En una tragedia laboral se ha convertido el Plan de Austeridad del Gobierno federal, que contempla recortar al 70 por ciento de las plazas de confianza (poco más de 200 mil empleos), consideró el Senado de la República en un punto de acuerdo que está por subir al Pleno a propuesta de la oposición, y que está abierto a quien quiera suscribirlo.
De acuerdo con el documento, que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria, los legisladores solicitarán al Gobierno federal un informe sobre cuántos trabajadores del sector público han perdido su empleo y el estado que guardan sus indemnizaciones, el impacto en la tasa de desempleo, la reducción en el costo de la administración pública y el beneficio logrado a favor de la sociedad.
Señalaron que los perjuicios para la vida de miles de servidores públicos y sus familias ha sido descomunal, ya que no sólo han despedido a miles de trabajadores sin indemnización y sin explicación alguna, sino también ha habido recortes salariales y de prestaciones y se ha ampliado la jornada de trabajo, violando claramente sus derechos laborales, lo que ha dado paso a miles de amparos.
Resaltaron que esta situación ha pegado no sólo en la burocracia, sino también en la política de generación de empleo, pues de acuerdo con información del IMSS, durante diciembre de 2018, cuando arrancó el actual gobierno, “se perdieron 378 mil empleos formales; es decir, el 1.9 por ciento de las plazas en el país; se perdieron 36 por ciento de los empleos generados en 2018 y se provocó que la generación anual de empleos fuera 17.5 por ciento, menor que la de 2017.
El documento destacó que “los despidos en el sector público provocaron que en diciembre de 2018, según datos del INEGI, la tasa de desocupación en el país creciera al 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA), dato superior al 3.3% de igual mes de 2017, con cifras desestacionalizadas, su mayor nivel en los últimos dos años”.
Los legisladores señalaron que “el discurso del Gobierno federal ha pretendido confundir a la opinión pública cuando señala que las remuneraciones que percibe la burocracia son privilegios, cuando en realidad son conquistadas laborales. También se dice que estas medidas son sólo para la alta burocracia, pero en los hechos, los trabajadores públicos han visto alteradas sus percepciones sin importar su nivel jerárquico”.
Aunado a esto, “hasta hoy se desconocen los beneficios que ha traído la política de austeridad, y tampoco se tiene un balance de las afectaciones”. Tampoco existe evidencia que valide que los supuestos ahorros se hayan destinado con eficiencia a rubros como la educación, la salud o la inversión productiva nacional.
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