por salvador camarena
Si Cocula es el basurero donde se quemó la imagen de este gobierno (Alejandro Hope dixit), si Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato podrían llevar a Peña Nieto a instancias internacionales por abusos de derechos humanos, si las casas Higa dejaron al peñismo en la sombra de la corrupción, OHL es el caso que se enfila para colapsar a la administración, asunto donde no ha sido negada la participación del presidente mismo en reuniones para tratar de detener el escándalo, que no aclararlo (http://bit.ly/1QiaRNV).
El último episodio de esta compleja trama da cuenta de que las autoridades federales han mordido el anzuelo que durante meses la empresa Infraiber había lanzado. Porque es el gobierno el que ha caído en la red.
Si bien sólo se pueden atribuir a esa empresa las denuncias publicadas mediante inserciones pagadas en la prensa, es decir aún no se le puede achacar la autoría de las filtraciones de audios que han dejado en claro que OHL, el gobierno del Estado de México y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, son la misma cosa, la semana pasada Infraiber logró que el tema deje de ser sólo mediático.
La Procuraduría General de la República ha tomado cartas en el asunto, y lo ha hecho de la peor manera: mostrando no sólo su parcialidad en contra de la empresa que denunció presuntas irregularidades en la concesión de carreteras mexiquenses a OHL, sino su cavernario proceder al detener mediante un comando al abogado de Infraiber, a quien además sembraron una pistola. Desde el más allá, el Negro Durazo le manda felicitaciones, Procuradora.
La faena le ha salido redonda a Infraiber, que ahora y desde una posición de víctima aumenta sus reclamos. Ayer esa empresa informó que “seguirá adelante con sus numerosas denuncias presentadas ante las autoridades financieras mexicanas y españolas, por la presunta manipulación contable que lleva a cabo la subsidiaria de OHL que es titular de la concesión para construir, operar y mantener el Circuito Exterior Mexiquense”.
En otras latitudes, una investigación de la fiscalía general sería lo más indicado para poner las cosas en su lugar. Para determinar si a Infraiber la mueve un legítimo interés de que se le haga justicia o una vulgar revancha por haber sido marginada de un negocio. Sin embargo, nuestra PGR no podrá realizar una investigación creíble si se limita sólo a buscar a los culpables de la filtración de los audios que han enlodado por igual al gobierno de la República, al del Edomex y a los sinvergüenzas de OHL.
Las pesquisas no serán creíbles si no incluyen lo que los audios perfilan: que desde tiempos en que Peña Nieto gobernaba el Edomex, se permitió a OHL un esquema no de negocio, sino de expolio, un atraco a los ciudadanos que tomará décadas subsanar, porque no es sólo que cobren abusivas tarifas en el peaje, sino que la concesión implica una deuda que sólo por el Circuito Exterior Mexiquense asciende a casi 30 mil millones de pesos (http://eluni.mx/1DPDt04).
La poderosa narrativa de los audios avasalla las ridículas explicaciones oficiales de que las voces de los funcionarios ahí balconeados fueron editadas. Por si fuera poco, las suspicacias crecen tanto por la opacidad con la que ha procedido el gobierno del Estado de México (ocultando información de las concesiones), como por la esclerótica reacción del gobierno de Peña Nieto.
Imposible no recordar el fantasma de Watergate. Veremos qué hace la prensa, veremos qué hace el Congreso. Y veremos si el gobierno porfía en su intento de encubrir antes que de investigar.
Twitter: @SalCamarena
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