Julio Hernández señaló que la denuncia penal será ante la FGR y administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal por delitos contra la administración de la justicia
Por considerar que durante el auto de vinculación en el juicio contra Rosario Robles hubo diversas irregularidades, la defensa de la ex secretaria de Desarrollo Social anuncio que analiza la posibilidad de denunciar penal y administrativamente al juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
Así lo informó el abogado de Robles Berlanga, Julio Hernández al señalar que la denuncia penal será ante la Fiscalía General de la República (FGR) y administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por delitos contra la administración de la justicia.
Especifico que están recabando pruebas y elementos para presentarlas antes las instancias correspondientes a la par de que buscarán interponer un amparo contra las medidas cautelares que le dictó el juez.
Por otra parte, indicó que la próxima semana presentara la apelación contra la prisión preventiva justificada para que Robles Berlanga, pueda llevar su proceso en libertad.
Hernández considero que el actuar del juez resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, al haber dictado la prisión preventiva justificada a la ex secretaria de Estado.
Por otra parte, le reitero a la Fiscalía General de la República su “voluntad de colaborar en las investigaciones relacionadas con María del Rosario Robles Berlanga” y las investigaciones relacionadas con el desvío de recursos en la Sedesol y Sedatu.
Desde su punto de vista, es público y notorio que dicho Juzgador al resolver indebidamente respecto a la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, presumiblemente lo hizo atendiendo a razonamientos políticos y personales, sin respetar criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales de manera categórica han sostenido que la prisión preventiva tiene que ser excepcional, de lo contrario la imposición de la misma violenta la Presunción de Inocencia de un imputado que no ha recibido Sentencia Condenatoria por un Tribunal competente, tal y como acontece con nuestra defendida”.
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