México, DF.- Al final de cuentas los ministros de la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación volvieron a ponerse de rodillas ante los intereses del grupo en el poder y, con su habitual servilismo que afrenta la memoria de Don Benito Juárez, obedecieron la línea de la clase política gobernante para tirar al cesto de la basura las consultas populares en momentos de crisis política y social e inconformidad general que, todas juntas, amenazan con desbordar a las instituciones y buscan canales para desfogarse por las vías pacificas.
Cobijados con sus negras togas de lana como si el vestido restituyera algo de dignidad, los orondos ministros se pusieron otra vez en ridículo para quedar bien con Los Pinos y con el despojo del petróleo mexicano, exhibieron su ignorancia sobre economía y confirmaron con su ligereza que los órganos de justicia, como todas las instancias del Estado, atraviesan por una etapa de descomposición y nula credibilidad e integran un frágil aparato de burocracias ineptas y afines, encubridoras o beneficiarias de la monstruosa corrupción e impunidad que asfixia a la sociedad.
Mientras el país hierve en protestas sin fin contra la barbarie del Estado de tirotear, herir, asesinar y desaparecer con la fuerza a estudiantes normalistas de Ayotzinapa y, en respuesta, el gobierno se hunde en su vasta incapacidad para hallarlos y someter a la ley a los verdaderos autores intelectuales, los señores de la Corte atizan más el fuego de la ira y la indignación popular con su rechazo a las consultas ciudadanas solicitadas por millones de mexicanos con sus firmas. Anulan de plumazo la necesaria opinión de la gente sobre temas de grande importancia como el despojo del petróleo de la nación votado en las cámaras por legisladores que, en su mayoría, vendieron sus votos, para favorecer a los grandes capitales transnacional y también al criollo que con la complicidad de los gobernantes de las últimas tres décadas han conseguido acomodarse en las exclusivas listas de Forbes entre los más ricos del mundo.
Excepto el honesto voto en contra de José Ramón Cossío, los ministros de la Corte declararon improcedentes e inconstitucionales las consultas populares sobre el petróleo porque -- arguyeron – tienen relación con los ingresos y gastos del Estado. Fue la ministra Olga Sánchez Cordero, aquel aval justiciero para que la secuestradora de origen francés Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión, saliera en libertad en 2013, la autora del proyecto que niega a los mexicanos su derecho a incidir en las decisiones de interés para la nación.
El estudio a fondo de la decisión de la inepta y corrupta clase política variopinta de desposeer a México de su petróleo para favorecerse en principio con sociedades, diezmos y otras corruptelas y beneficiar a las multinacionales petroleras y a los tiburones nacionales con el reparto del codiciado pastel, hubiera acercado a los señores de la Corte a la otra cara de la moneda: en efecto, la consulta popular afectaría el ingreso del Estado respecto a la desventajosa renta petrolera que compartiría con los monopolios si la reforma energética llegara a echarse abajo, pero con la privatización de los energéticos el gobierno perderá mucha más: parte las ganancias con extraños y pierde soberanía y fuerza política frente al paso avasallador de aquellas empresas proclives al saqueo y la dominación imperial de los pueblos tercermundistas que les abren sus puertas. En cambio Cossío consideró a la consulta, con su voto, como un derecho humano superior en jerarquía al dócil y frívolo alegato de Sánchez Cordero y compañía para convalidar el atraco de los yacimientos y despreciar el punto de vista del pueblo.
Mucha gente duda que don Benito Juárez, en su calidad de presidente de la Corte, hubiera aprobado en sus tiempos la entrega del petróleo al capital foráneo, ni cree que hubiera puesto en libertad a la secuestradora francesa o tampoco que hubiera condecorado, con toga y ribete y en ceremonia monumental, a delincuentes como Arturo El Negro Durazo, hazañas todas que ha hecho en épocas recientes el más alto tribunal de justicia de la nación como para que los actuales ministros se hinchen de orgullo. Como Jesús con los mercaderes que profanaban con su tianguis el templo de Dios, Don Benito Juárez hubiera azotado a quienes manipulan la impartición de justicia en perjuicio de la sociedad y en provecho de clanes.
Fue un momento poco afortunado de los señores ministros de la Corte volver a arrodillarse ante el poder ejecutivo, si deseaban rendirle pleitesía con prontitud, cuando el señor Peña Nieto y su grupo en el gobierno necesitan con urgencia tranquilizar las tormentas que se ciernen sobre sus cabezas, ponerle cotos a la ingobernabilidad y contener con resultados, más que con verborrea, el repudio general contra la violencia del Estado, la corrupción y la impunidad de todos los gobernantes de todos los partidos y su divorcio de los intereses de la sociedad.
En pocas semanas, desde la troglodita agresión de gentes del Estado contra los estudiantes normalistas, los señores empoderados con la farsa de la democracia perdieron el escaso margen de simpatía que conservaban entre los ciudadanos fastidiados de tanta simulación. Un breve recuento de hechos y circunstancias, con torpezas y omisiones del oficialismo, arrojaría esta verdad:
Hasta los aliados por interés y negocio, ni se diga de los afectados con las crisis política, económica y social, comenzaron a volver la espalda a su todavía ayer amada clase política en el poder y a exigirle con un rigor inusual cuentas reales por su incapacidad para frenar la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, los vacios de autoridad, la caída de la economía y, en fin, la descomposición de las instituciones y la debacle del Estado.
Allí caben las cúpulas de los organismos empresariales: Aplaudidores incansables del giro del gobierno a favor del gran capital para entregarle la riqueza petrolera, sólo hasta hoy se han espantado por la falta de garantías y estabilidad para la inversión, pero nadie ignora que desde 2006, con el arranque del nefasto calderonato y su guerrita, el pueblo vive en la zozobra con la violencia cotidiana, las decenas de miles de asesinatos, las docenas de miles de desapariciones forzadas, las incontables fosas clandestinas halladas y por descubrir y otras barbaridades que este gobierno, en su tiempo y desde 2012, quiso ocultar con el bozal a la inmensa mayoría de los medios electrónicos e impresos que, a petición oficial, han venido maquillando las matanzas para que el mundo sepa que México vive en paz como si en el extranjero pecaran de ingenuidad.
A instancias de la clase empresarial Peña Nieto recogió anteayer la inquietud de suscribir su nuevo pacto para fortalecer el estado de derecho y contra la corrupción y la impunidad, mas debería comenzar por lanzar una cruzada entre la clase política en general y poner a disposición de la ley a todos los políticos y funcionarios priístas, panistas, perredistas y demás que se han enriquecido con el saqueo de arcas públicas y privadas y buscan para las elecciones de 2015 saltar a otros puestos para continuar con la depredación. Tiene a la mano gobernadores, alcaldes, tesoreros y otras delincuentes con fuero que han acumulado inmensas fortunas con sus corruptelas.
A nadie convence tampoco que el gobierno quiera centrar las culpas del fusilamiento de Tlatlaya en sólo seis soldados de tropa y un teniente, cuando los militares jamás proceden sin una orden y alguien de arriba debió darlas para que ejecutaran a los 22 jóvenes presuntos delincuentes en julio pasado. O decir para que le crean que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca (capturado por fin ayer), es junto con su esposa los solitarios autores intelectuales de la barbarie contra los estudiantes normalistas, si testigos de la agresión saben que todo sucedió frente a los ojos de la zona militar y las policías federal y estatal.
El momento de México ya pasó a la historia y el mundo y la prensa extranjera se ha venido encima de la inexperta clase política en el poder. Sólo les queda a los gobernantes, como recurso salvador, un golpe de timón ante la creciente inconformidad popular con la voluntad de poner todo en su lugar con la ley en la mano y su urgencia de revertir la amenazante ira e indignación nacional, con la aplicación de la justicia y abrirle espacios de participación a la sociedad en la toma de decisiones. Sólo incluirla.
Viene a la memoria, en tiempos aciagos como los de México, una oportuna advertencia de Homero en su monumental epopeya Ilíada, para quien desee hacerla suya: “La victoria cambia de hombres”.
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