CIUDAD DE MÉXICO
Rosario Robles se ha convertido en una suerte de “perseguida política” sin pruebas en su contra, afirmó su abogado Julio Hernández, al referirse a la audiencia de este jueves en la que la exsecretaria de Desarrollo Social fue imputada por ejercicio indebido de la función pública.
Varias autoridades se han ensañado en estos momentos contra Rosario Robles, y da la impresión de que sí la están persiguiendo, de manera organizada”, dijo, al destacar que “incluso ya desde el Congreso se está proponiendo imponer un juicio político”.
Yo sí veo un afán de persecución, en este caso por autoridades menores, pero con el fin de causarle algún daño”, enfatizó en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio
El litigante adelantó que el próximo lunes, en la siguiente audiencia, demostrarán que los dichos por supuestos “testigos protegidos” de la Fiscalía General de la República (FGR), colaboradores de Robles Berlanga, “no tienen fundamento”.
Afirmó que se cuenta con todos los hechos probatorios para acreditar su inocencia “como haremos el próximo lunes”, aseguró.
En concreto, precisó, “la Fiscalía la acusa, por testimonio conocido de tres testigos protegidos, que 'según su dicho', comunicaron (a Robles), que detectaban algunas irregularidades y que ella no lo comunicó a su superior jerárquico”, pero, recalcó, “tenemos las pruebas de que ella no incumplió con ninguna obligación que la ley le ordenaba, ni mucho menos una falta administrativa”.
Y aclaró que a la extitular de Sedesol y de Sedatu durante la pasada administración federal “no se le acusa de desvío de recursos, ni de lucro indebido”, o de haber beneficiado a alguien.
Además, el abogado adelantó que buscarán evitar la vinculación a proceso antes del próximo miércoles, cuando vence el plazo de ampliación de 144 horas otorgado a la defensa por el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo, al destacar que los datos por los que se le podría vincular “son muy escasos, aun así, confiamos en que demostraremos que Rosario es inocente”.
Sin embargo, alertó que aunque el delito de ejercicio indebido de la función pública, del que se acusa a la exsecretaria de Desarrollo Social, se sanciona con dos y hasta siete años de prisión, en caso de emitirse la vinculación a proceso, este “sería solo el inicio de un largo camino judicial”.
Sería apenas la bandera de salida de una averiguación formalizada de los hechos, de manera que tampoco implicaría ninguna aceptación o ninguna prueba”, subrayó.
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