Durante los últimos dos años, pero especialmente en semanas recientes, se han recrudecido las manifestaciones de rechazo a la evaluación magisterial y a la reforma educativa. Las consignas van desde: “Es una reforma tecnocrática”, “No es una reforma educativa sino laboral”, “Es una reforma punitiva en contra del magisterio”, hasta "Un simple examen de ocho horas frente a una computadora no puede decidir la promoción y la permanencia de todas las trabajadoras y los trabajadores de la educación", entre otras.
En efecto, la reforma educativa no modificó planes y programas de estudio –ya que stricto sensu ese es un tema de política pública y no jurídico–. El objetivo de esta reforma fue recuperar la rectoría de la educación que esta(ba) en manos de las cúpulas sindicales, en donde las plazas se heredaban, vendían y asignaban arbitrariamente. Tu cercanía, grado de compadrazgo con los líderes, utilidad política y número de marchas a las que asistías incidían directamente en la plaza y las promociones que recibías. Por esta razón, una de las pretensiones más importantes de la reforma educativa es garantizar una educación de calidad, ergo que las promociones y las plazas sean asignadas en relación con méritos pedagógicos, académicos y profesionales.
El medio que se eligió para poder diagnosticar de alguna forma las capacidades de las y los maestros son las evaluaciones. Para lo anterior se creó un organismo técnico y autónomo: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Si bien es cierto que falta perfeccionar los instrumentos y procesos diseñados por este organismo, indudablemente es una alternativa más justa para que aquellos maestros con vocación y preparación sean los que reciban el reconocimiento que merecen y para que sean ellos los que estén frente a grupo enseñándoles a nuestros niños.
Dicen que “el que nada debe, nada teme”. Entonces, ¿por qué tanto miedo y rechazo a las evaluaciones? ¿Será porque consideran que una evaluación no puede realmente medir competencias y/o conocimientos básicos? O más bien ¿será porque se pondrá en evidencia que un considerable número de personas con plaza docente, que en realidad nunca se han parado frente a un grupo o que se ausentan de las aulas una cuarta parte del ciclo escolar, obviamente no tienen las capacidades y conocimientos necesarios para ostentar esa plaza?
Las consecuencias de la evaluación, contrario a lo que vociferan sus detractores, no es punitiva. Los maestros tienen derecho a obtener capacitaciones además de tener tres oportunidades para aprobar la evaluación. Si todavía no llegan al nivel suficiente en la tercera evaluación, la consecuencia no es el despido –como sería en cualquier otro trabajo en el que no tienes las habilidades para hacer lo que se te pide; los maestros con plaza docente anterior a la reforma educativa, y con niveles insuficientes, conservaran su empleo, pero se les readscribirá a otra área. Es decir, ya no serán maestros frente a grupo, pero mantendrán un trabajo.
Mientras tanto, líderes sindicales se manifiestan fuertemente en contra de la evaluación. Tal es el caso de Ruben Nuñez, líder de la Sección 22 de Oaxaca, quien cobra de recursos provenientes del presupuesto educativo 100 mil 164.86 pesos mensuales (SEP, 2015) no por dar clases, sino como él mismo refiere –y en contra de la ley– “por hacer política”. ¿No será que lo que busca en realidad es su permanencia en el poder y mantener a la educación pública sometida a sus intereses personales? Ni mencionar lo atractivo de seguir recibiendo cientos de miles de pesos mensualmente del gasto educativo...
Ya no podemos dejarnos engañar por aquellos que con falsos argumentos han corroído y vendido la educación en México
¡Tenemos que luchar por el derecho de los niños y niñas a una educación de calidad, que necesariamente viene acompañada de maestros preparados!
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