factor que agrave la desconfianza e inhiba la participación. Al contrario, las críticas jalan más que las propuestas, posiblemente como forma de catarsis.

Las críticas también se multiplican, y las peticiones de renuncia, en manifestaciones públicas, de figuras y comunicadores. Pero las respuestas son vacuas y extremadamente cuidadosas, como si la clase política siguiera creyendo que estos son “tiempos normales”.

Gran elector

Las campañas comienzan, como anteriores procesos, con tintas negras que dibujan escenarios de una democracia en litigio más que una “fiesta democrática”. La ciudadanía está lejana y de-sencantada, mientras los tribunales electorales, el INE y comités de quejas y denuncias se sitúan como protagonistas.

Por José Buendía Hegewisch

Ese papel augura que también, como otras veces, el proceso desemboque y sature los órganos jurisdiccionales más allá de las urnas. Sus resoluciones son decisivas en la renovación de más de dos mil 150 cargos públicos: la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, diputaciones en 17 estados, así como 16 delegaciones del Distrito Federal, en una dinámica de conflicto que, sin embargo, desgasta el valor del voto a pesar de pretender protegerlo.

La persistencia de trampas e impugnaciones en la lógica de los partidos, de querer configurar triunfos y ganar cargos en tribunales, abre la puerta para convertir al árbitro y a los órganos jurisdiccionales en una especie de electores o de factótums para la conformación de la representación popular. Aunque aquéllos lo hacen con la confianza de hacer valer en la barandilla el peso de las cuotas partidistas e inclinar el fallo en alegatos de oído o en presiones sobre la autoridad. En cualquier caso, son espacios de decisión fuera de las urnas y lejos del ciudadano.

Nadie discute la necesidad de una justicia electoral fuerte y eficaz para proteger los derechos políticos de la ciudadanía y dar certeza a los comicios. Éste es un ámbito en el que el país ha avanzado mucho y se trabaja con profesionalismo y alto grado de sofisticación. Aún así suelen ser blanco de ataques, como parte de las campañas.

Pero los reclamos tienen que ver mucho menos con su desempeño que con decisiones partidistas de judicializar la política para manipular o trocar el resultado de las urnas. Una estrategia que pasa por desacreditar a las instituciones y, sobre todo, ahonda la distancia con la ciudadanía. Piden el voto mientras construyen el litigio que descalifique al adversario, evite o revierta la derrota en las urnas, aunque, finalmente, se ponga el resultado en el fallo de los aparatos burocráticos.

Tan sólo en la primera semana de la campaña, el TEPJF ya suma un promedio de 12 mil asuntos de impugnaciones en la sala superior y seis regionales sobre el proceso electoral de 2015. Aunque las quejas y denuncias se registran desde el inicio del periodo electoral con recursos relativos a campañas anticipadas, desviación de recursos públicos o la impugnación de candidaturas. Desde el 1 de octubre del año pasado hasta abril de 2015, que arrancaron las campañas, sólo la sala del Distrito Federal del TEPJF ya contabiliza cerca de mil asuntos entre recursos, juicios de inconformidad o de revisión constitucional, según la estadística de la Secretaría General de Acuerdos.

Entre ellas están impugnaciones como la que puso en manos de los tribunales la definición de los competidores en Miguel Hidalgo, con la pretensión de descalificar a Xóchitl Gálvez como candidata del PAN; o la que pende sobre la cabeza de Marcelo Ebrard como número uno de la lista de Movimiento Ciudadano. Incluyen también las denuncias por incumplimiento del principio constitucional de paridad en las candidaturas en varios estados, a pesar de que en el discurso se reconoce como gran avance de la Reforma Política. También las multas al Verde por la violación sistemática de las reglas electorales. Y, por supuesto, las quejas sobre los spots que permiten a la autoridad decidir sobre el tono y la forma de la propaganda política. Es cierto que las últimas reformas electorales recargaron de facultades al TEPJF y al INE para fiscalizar y sancionar el manejo de los recursos y la conducta de los jugadores. Pero, también, que cargar de “tarjetas rojas” al arbitraje no ha servido para inhibir la rijosidad ni las transgresiones. Tampoco para mejorar la calidad del debate o reforzar la confianza de los ciudadanos en los comicios. El registro de impugnaciones va en aumento y repercute en el descrédito y la desestimación del valor de los comicios o, de plano, el boicot a las urnas en Guerrero o Oaxaca. ¿De qué sirve el voto si todos denuncian puras trampas?

La sobrerregulación, que refleja el protagonismo del árbitro y los tribunales, está lejos de lograr sacar el voto de la política como se había propuesto. Si la justificación de la Reforma Política fue preservar el proceso del control de los gobernadores, la decisión de los partidos de judicializar los comicios resta incidencia al voto.
Sobre todo muestra que el problema no es solamente tener más reglas, sino la falta del compromiso democrático de los actores de acatarlas. O, peor aún, su interés por crear una intrincada red de seguros y candados para usar como auténticas trampas para cazar al adversario. Quizá esa especie de gotcha electoral también explique la indiferencia y pasividad que gana en el ánimo del votante.

Democracia recortada

La altísima dificultad para los consensos entre los partidos explica en parte la sacralización del conjunto de las instituciones electorales. Se quiere cuidar lo ganado. Pero sería un error seguir por el camino de hacer creer que la política se identifica con sus intereses.

Por José Buendía Hegewisch

Construir una democracia confiable ha sido el mayor consenso de la política mexicana en un cuarto de siglo. El acuerdo de respetar el voto abrió cause a la alternancia en 2000. Junto con la apertura económica, el llamado a las urnas para procesar diferencias políticas ha sido la apuesta modernizadora. Sin duda ha dejado buenos resultados como las instituciones electorales y, principalmente, la conciencia del poder ciudadano de elegir a sus gobernantes. Aunque hoy es cada vez más fuerte la idea de que se ejerce en un marco que restringe las opciones. En una democracia recortada.

Esa contradicción levanta un debate entre quienes temen que la democracia se vuelva cascarón vacío, y otros que mistifican aquel consenso de la transición a pesar de las deformaciones del sistema. Unos ven como irresponsable traducir la indignación social en boicot o castigo a la participación en los comicios, mientras otros llaman a romper o anular el voto para protestar contra el sistema de abuso de poder de los partidos que se edificó a partir de aquel consenso. Y aun más, unos ven temerario explotar el desencanto y la abstención por el peligro de fortalecer los radicalismos y la violencia; otros defienden que es más necesaria que nunca por la falta de mecanismos de presión para forzar reformas de fondo a la clase política.

En ese contexto arrancan las campañas electorales y, en efecto, hay desinterés y expresiones de cansancio, cuándo no, con abierto rechazo por parte de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, ONG, académicos, la CETEG y la CNTE en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. En general, se percibe hartazgo por la repetición de campañas huecas y la actividad millonaria de candidatos con los que no se identifican. La fatiga ha llegado pronto, apenas se cuentan cuatro comicios federales desde que cuajó la competencia en el 2000.

El desencanto se puede atribuir a la sobreventa de expectativas o los bajos resultados de la democracia, por ejemplo, para mejorar el crecimiento o revertir la iniquidad social. Y, en los últimos años, por la incapacidad de la política para controlar la violencia, que es la característica que define a cualquier tipo de sociedad política. En la nuestra crece desde hace tiempo un abismo entre partidos y votantes, que cada vez perciben menos diferencias entre uno y otro para responder a los problemas. El llamado al voto nulo en 2009 trató de ser una protesta que expresó la falta de opciones para cambiar las cosas. No fue el grito de “váyanse todos”, sino el reclamo de “todos son iguales”: franquicias de poder para hacer negocio.

Esa deformación de nuestra democracia es una prueba de que la política es una actividad mucho más amplia que un conjunto de instituciones, como las electorales, y que por tanto no puede reducirse a cuidar el statu quo por mejor servicio que haya prestado en un momento dado. Es cierto, las últimas reformas políticas reconocieron nuevos mecanismos de participación ciudadana, nuevos y efímeros partidos y las candidaturas independientes, pero insuficientes para cambiar la imagen del funcionamiento del poder como un coto cerrado para preservar privilegios y prerrogativas a los partidos.

La pérdida de vitalidad de la democracia viene de tergiversar el consenso sobre la forma de resolver las diferencias políticas con el marco de restricciones en que se ejerce el voto. Por ejemplo, las cuotas partidistas en los órganos electorales, los presupuestos millonarios a partidos y hasta el fuero sirvieron para abrir la competencia cuando el PRI tenía la hegemonía del sistema político. Pero ahora, en un contexto de pluripartidismo, las reglas de juego son un obstáculo para la renovación de la clase política o el surgimiento, en otros países, de opciones fuera de ella, como Podemos, en España. Incluso, el acotamiento no ha impedido fenómenos especialmente perniciosos como la entrada de candidatos vinculados al crimen y el dinero del narcotráfico en las campañas a través de los registros opacos de donantes.

La altísima dificultad para los consensos entre los partidos explica en parte la sacralización del conjunto de las instituciones electorales. Se quiere cuidar lo ganado. Pero sería un error seguir por el camino de hacer creer que la política se identifica con sus intereses, dado que si se recortan las opciones de elección se debilita la auténtica política. El cansancio de la democracia es una prueba de las restricciones y de su uso por los partidos para conservar zonas de confort o coartadas para reformar lo que no funciona del modelo y arreglar las deformaciones del sistema.

¿México pierde su “momento”?

Por José Buendía Hegewisch
Analista político

La pérdida de impulso transformador con el traspié de la reforma educativa, la reducción de la discusión de la energética a la exclusión ideológica o el cuasi retiro del Estado en zonas de Michoacán o Guerrero, crean desesperanza

El “momento mexicano” que encandilaba a inversionistas internacionales y apuntalaba el discurso oficial de transformación, parece extinguirse tan inesperadamente como llegó al inicio del gobierno de Peña Nieto. Su promesa, desde la toma de posesión, de “mover a México” y la construcción de consensos en el Pacto para emprender reformas trascendentales, inflamó las expectativas de los mercados y las posibilidades de cambio en un país en que el estancamiento e inmovilismo se han convertido en forma de vida. Así de rápido como subió la burbuja, ahora se despresuriza con la caída de la perspectiva de crecimiento, la impericia del gobierno para resistir presiones de la CNTE, resolver conflictos o convencer con un buen planteamiento de reforma energética, y la debilidad del Estado para mantener bajo control problemas que amenazan su estabilidad.

Por definición, un momento es transitorio y se pierde en la indecisión o por la falta de dirección. En cambio, lo ganan los que logran echar al Congreso de su sede, como la CNTE; desbaratar su agenda, romper los consensos de las fuerzas políticas sobre la agenda y los tiempos de cambios del país; ocupar el lugar de las instituciones en territorios como poderes fácticos y fuerzas irregulares en regiones de Michoacán y Guerrero. También lo aprovechan gobernantes y políticos de todos los partidos, que protegen su zona de confort o que creen que sólo se pueden tomar decisiones cuando son fáciles y baratas.

De un “momento” a otro reaparecen las viejas estructuras corporativas y clientelares, las presiones sociales de sus líderes y el peso de minorías y poderes de facto. El “momento mexicano” que nos colocaba como uno de los países emergentes más atractivos perdió punch o sólo era la hoja de parra que, obviamente, no sirve para tapar la falta de decisiones pospuesta por décadas. La expectativa de un nuevo liderazgo para, ahora sí, poner al país en movimiento con el gobierno de Peña Nieto, que muy pronto ha mostrado que su resistencia a enfrentar los problemas no es muy distinto por ejemplo, a la de Fox con Atenco, y que su capacidad de maniobra está acotada por las mismas estructuras que atraparon a sus predecesores tanto panista como priistas.

La pérdida de impulso transformador con el traspié de la reforma educativa, la reducción de la discusión de la energética a la exclusión ideológica o el cuasi retiro del Estado en zonas de Michoacán o Guerrero, crean desesperanza. No sólo por los tropiezos en el desarrollo de una ley o los reveses en la lucha contra el crimen.

Sobre todo deja desaliento porque se percibe falta de claridad o voluntad política del gobierno con el destino modernizador que ofrecía, además de liderazgo para tomar decisiones. Resulta frustrante también porque detrás de la promesa de movimiento lo que reaparece es la ruptura de los consensos y el estilo “prudencial” de gobernar que por igual inmoviliza al PAN y PRI que al PRD. En este otro “momento” ¿cuál es la confianza que debemos tener sobre el futuro de las reformas que están en puerta, la energética o la fiscal?

El Congreso se equivocó al ceder a las presiones de la CNTE y sacar de la agenda del periodo extraordinario la discusión sobre la ley para la evaluación de los maestros. Es débil el argumento de que la Ley del Servicio Profesional Docente era deficiente tras meses de trabajo desde la aprobación de los cambios constitucionales para la reforma educativa. Sobre todo es preocupante la falta de consensos después de enlistarla en la agenda. A nadie escapa que podría haber salido sin el voto del PRD.

Los costos mayores, sin embargo, recaen en el gobierno de Peña Nieto, que prefirió cuidar las posibilidades de consenso con el PRD y evitar la ruptura del Pacto, que correr riesgos con la agitación del magisterio. Si decidió dejar pasar esta mano de la reforma educativa por considerar más costosa la inestabilidad en la calle, el resultado que puede dejar es una invitación al veto de las reformas con la presión y el amago. El precio de su decisión es debilitar la confianza en su liderazgo para “mover” a México y la definición del destino del movimiento.

Tanto el Congreso como el gobierno pueden recuperar la iniciativa en las próximas semanas y reencauzar la reforma educativa, pero la indecisión dejará huella en la imagen y confiabilidad para desactivar a fuerzas inmovilistas que, como la CNTE, son mantenidas y financiadas desde las arcas de los gobiernos estatales en el puro estilo del control corporativo que parece seguir dominando las decisiones políticas.

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