El sistema carcelario es un desastre, y no sólo porque permite fugas como la del Chapo Guzmán, sino por las condiciones de hacinamiento y cero readaptación, donde se encuentran mezclados asesinos sentenciados con fumadores de mariguana.
Dos grandes pasos para su solución sería abrir una discusión resolutiva que replantee la lucha contra las drogas y la privatización de las cárceles.
Aquí gastamos miles de millones de pesos al año en perseguir a traficantes de drogas que van a Estados Unidos, donde se consumen, se pagan y en muchos estados se permiten.
Poner los muertos y hacer el ridículo en una guerra que nunca se va a poder ganar porque siempre habrá consumidores del otro lado de la frontera, debe ser por lo menos materia de discusión.
Tal vez Claudio Lomnitz, Aguilar Camín, Sergio Sarmiento y otras personas respetadas de nuestra vida pública tengan razón. O parte de ella. Es momento de abrirnos y escucharnos.
En lo personal no creo que despenalizando drogas se logren más beneficios que perjuicios, pero el tema debe ser puesto sobre la mesa y medir el grado de intensidad que se le otorga a la persecución de los distintos delitos.
Nuestro problema es el robo a mano armada, el secuestro, la extorsión, el pandillerismo y el homicidio. Y sobre todos ellos, la impunidad.
¿Dónde ponemos nuestro dinero?
Con ese mismo pragmatismo hay que ver el tema de las cárceles como susceptibles de ser privatizadas.
Hace un par de años el académico –y ahora embajador– Otto Granados planteó que en lugares donde se han privatizado los penales éstos funcionan mejor.
¿Por qué? Porque “los incentivos estaban mal alineados o simplemente no existían o porque, como pasa ahora, cuando ocurre una fuga o motín, lo que se hace es arrestar al director y a los custodios, pero el penal sigue funcionando en espera de que suceda el próximo incidente”.
Agregaba Granados, en defensa de las cárceles en manos del sector privado: “Lo que el Estado hace es prestar un servicio público –al que está obligado– mediante una modalidad distinta y más eficaz: un particular puede atender el ciclo completo que va desde construir hasta operar un establecimiento penitenciario cumpliendo todas las condiciones, regulaciones, controles y supervisiones que le marca el gobierno contratante y éste paga por ese servicio. Como el incumplimiento de una sola de dichas condiciones conlleva no sólo la cancelación del contrato sino penalizaciones económicas muy elevadas, el prestador del servicio tiene incentivos claros para impedir los problemas habituales que ahora vemos en las cárceles mexicanas y de otras partes”.
Hubo discrepancias con las afirmaciones de Otto Granados. Pero a la luz de realidades tan contundentes como la fuga del Chapo y las prisiones como escuelas del delito, bien vale la pena reabrir la discusión. Hay que oír y actuar.
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