Por I. León Montesinos
La legalización de drogas a debate
EdoMéx: crece número de adictos
Ecatepec, cárteles en disputa
La legalización del consumo de la marihuana en los estados de Washington y Colorado en la Unión Americana, ha puesto el inaplazable asunto en los reflectores nacionales del debate. Mientras en nuestro país unos de pronuncian en contra, otros lo hacen en pro como el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, quien ha señalado que su gobierno realizará una consulta popular en ése sentido.
El mismo extraviado Felipe Calderón, en su visita a la ONU a finales de septiembre pasado, pidió valorar los alcances y límites del enfoque prohibicionista en el consumo de drogas. “Es el momento –estimó--, de explorar alternativas diferentes al propósito no logrado de reducir el consumo”. A la par que los mandatarios de Guatemala y Colombia, Calderón señaló en el máximo organismo de representación internacional que el mayor problema es el flujo masivo de recursos que obtienen las organizaciones criminales como dividendo de las enormes ganancias del narcotráfico y que les proporcionan un poder ilimitado de operación y corrupción.
Para que se tenga una idea aproximada del tamaño de los ingresos que el mercado americano representa para los cárteles mexicanos, me voy a permitir traer a colación un informe elaborado hace un par de años por la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), y que hace las funciones de agencia de investigaciones del Congreso, en el que se indica que los cárteles mexicanos operan en casi todas las regiones de Estados Unidos y que se ha incrementado el flujo de narcóticos ilícitos en los años recientes, reportándoles ganancias anuales netas de entre los 25 y los 30 mil millones de dólares; es decir, descontando gastos de operación como pago a sicarios, adquisición de armamento y compra de voluntades políticas y policiales de ambos lados de la frontera.
Si se toma en cuenta el monto más alto, se deduce que los ingresos generados por los cárteles representan 40 por ciento de las utilidades reportadas por las empresas enlistadas en Fortune 500, de acuerdo con The Washington Post, es decir, ganancias superiores a las registradas por empresas como Merck o Halliburton. No hay que pasar por alto que entre la lista de los multimillonarios del mundo de la revista de Forbes, ha aparecido de manera recurrente nada menos que el líder del Cártel del Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, al que se le atribuye una fortuna personal superior a los mil millones de dólares.
Pero... ¿dónde está ese dinero, que equivale a entre 2% y 3% del PIB nominal del país? Las mismas autoridades estadounidenses estiman que una parte de los recursos vuelven a Estados Unidos o se transfieren a paraísos fiscales, pero también cerca de la mitad reingresa mediante operaciones financieras, situándose a ciudades como Monterrey, Guadalajara y Culiacán como las de mayor número de operaciones de lavado de dinero, según las pesquisas gringas.
Recuerdo que hace años, cuando cayó en desgracia en el entonces jefe del Cártel del Golfo, Juan García Abrego, tras su captura, un sinfín de empresas y negocios en la frontera de Tamaulipas cerraron sus puertas ante el temor de ser investigadas como parte del gigantesco lavado de dinero. Nadie puede negar que en muchas regiones del país la actividad económica depende de éste otro delito operado por los delincuentes de cuello blanco, llámense banqueros o distinguidos empresarios.
Por eso, cuando se ubica en la palestra de la consulta a la ciudadanía, el tema de la legalización de las drogas debe analizarse a fondo para saber quiénes forman parte del grupo de beneficiarios directos del narcotráfico, además de los capos del narco, y que se oponen antes que nadie, a que la gallina de los huevos de oro termine en el perol de la legalización, como condimento de un devaluado caldo. Lo mismo ocurre del lado oficial pues hay un sinnúmero de funcionarios sin escrúpulos a los más altos niveles que se han hecho millonarios con la compra de armamentos para una inútil guerra contra el narco que en nada ha funcionado para erradicar el problema, pero eso sí, reportando como parte de sus efectos colaterales más de 70 mil muertos en el territorio nacional, a la par de sumir en la peor de las miserias a miles de viudas y huérfanos.
La historia ha demostrado que las prohibiciones son el peor error de los gobiernos para acabar con las adicciones ya que en sentido inverso han abonado el terreno para la proliferación del crimen organizado. Voy a citar algo de lo acontecido en los Estados Unidos en el siglo pasado cuando se decretó la prohibición a la producción y venta de bebida alcohólicas.
Todo comenzó en 1917, cuando el Congreso americano aprobó una resolución a favor de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (la Enmienda XVIII) que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo su territorio. En enero de 1919 la enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados de la Unión Americana, siendo susceptible de imponerse como ley federal (aplicable a todo el país). En octubre del mismo año, se aprobó finalmente la Ley Volstead, que implementaba la prohibición dictaminada por la Enmienda XVIII.
“Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación,” declaró el Senador Andrew Volstead, impulsor de la nueva norma, con optimismo. “El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno.”
Sólo que los buenos propósitos, tan utópicos como moralistas, del legislador se fueron al caño pues la persistencia de la demanda por bebidas alcohólicas estimuló la fabricación y venta de licores, que se convirtió en una importante industria clandestina; la ilegalidad de esta práctica causó que el alcohol así producido alcanzara precios elevadísimos en el mercado negro, atrayendo a éste a importantes bandas de delincuentes. Un buen ejemplo de ello fueron Al Capone (inspiración de infinidad de películas, tales como Los intocables de Eliot Ness), y otros jefes de la mafia estadounidense que ganaron millones de dólares mediante el tráfico y la venta clandestina, expandiendo sus actividades criminales a casi todo el país, e involucrando la corrupción de numerosísimos funcionarios y policías encargados de hacer cumplir la Ley Seca.
De manera similar al mercado actual de drogas ilegales, muchos de los delitos más serios de la década de 1920, incluyendo robo y asesinatos, fueron resultado directo del negocio clandestino de alcohol que operó durante la Ley Seca. El propio Capone llegó a influir directamente sobre varios barrios de la ciudad de Chicago para que se le permitiera continuar su negocio ilícito a cambio de sobornos o amenazas, mientras su banda (junto con decenas de otras) luchaban violentamente entre sí a lo largo del territorio estadounidense para controlar el muy lucrativo tráfico de alcohol. Algo similar a lo que ahora ocurre en México.
Durante la década de 1920 la opinión pública dio un giro, y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad. El consumo de alcohol no sólo subsistió, sino que ahora continuaba de forma clandestina y bajo el control de feroces mafias. En vez de resolver problemas sociales tales como la delincuencia, la Ley Seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad como nunca antes se había percibido en el vecino país. Antes de la prohibición había 4 mil reclusos en todas las prisiones federales, pero en 1932 había 26 mil 859 presidiarios, síntoma que la delincuencia común había crecido gravemente, en vez de disminuir. El gobierno estadounidense, al igual que hoy lo hace el de Calderón, gastaba enormes cantidades de dinero tratando de forzar la obediencia a la Ley Seca, pero la corrupción de las autoridades locales y el rechazo de las masas a la prohibición (demostrada por el hecho que el consumo no disminuía) hacían más impopular sostener la Ley Volstead.
En 1932 el Partido Demócrata incluyó en su plataforma la intención de derogar la Ley Seca, y Franklin Roosevelt dijo que, de ser elegido presidente, derogaría las leyes que aplicaban la Ley Seca. Se estima que hacia 1932, tres cuartos de la población favorecía el fin de la veda. El 21 de marzo de 1933 Roosevelt firmó el Acta Cullen-Harrison que legalizaba la venta de cerveza que tuviera hasta 3,2% de alcohol y la venta de vino, siendo aplicable a partir del 7 de abril de ese mismo año, derogando la Ley Volstead. Meses después diversas convenciones estatales ratificaron la Enmienda XXI a la Constitución de Estados Unidos, que derogaba la Enmienda XVIII.
La nueva enmienda fue ratificada el 5 de diciembre de 1933 por el Senado de EEUU.
Con el fin de la era de la prohibición, por inercia natural, muchas de las mafias vieron fenecer la bonanza del antes ilícito negocio. Sirva este pasaje histórico como punto de reflexión para colocar en el terreno de una legítima consulta no sólo nacional sino internacional la legalización sobre el consumo de las drogas. La deducción es muy sencilla: si se les quita a los capos los 30 mil millones de dólares anuales de ingresos, ¿con qué compraran armas, pagaran sicarios y toda su red de corrupción a funcionarios, policías y militares? Aunque, como ya lo apuntamos, muchos delincuentes de cuello blanco verían peligrar también sus multimillonarias ganancias. Y como decía atinadamente el mimo Cantinflas: “Ahí está el detalle”.
COMENTARIO ANEXO.- Siguiendo la ruta del crimen organizado, no hay que pasar por alto lo expresado por el secretario de Salud , Gabriel O’Shea Cuevas, quien acaba de señalar que el Estado de México podría ubicarse en el número 18 de la lista sobre consumo de drogas en la Encuesta Nacional de las Adicciones del 2011 que está por presentar el gobierno federal, aceptando que el problema de drogas que enfrentan los mexiquenses no sólo implica el trasiego de estupefacientes por su territorio y la violencia entre los grupos que se disputan la plaza, sino además los hábitos de consumo de su población adicta, la cual va en crecimiento en la entidad, calculando que por lo menos 518 mil habitantes han probado algún tipo de droga en su vida, siendo consumidores habituales un promedio de 32 mil.
En Ecatepec la aparición de ejecutados y mantas donde en forma “epistolar” se retan los cárteles de la droga, es una prueba más del grado de fuerza y penetración del crimen organizado, muy al estilo de las mafias que controlaron las principales ciudades de los Estados Unidos a principios del pasado siglo. Por eso, insistimos que es hora de aceptar que en esta cruenta e inútil lucha, no hay que rehuirle al tema de la legalización de las drogas. Ésta, nuestra muy humilde opinión. ¿Y usted, amigo lector, qué dice al respecto?
Agradecemos sus comentarios a nuestro correo electrónico: garrasleo6@yahoo.com.mx
