El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa militar para que administre cuatro aeropuertos y tres tramos del Tren Maya
La empresa militar para administrar cuatro
aeropuertos y el Tren Maya que quiere crear el presidente Andrés Manuel López
Obrador tiene varios precedentes, y uno de ellos es el polémico Instituto de
Previsión Social Militar (IPSM) de Nicaragua.
Este organismo es el encargado de
administrar las inversiones y pensiones del ejército nicaragüense, aunque se
desconoce a ciencia cierta el manejo público de los recursos y los fondos con
los que cuenta actualmente.
Su fundación se remonta a septiembre de
1994, durante el mandato de la presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de
Chamorro, que se vio envuelto en una crisis de desempleo, privatización de
empresas del Estado, austeridad fiscal y recortes presupuestales en materia de
salud pública.
Para establecer el IPSM se vendió una flota
de helicópteros y vehículos militares a los ejércitos de Perú y Ecuador, con lo
cual se obtuvieron recursos por casi 15 millones de dólares.
Según el Código de Organización,
Jurisdicción y Previsión Militar de aquel país, entre sus principales
actividades están ofrecer planes de ahorro y pensiones complementarias,
programas para préstamos hipotecarios, financiamientos personales, y cualquier
otro plan de asistencia o mejoramiento social que autorice la administración en
turno.
No obstante, todos estos beneficios se
pierden si el personal castrense es dado de baja, ya sea por deserción o
sentencia de algún tribunal militar.
El sueño del presidente López Obrador
consiste en crear una empresa desde las Fuerzas Armadas para administrar los
aeropuertos de Chetumal, Palenque, así como también los futuros puertos de
Santa Lucía y Tulum, y al menos tres tramos del Tren Maya.
Según las palabras del mandatario mexicano,
con las ganancias de dicha administración, totalmente militar, se podrán
financiar las pensiones o planes de ahorro para el retiro del ejército
mexicano.
“Primero, porque tenemos que proteger esta
obra para que no haya la tentación de privatizarla y qué mejor que dejársela a
las Fuerzas Armadas y que tenga como propósito el financiar las pensiones de
marinos y de soldados. Ese es un objetivo”, comentó el fin de semana pasado en
una gira por Quintana Roo.
“Una empresa que dependa de las Fuerzas
Armadas con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los
aeropuertos, que sea autosuficiente, y que las utilidades de esta empresa se
destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas
Armadas”, adelantó el mandatario mexicano.
EL MODELO NICARAGÜENSE
Una auditoría de la firma Price Water House
Cooper (PwC) reveló que en 2009, el polémico IPSM tenía inversiones en Wall
Street, así como también en algunas instituciones financieras de Nicaragua y
Panamá.
Los activos de la institución también son
invertidos en bienes raíces, como hoteles o complejos residenciales, hospitales
y tiendas de conveniencia o autoservicio.
Los recursos se obtienen a través de las
empresas que el IPSM administra y que ha ogrado adjudicarse con el paso de los
años, muchas de ellas con capital propio o con socios inversionistas.
De acuerdo con el portal de noticias de
nicaragüense Confidencial, desde el siglo pasado el IPSM es dueño de Coniasa y
Fetesa, empresas de construcción y venta de maquinaria industrial; también es
socio de la aseguradora ASSA y el Banco de Finanzas. Hasta 2012, según una
serie de auditorías y fuentes castrenses, los fondos del instituto rondaban
entre los 90 y 100 millones de dólares.
La junta directiva del IPSM está conformada
por generales, coroneles y más personal militar, quienes responden ante el jefe
del Ejército de Nicaragua, Julio Avilés.
En mayo de 2020, Avilés y Adolfo Acosta
Montalván, ministro de Hacienda y Crédito Público, fueron acusados por el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos por negarse a desmantelar las fuerzas
paramilitares después del boicot social que vivió Nicaragua en abril de 2018.
Además, fueron señalados por proporcionar
armamento para reprimir las protestas por la reforma al sistema de pensiones,
la cual fue aprobada sin consenso de los empresarios y, como en México,
obligaba a elevar el monto de las aportaciones para trabajadores.
Cuatro meses después de estos hechos, Grupo
ASSA compró 25 por ciento de las acciones del Banco de Finanzas. Según
analistas financieros de Panamá y Nicaragua, la transacción se realizó para
“proteger” a ASSA y el Banco de las sanciones del gobierno estadounidense.
No obstante, el Departamento del Tesoro
bloqueó todos los bienes y cuentas de Avilés y Acosta en Estados Unidos.
EL PLAN MEXICANO
Desde el anuncio en Quintana Roo, el
presidente López Obrador no ha revelado información adicional para la
constitución de esta empresa. Sin embargo, este 14 de diciembre, a través de la
Sedena y Banjercito, se creó la empresa “Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles S.A. de C.V.” para administrar y explotar los derechos de estas nuevas
instalaciones ubicadas en Santa Lucía, Estado de México.
Según un decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), esta compañía fue creada con una aportación
inicial de un millón de pesos, de los cuales 990 mil pesos corresponden a
Sedena y el resto fue puesto por Banjercito.
La firma podrá administrar, operar,
explotar y construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, prestando los
servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales necesarios. Estas
actividades podrán ser con algún tercero.
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