Para ello, el senador de Morena, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, propondrá una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución.
En la reforma constitucional de 2008 sólo se incluyeron cinco conductas en el catálogo de delitos en los cuales procedía la extinción de dominio: delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Después, en 2015, se añadió enriquecimiento ilícito.
No obstante, de acuerdo con la iniciativa, a más de 10 años de la reforma que creó la figura de extinción de dominio, es necesario ampliar la aplicación de esta institución a otras conductas delictivas que han aumentado en su incidencia y que afectan gravemente a la sociedad y la economía del país, y lesionan los fundamentos del Estado de derecho.
La extinción de dominio es una figura que ha dado resultados en la recuperación de bienes y recursos cuya adquisición ilícita se ha demostrado en el procedimiento respectivo, por lo que constituye un instrumento jurídico que abona en el combate a la delincuencia, porque una de sus finalidades es socavar el poder económico que ostenta la delincuencia, para así facilitar a las instituciones del Estado mexicano la disminución de la criminalidad.
“Casos de corrupción grave son de todos conocidos; los culpables también son del conocimiento público, así como los hechos delictivos en que han incurrido y las cantidades millonarias que tales hechos de corrupción han implicado, por ello, el Poder Legislativo no debe ser omiso en proponer adecuaciones al marco jurídico vigente que atiendan de mejor manera estos lamentables hechos”, señala la iniciativa.
Por ello, la propuesta plantea que es necesario enfrentar, con respuestas duras y contundentes, la emergencia en la que se encuentra nuestro país, ya que no es menor el agravio que la comisión de estos delitos ocasiona a nuestro pueblo.
“La impunidad no debe ser característica del Estado mexicano; de ahí la necesidad de contar con una herramienta de recuperación de recursos provenientes de hechos ilícitos en materia de corrupción”.
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