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martes, 8 de agosto de 2017

Tarjeta Informativa

El Ayuntamiento de Coacalco informa que derivado de la protesta de elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial (DGSCyV) del pasado sábado 5 de agosto, se atendió a los quejosos con quienes se firmó una minuta para resolver sus peticiones.


El Ayuntamiento realizó una Sesión Extraordinaria al día siguiente, el domingo 6 de agosto, en la que se determinó destituir al Comisario de la DGSCyV y nombrar en su lugar a Víctor Hugo Villanueva Lona.

Además, se conformó una Comisión Transitoria Especial y Plural –en la que participa un regidor del PRD y una edil del PAN- para investigar los hechos ocurridos el día 5 de agosto.

Como presidenta de la Comisión referida, se nombró a la síndico municipal Nora Luz Chávez, como secretario, al secretario del Ayuntamiento, José Gabriel Pawling; y como vocales al octavo regidor Humberto González Gaistardo y a la décimo segunda regidora Beatriz Monroy González.

Como vocales también fueron nombrados el director general de Gobierno del estado de México región Tultitlán, Edgar Martínez Barragán; el contralor interno municipal, Edgar Enrique Jaimes Heredia, el defensor municipal de los Derechos Humanos, Sandro Rodríguez Blancas; y al presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la DGSCyV, Luis Adrián Ayala López; así como a un representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En el punto de acuerdo se aprobó instruir a la Contraloría Interna Municipal, a la Dirección General Jurídica Consultiva, a la Comisión de Honor y Justicia y al enlace de Control y Confianza del gobierno municipal de Coacalco a efecto de revisar la situación jurídica de todos y cada uno de los mandos y elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial.

El gobierno municipal de Coacalco de Berriozábal reafirma su compromiso de no permitir ningún acto fuera de la ley, por lo que la Comisión citada se conformó no solo con regidores del PRD y del PAN, sino que se involucró a instancias de Derechos Humanos, de la Contraloría, del gobierno mexiquense y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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