El Estado mexicano enfrenta problemas estructurales como el acceso a la salud, pero su obligación es garantizarlo, especialmente a grupos vulnerables
La situación de vulnerabilidad de los adultos
mayores ha venido a ser agravada por la pandemia de Covid-19 y
por la indiferencia de las autoridades para atender derechos humanos inmediatos
como el cuidado a la salud y el sustento diario.
Así lo afirmó Laura Alicia Camarillo Govea,
directora de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), al resaltar que en todos los contextos la obligación de los
Estados es la protección y promoción de los derechos es permanente.
Invitada al congreso internacional “Desafíos
inéditos para los derechos humanos en el contexto de la pandemia Covid-19”,
organizado por la Codhem, afirmó que la pandemia ha puesto la llaga en
problemas estructurales como el acceso a la salud que ha expuesto los matices
de la propia contingencia.
La pandemia no distingue población, pero sí
pone de relieve la invisibilización de los grupos vulnerables en el doble
contexto de Covid-19 y enfermedad, como en el caso de los adultos mayores,
aunque aún no se puede cuántas personas están dentro de este estatus.
Más allá de las cifras, que en México han
tenido un impacto importante, se registra una aparente normalización de
la pandemia con el relajamiento de algunas medidas, pero nos
encontramos ante a un probable rebrote, el cual obliga a hacer reflexiones
académicas, en el tema de los adultos mayores y el Covid-19, dijo.
En México, hasta 2017 la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo reportaba 14.6 millones de adultos mayores, de los cuales
menos de 80% saben leer y escribir y apenas 27.2% son población económicamente
activa, refirió la invitada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, (Codhem).
En Baja California, anotó, esa misma
encuesta reporta que apenas 8.7% de hombres y mujeres adultos mayores forman
parte de una población de 3.5 millones de habitantes en el estado, que ya debe
haber llegado a 4.5 millones de habitantes.
La doctora Camarillo Govea recordó que
hasta abril de este año había 16 mil casos confiados y mil 569 defunciones por
Covid-19, de los cuales 58% son hombres y 41.98% mujeres a nivel nacional, pero
en los últimos meses las cifras nacionales y de las entidades federativas se
han disparado.
Refirió a la Convención Interamericana de
los Derechos Humanos, recientemente ratificada por el Estado mexicano, como un
garante de estos derechos para los adultos mayores con énfasis en su
valorización, su papel en la sociedad, su contribución al desarrollo, su
dignidad, autonomía e independencia, la igualdad y la no discriminación.
Peso se requiere un análisis más profundo
para conocer para el acceso a la salud y su derecho a una cama, a medicamento
durante el contexto de la Covid-19, pues en México tenemos otra pandemia que es
la obesidad, las cardiopatías y la diabetes, sostuvo.
Reconoció que los gobiernos mexicanos están
agobiados con la atención a la pandemia, pero no debe perderse de vista el
derecho de otros grupos vulnerables como las mujeres que sufren violencia
durante el encierro, pues junto con los adultos mayores son los más afectados.
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