El presidente López Obrador explotó contra todos, una vez que se enteró que había una especie de ‘frente común’ contra su iniciativa
Andrés Manuel López Obrador se metió a
fondo en la reforma al sistema de pensiones que comenzó a operar a partir del 1
de enero de 2021. El punto de quiebre fue el tope a las comisiones que cobran
las Administradoras de fondos para el retiro (Afores), que a nadie del sector
gustó, pero que se terminó imponiendo como decreto presidencial.
Hace dos semanas dimos a conocer aquí la
renuncia de Carlos Noriega Curtis a la Unidad de Seguros, Pensiones y
Fianzas de la Secretaría de Hacienda, la cual se hizo efectiva el 31 de
diciembre.
Las razones de Noriega Curtis, expresidente
de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), fueron básicamente dos: la
primera, porque su objetivo principal era sacar una reforma al sistema de
pensiones, lo cual finalmente se logró, y la segunda porque el secretario Arturo
Herrera no lo apoyó con el Presidente para evitar el tope de comisiones,
el cual es visto por todos (Afores, regulador y autoridades financieras) como
una medida regresiva.
La reforma al sistema de pensiones se trazó
al inicio del sexenio, con el entonces titular de Hacienda, Carlos Urzúa,
quien renunció abruptamente en julio de 2019 a través de una carta explosiva,
en la cual esgrimió argumentos como un ‘extremismo’ presidencial en las
decisiones de política económica y la imposición de funcionarios sin
conocimiento de la Hacienda pública.
Carlos Noriega Curtis y Abraham Vela
Dib, actual presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el
Retiro (Consar) —regulador del sector—, fueron invitados por Urzúa para
colaborar en la elaboración de la reforma. Sin embargo, ambos se sintieron
frustrados por el poco apoyo del actual titular de la dependencia, Arturo
Herrera, particularmente en lo que se refiere al tope de 0.54% en las
comisiones, el cual se fijó tomando en cuenta el promedio que cobran las Afores
en tres países: Estados Unidos, Chile y Colombia.
El Consejo Coordinador Empresarial en su
conjunto, así como las organizaciones directamente involucradas, como la
Asociación de Banco de México y la Amafore, rechazaron el tope de comisiones,
pues significa un control de precios nocivo para el sector. La misma Consar
veía mal el tope máximo, a lo cual se sumaron la opinión de la Comisión Federal
de Competencia Económica y de organizaciones internacionales, como la
Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Esta última explicó que cada uno de estos
países (EU, Chile y Colombia) tienen un sistema distinto y su comparación para
establecer una equivalencia en las comisiones no es sencilla ni recomendable,
pues resulta arbitraria y poco representativa.
No obstante, el presidente López Obrador
explotó contra todos, una vez que se enteró que había una especie de ‘frente
común’ contra su iniciativa. La opinión de la Cofece y la presión pública de la
Amafore en el tema de las comisiones terminaron por radicalizar al titular del
Ejecutivo, quien ordenó a los legisladores de su partido aprobar la reforma
fast track como él la envió.
La propuesta que intentaron impulsar la
Consar y Noriega Curtis era que las Afores accedieran a disminuir a 0.70% las
comisiones en 2021, es decir, llevarlas a estándares internacionales, pero no
hubo consenso, lo que terminó saliendo más caro.
Actualmente, el promedio de las comisiones
que cobran las 10 Afores que operan en el sistema, aprobado por la Consar para
2021, es de 0.80%. El acuerdo realizado a inicios del sexenio era que, hacia
2024, se reduciría a 0.70%, pero con la legislación vigente tendrán que se
regularse a un promedio de 0.54% en 2022.
La Amafore anticipa que esto hará quebrar a
algunas administradoras de pensiones.
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