Enrique Quintana
Ayer, el presidente López Obrador insistió de nuevo en que en México tenemos un exceso en el gasto público. A su juicio, una de las razones de esto es la abundancia de organismos reguladores o de instituciones paralelas al gobierno, “que brotaron como hongos”.
Puso como ejemplo el sector energético en donde refirió que abundan. Y preguntó: ¿entonces para qué Pemex, la CFE o la Secretaría de Energía?
No sólo es el presidente quien tiene la imagen de que tenemos un Estado que gasta en exceso. De hecho, por años, una de las banderas del sector privado era que tenía que reducirse el gasto público.
La realidad es que en México el Estado gasta poco y además, gasta mal.
De acuerdo con cifras compiladas por el Banco Mundial ajustadas para hacerlas comparables, el gasto público en nuestro país como porcentaje del PIB es de 20.4 por ciento. El promedio mundial es de 27.1 por ciento. En América Latina ese porcentaje equivale a 28.4 por ciento y entre los países de la OCDE, el promedio es 27.3 por ciento.
En términos de pesos, el gasto público en México es –a niveles actuales– 1.56 billones de pesos inferior al promedio internacional.
Los Estados modernos requieren contar con instituciones ad hoc, personal altamente calificado, tecnología de avanzada, y estar en estructuras eficientes que frecuentemente incluyen organismos que no son directamente parte del gobierno central, para actuar profesionalmente.
El problema en México es que el presidente López Obrador partió de una premisa equivocada: el origen de todos los problemas está en la corrupción. Decía: en cuanto terminemos con ella quedarán recursos suficientes para invertir sin necesidad de recurrir ni a más deuda ni a más impuestos.
Con este diagnóstico, que nada tenía que ver con la realidad, se pensó que aparecerían 500 mil millones de pesos exclusivamente por “barrer las escaleras de arriba hacia abajo”.
No sólo no aparecieron esos recursos, sino que la pérdida de capital humano en el gobierno por las políticas salariales de la nueva administración condujo a un ejercicio ineficiente del gasto.
Además, la definición de proyectos de inversión prioritarios sobre una base ideológica y política, y no en función de sus efectos económicos o su beneficio social, llevó a que proyectos como el rescate de Pemex, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o Santa Lucía ‘chupen’ recursos que debieran estar en otras asignaciones.
Ayer, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, señaló que en América Latina los gobiernos necesitan gastar más e invertir más. Y señaló el ejemplo de México en donde la recaudación tributaria equivale apenas al 15 por ciento del PIB. Con una recaudación raquítica, el gasto también resulta raquítico.
El problema es de origen. Para tener mayor gasto se necesita pensar en una reforma fiscal profunda, que incluya un incremento sustancial de ingresos en los estados y municipios, obligando a los gobiernos locales a realizar un esfuerzo de captación adicional.
El gobierno federal, por su parte, necesita un rediseño completo del sistema tributario federal debido a los múltiples agujeros que existen.
Hasta ahora se ha apostado a la gestión que Raquel Buenrostro está haciendo en el SAT, así como a la presión que se está ejerciendo en contra de grandes grupos empresariales, con objeto de que paguen más.
Esta estrategia tiene límites. Se requiere realmente una revisión a fondo del sistema fiscal mexicano.
El problema es que reconocerlo implica admitir también que el diagnóstico que señala que todos nuestros males derivan de la corrupción… está incorrecto.
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