Por José Buendía Hegewisch
Pero la disfuncionalidad que muestra la política para resolver los problemas es insuficiente cuando quiere convencer a la clase gobernante de hacer verdadera autocrítica y de que, si el pacto de representación se rompe, el campo para la convivencia pacífica se pierde. Sus respuestas a la deshonestidad son tibias y voluntaristas, como las acciones que la Secretaría de la Función Pública presentó esta semana contra el conflicto de interés por el escándalo de corrupción en torno a la casa presidencial; la ley anticorrupción mantiene reservas, como el fuero para obligar a todos a rendir cuentas, y partidos, así como candidatos, desprecian fórmulas que les ofrecen algunas ONG para reconstruir la confianza, como el programa “3 de 3” para transparentarse. El diálogo está fracturado.
La corrupción, la impunidad y la falta de alternativas de cambio diferenciadas a través del voto acaban por llevar a la democracia a una situación en extremo delicada. A pesar de los riesgos, partidos y candidatos prefieren pertrechar sus intereses en la opacidad, inundar de mensajes frívolos las campañas y rehuir el debate, aunque se lancen dardos envenenados en una especie de caza en terreno preservado de su Gotcha electoral.
En ese contexto, ¿puede interpretarse la elección como referéndum? ¿El mensaje de las urnas, a partir de qué umbral podría leerse como demanda de renuncias o el reclamo de cambios profundos? ¿Las urnas pueden restaurar la comunicación?
Sería un error que el gobierno crea que lograr la mayoría en el Congreso para aprobar presupuestos cada vez más exiguos sea un espaldarazo a Peña Nieto. En la segunda parte de su mandato eso será insuficiente para la gobernanza sin cambios de fondo en las instituciones y en su gabinete. También se equivocaría la oposición si, como cree el PAN, es suficiente avanzar sobre las gubernaturas para atrincherarse rumbo al 2018. Peor si desestiman la crisis de representación y se mantienen en un modelo autárquico de poder compartido.
Ninguna advertencia sobre el abismo entre clase política y ciudadanía llama la atención, ya forman parte de tópicos de analistas. Su repetición, sin visos de que el mensaje sea escuchado por las élites, trasmina en la creciente preocupación de salir adelante sin que nos pasen cosas terribles; o, mejor dicho, que dejen de ocurrir, como la pérdida de control sobre la violencia en Jalisco y Michoacán; o la vida de la mayoría en la injusticia cotidiana, civil, mercantil, laboral y administrativa, como reconoció el Presidente al recibir un informe del CIDE, que pidió en respuesta a la crisis de derechos humanos por Tlatlaya y Ayotzinapa.
Esas declaraciones, generales y ambiguas, pletóricas en propuestas de 217 acciones y 20 medidas, se quedan en palabras o declaraciones de buena voluntad. Al igual, por ejemplo, que las expresiones de fe en la transparencia y en la rendición de cuentas, que se usan para envolver candidaturas sin compromiso real con ellas; se esfuma cuando alrededor de 10 de 122 candidatos a delegados en el DF han presentado la documentación del “3 de 3” que las ONG les exigen como mínima muestra de transparencia; respecto a las elecciones para las nueve gubernaturas en liza, sólo nueve de 66 candidatos las han exhibido.
A pesar de que algunas de esas organizaciones les ponen “balones” para reconstruir la confianza, la impunidad que cobija a los partidos les hace desdeñar esta clase de ejercicios. Más hiriente resulta la justificación de la opacidad por la inseguridad, cuando la incapacidad para resolverla es la primera razón que ameritaría su renuncia.
¿Guerra sucia? Los partidos se blindaron en su contra, pero recurren a ella cuando la necesitan. Lo interesante es la evolución del consenso y el debilitamiento de esa salvaguarda en la opinión pública. Cada vez se miran como parte de la Gotcha entre partidos y no como factor que agrave la desconfianza e inhiba la participación. Al contrario, las críticas jalan más que las propuestas, posiblemente como forma de catarsis.
Las críticas también se multiplican, y las peticiones de renuncia, en manifestaciones públicas, de figuras y comunicadores. Pero las respuestas son vacuas y extremadamente cuidadosas, como si la clase política siguiera creyendo que estos son “tiempos normales”.
