Los mexicanos adquirieron consciencia del valor de su participación política. Desde entonces, los ciudadanos de esta nación comenzaron a participar y a organizarse para decidir y plantear soluciones a problemas que afectan a toda la sociedad.
El despestar de esta conciencia cívica transformo la relación con el gobierno y la sociedad; esté a tenido que establecer una relación más cercana, informativa y responsable con una ciudadanía que demanda el cumplimiento real de sus derechos.
Desde 1980, muchos sectores de la sociedad mexicana se han organizado en diferentes tipos de movimientos y agrupaciones para lograr que el gobierno los escuche. De esta manera han surgido organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones profesionales, empresariales, ecologistas, de jóvenes, de trabajadores, de familiares desaparecidos políticos, de mujeres, de enfermos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), de indígenas, de homosexuales…y todas plantean diversas demandas al gobierno.
Todos estos grupos se manifiestan en marchas, huelgas, plantones o bloqueos, que organizan plebiscitos o consultas para presionar o negociar con las diferentes fuerzas del país. En 1990, el gobierno comprendió la preocupación generalizada de una sociedad que exigía el respeto a el estado de derecho. Para dar causa a muchas de las demandas se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tiene la función de atender las quejas de todos los mexicanos que consideran afectados sus derechos humanos por parte de una instancia del gobierno.
Para algunos investigadores sociales, el evento que marco el inicio de esta nueva participación ciudadana fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.
El sismo de aquel año afecto a muchos mexicanos especialmente a los habitantes de la capital, ante la magnitud de la catástrofe el gobierno fue incapaz de atender a todos damnificados. La respuesta de la sociedad mexicana fue sorprendente: Los ciudadanos se organizaron como nunca antes para auxiliar a las personas afectadas. La ciudadanía tomo a su cargo lo que el gobierno no podía ni sabía hacer. A partir de entonces, la ciudadanía se dio cuenta de la importancia que podía tener su participación en la solución de problemas públicos.
Como si, al mover y sacudir el subsuelo de la Ciudad de México, el terremoto de 1985 hubiera sacudido también las conciencias, aquel terrible suceso tuvo una influencia importante sobre la sociedad mexicana. Tras de rasgar y herir la capital, el terremoto parece haber acelerado un poco el ritmo de nuestra historia. Hay varias explicaciones para ello. El dolor producido por la muerte de tanta gente, parientes, amigos, vecinos, seres queridos, y el golpe de ver el patrimonio arruinado permitieron una catarsis colectiva, y el golpe de ver el patrimonio arruinado permitieron una catarsis colectiva, la expresión de antiguas frustraciones y disgustos acumulados. Insatisfacciones y desacuerdos con el orden social y político aparecieron en el espacio de crisis abierto por el terremoto.
Además, para sorpresa de propios y extraños, el gobierno mostro que no tenía ningún plan de emergencia para enfrentar dicha catástrofe: no había una política de protección civil ni recursos preparados. La ineptitud del gobierno frente a la tragedia hizo evidente para muchos que necesitaban cambios que permitieran a la sociedad conocer, criticar y cambiar los planes y políticas gubernamentales. Además, la sociedad descubrió su propia capacidad de respuesta y organización: aprendió a valorar la utilidad y la necesidad de actuar en grupo para resolver problemas específicos.
El terremoto permitió a muchos mexicanos percibir el sufrimiento de otros mexicanos, y el país entero estuvo unido durante días, y aun meses, en torno al luto, a la impresión de perdida, e incluso a la esperanza de recuperar algunas personas con vida de los escombros: este tengo momento colectivo produjo una sensación de unidad que ayudaría a poner en movimiento el proceso político de democratización.
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