El Fondo de Desastres podría recibir el mismo presupuesto que este año, es decir, 100 millones de pesos
En el proyecto de presupuesto del siguiente
año plantea que al sector salud se le asignarán 400 millones de pesos para ser
ejecutados por el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), a fin de
atender la emergencia sanitaria, y de ser necesario, para comprar vacunas.
Además, para el 2021 el Fondo para la
Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos tendrá
nuevamente 100 millones de pesos para la Coordinación General de Protección
Civil.
Esa cantidad es idéntica a la de este 2020,
aunque en esta ocasión se precisa que el dinero irá a esa área y de existir un
remanente se destinará para atender a la población afectada y los daños
causados a la infraestructura pública estatal por desastres y siniestros
ambientales o antropogénicos.
La propuesta de presupuesto indica que de
existir remanentes se podrá utilizar hasta un 60% para acciones de prevención y
equipamiento, de acuerdo con las reglas de operación del fondo.
Los recursos también se podrán utilizar
para implementar total o parcialmente el Sistema de Alertas Tempranas y
Emergencias del Estado de México, el cual fue aprobado por la actual
Legislatura local en abril del 2019.
En este año la partida para ese fondo
también fue de 100 millones de pesos, y adicionalmente, en el presupuesto las y
los diputados establecieron que los municipios debían destinar al menos el 10%
de los recursos que reciban del Fondo estatal de Fortalecimiento Municipal
(FEFOM) a Protección Civil.
En 2010 el fondo para la atención de
desastres nació con 75 millones de pesos que se ejercieron y agotaron ese mismo
año para atender las lluvias atípicas; aunque en 2011 llegó a 150 millones.
Más adelante, entre 2012 y 2016 el monto
llegó a 200 millones. En 2017 aumentó a 222 millones y en 2018, prácticamente
se duplicó a 500 millones para apoyar en la reconstrucción por los sismos de un
año antes.
En 2019 y 2020 la partida quedó en solo 100
millones de pesos; sin embargo la aplicación de esos recursos no ha sido
transparentada, ni auditada por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM).
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