Enrique Quintana
Cuando se ve el panorama económico… vaya que resulta difícil a veces no ser pesimista.
Durante los primeros nueve meses de 2019 la inversión pública cayó 14.4 por ciento en términos reales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
En el caso de la inversión privada, de acuerdo con el Inegi, hasta el primer semestre de este año (último dato disponible) retrocedió 4 por ciento.
¿Cuáles son los factores que han motivado esta caída en la inversión?
En el caso de la inversión pública, el tema central es el retraso en el ejercicio del Presupuesto.
De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Hacienda la semana pasada, hasta el mes de septiembre se había ejercido solo 63 por ciento de la inversión presupuestada para este 2019. Si se quisiera terminar el año sin subejercicio en este renglón se tendría que aplicar el 37 por ciento restante en un solo trimestre, lo que no se ve viable.
En el caso de la inversión privada, su caída se explica porque se ha presentado todo un conjunto de factores que la inhiben.
Estos comenzaron desde octubre del año pasado, cuando se anunció la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco.
A partir de ese momento empezaron a aparecer elementos que fueron estorbando a la inversión. Por ejemplo, la suspensión de las rondas petroleras; la cancelación de las alianzas estratégicas (farmouts) de Pemex con empresas del sector privado; la cancelación de la subasta eléctrica, por citar solamente algunos.
En el curso del año fueron surgiendo nuevos ingredientes, como el conflicto que la CFE entabló con las empresas constructoras y operadoras de ductos. Aunque al final haya llegado a un arreglo, el episodio también dañó la confianza.
A eso agregue usted el tema de la reforma para equiparar la defraudación fiscal a deliencuencia organizada, que muchas empresas vieron como terrorismo fiscal.
El tema de la reforma a la Ley de Extinción de Dominio también apareció en el escenario generando el temor de que el gobierno tenga un instrumento jurídico que pueda ser usado discrecionalmente contra el sector privado.
Más recientemente está el asunto de la legalización de los autos ‘chocolate’, que volvieron a poner los diputados en la Ley de Ingresos.
Sume a ello el cambio de reglas en los Certificados de Energía Limpia (CEL), que afectaron a empresas que habían estado invirtiendo en la generación eléctrica a través de fuentes renovables.
Hay muchos más detalles. Los anteriores son solo ejemplos muy visibles.
Cuando se observa este panorama, no resulta sorprendente que la inversión privada haya caído, sino que no lo haya hecho más.
No se ve sencillo que se pueda dar la vuelta a esta tendencia negativa.
En el Presupuesto de 2020 ya observamos que hay la previsión de una caída adicional en la inversión pública en 5.4 por ciento. En el caso de la inversión privada, no se percibe la voluntad del gobierno federal para cambiar los inhibidores por incentivos.
Es en este contexto que las previsiones de crecimiento para el 2020 apenas apuntan a niveles superiores al 1 por ciento. Pero incluso esas estimaciones van a ser optimistas si no cambian las políticas.
El gobierno apuesta a la ratificación del T-MEC para que sea el gran catalizador de nuevas inversiones. Ojalá se apruebe.
Pero, con todo y el Tratado, el país va a crecer muy poco si el gobierno no adopta otra visión.
¿Podrá hacerlo?
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