Tlalnepantla, Méx. Luego de permanecer 17 años en prisión cautelar por el homicidio de María de los Ángeles Tamez Pérez, regidora panista de Atizapán de Zaragoza, un juez penal ordenó ayer la liberación de Daniel García Rodríguez y Felipe Reyes Alpízar Ortiz, pero determinó que continúen el proceso penal con el uso de brazaletes electrónicos.
Los inculpados fueron encarcelados en 2002, en lo que agrupaciones civiles internacionales consideraron el proceso más largo de prisión preventiva sin sentencia en todo el mundo occidental.
La propia Constitución mexicana estipula que esta medida no puede prolongarse más de dos años.
El juez penal de primera instancia del distrito judicial de Tlalnepantla, Felipe Landeros Herrera, determinó procedente la sustitución de la medida cautelar a petición del fiscal general del estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.
Durante la audiencia de continuidad celebrada el lunes pasado en los juzgados del penal de Barrientos, el juez dijo no tener facultades para modificar la medida cautelar.
Daniel García y Reyes Alpízar serán excarcelados una vez que les sean colocados los brazaletes electrónicos. Se espera que el fiscal o su representante acudan hoy al juzgado a ratificar la modificación de la medida cautelar.
Precisó que los imputados deberán presentarse periódicamente a las audiencias, no tener contacto con los ofendidos o sus familiares ni acercarse a sus lugares de residencia y no salir de la entidad.
El juzgador detalló que las medidas se aplicarán inmediatamente a los procesados, por lo que no es necesario convocar a una nueva audiencia para que surtan efecto.
A los familiares de Tamez Pérez se les concedieron medidas de protección, entre ellas atención médica, sicológica y jurídica.
El caso fue tema de análisis y derivó en la intervención de organismos internacionales, entre ellos la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de ese organismo multilateral, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –que recientemente admitió el estudio del caso– y Amnistía Internacional.
Desde 2017 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU reiteró su llamado al Estado mexicano y recomendó la liberación inmediata e incondicional de Daniel García y Reyes Alpízar, luego de argumentar que ambos fueron detenidos sin mandamiento judicial porque no había pruebas en su contra y ambos fueron arraigados, en un acto inconstitucional.
En 17 años el expediente acumuló 64 tomos y más de 200 testimonios. Muchos de los testigos no han sido localizados, se niegan a acudir a las audiencias y el supuesto homicida material, Jaime Martínez o Elías Gutiérrez, no ha sido ubicado por las autoridades.
Jorge Alberto Quesada, de la organización civil Pena sin Culpa, que ha dado acompañamiento a familiares de los dos indiciados, explicó que se acopian pruebas para demostrar al juez que el presunto homicida no pudo haber sido contratado por los imputados porque el 5 de septiembre de 2001, cuando se cometió el homicidio de la regidora panista, este hombre estaba recluido en un penal de Hidalgo.
Jaime Martínez cumplió su pena en 2011 y quedó libre, pero la fiscalía mexiquense no detuvo al presunto homicida material.
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