TEMA LIBRE

* Presupuesto 2016 y su base cero
* ¿El apretón de cinturón será parejo?
* EPN y la selecta burocracia de oro
Por I. León Montesinos





¿Será la actual recesión económica el punto de quiebre que obligue al gobierno de Enrique Peña Nieto a restringir el estado de excepción y privilegios en que viven miles de funcionarios públicos en el país, a fin de conseguir importantes ahorros a las finanzas públicas ante el imparable desplome de los precios internacionales del petróleo?
El reiterado anuncio de la aplicación de un presupuesto base cero para el 2016 que de acuerdo a las versiones oficiales implicará una reingeniería financiera que optimice los magros recursos públicos que se vinieron a pique, deberá evitar además la duplicidad de funciones impactando en significativos ahorros; tales desafíos requieren necesariamente que el gobierno federal opere cambios realmente de fondo si no se desea que nuevamente sus buenos propósitos terminen en el archivo muerto y a un altísimo costo financiero para el país.
Debemos ponderar que si de optimizar y economizar recursos se trata, llegó el momento de restringir privilegios de la alta burocracia en cuyo habitual léxico no figura la palabra crisis. Es esa burocracia dorada que por décadas ha sido solapada por una clase política que no conoce de partidos sino de intereses personales.
Si de abrocharse el cinturón se trata y comenzar de cero es la verdadera intención presidencial, entonces la tijera de los recortes deberá comenzar por todos y cada uno de los altos puestos de los gobiernos municipales como estatales y federales. Como es sabido en estos niveles de la administración pública es donde se pagan sueldos estratosféricos por el sólo hecho de ostentar cargos de primer nivel; lo mismo a alcaldes que asesores o secretarios particulares obtienen compensaciones extras que rebasan con creces sus percepciones nominales, sin ofrecer beneficio alguno a la función pública.
Son estos excesos los que han permitido enriquecerse a familias enteras de políticos de todos los niveles que al acceder a un organismo autónomo, gobierno o dependencia, colocan en la nómina de los puestos más lucrativos a toda su parentela, ocasionado no una duplicidad de funciones sino un abominable organigrama de personal donde se inventan los más inverosímiles cargos para justificar la presencia de estos nefastos aviadores que han contribuido en buena parte a que las deudas públicas de los gobiernos estatales se disparen por los cielos, lo mismo que a nivel federal.
Si en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hay la auténtica intención de hacer funcionar esta reingeniería, bien haría no titubear en la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera en cuyo contenido se establece la prohibición a los gobiernos estatales y municipales a contratar de manera irresponsable deuda pública, así como la publicación de la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago que deberán quedar saldadas tres meses antes de concluir sus periodos.
El disminuir los montos de endeudamiento tanto en las entidades federativas como en el gobierno federal es sin duda un inaplazable asunto de supervivencia para las finanzas gubernamentales que ya han establecido un récord histórico en el ámbito de la deuda pública. En el renglón del crecimiento de la deuda de las 32 entidades federativas, se registró del 2012 al presente año un incremento del 20 por ciento al pasar de 432 mil millones de pesos a 510 mil millones. Insistimos, muchos de estos recursos se han ido en pagar nóminas de miles de zánganos y pillos que cobran altos sueldos sin trabajar.
En el ámbito federal, las cifran son aún más alarmantes pues del 2012 al 2015 la deuda pública creció en dos billones 150 mil 322 millones de pesos; es decir, casi un billón por año, para alcanzar un endeudamiento global de siete billones 503 mil 117 millones. Lo preocupante es que los multimillonarios empréstitos no se han visto reflejados en el atrofiado crecimiento económico y mucho menos en el mermado nivel de vida de millones de mexicanos.
Chihuahua es un claro ejemplo de la forma imprudente como se han conducido muchos de estos gobiernos estatales. El portal Sin embargo, acaba de publicar una investigación donde se establece que “en casi seis años, el priista César Duarte Jáquez aumentó 233 por ciento la deuda de Chihuahua, por motivos que aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantean, además, que al primer semestre de 2015 los pasivos de la entidad fueron los únicos que crecieron de entre los tres estados más endeudados del país –los otros dos son el Distrito Federal y Nuevo León–“.
De acuerdo al medio, el 4 de octubre de 2010, Duarte Jáquez recibió la entidad con una deuda de 12 mil 547 millones de pesos, para 2011 había crecido a 17 mil 316.6 millones, para el año siguiente cerró en 23 mil 284 millones de pesos, en 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, nivel en el que se mantiene hasta el primer trimestre de 2015, con 41 mil 926 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la misma SHCP.
Esto es, que de acuerdo a las cifras el mandatario incrementó la deuda pública en su gobierno en 28 mil 749 millones de pesos. ¿Dónde quedó tan elevada cifra? ¿En qué se invirtió? , porque en el espectro económico y social de Chihuahua no se ha visto reflejado beneficio alguno.
Según los informes, el 5 de septiembre de 2013, año en el que se disparó la deuda, el Congreso del estado aprobó el proyecto del Gobernador para reestructurar el pasivo, que contemplaba adquirir un préstamo a 30 años por 25 mil millones de pesos para pagar y quedar con una sola deuda, además de la colocación en el mercado bursátil de certificados por hasta 5 mil millones de pesos.
Excesos los anteriores que no deben repetirse si se aplica puntualmente la Ley de Disciplina Financiera, pero que, obvio, deben sancionarse porque un país en vías de bancarrota no puede aceptar hoyos financieros de tales dimensiones, sobre todo ante la apatía de las mismas autoridades hacendarias y judiciales que desoyeron la demanda interpuesta en septiembre del 2014 en contra del mandatario norteño a quien se señaló de desviar recursos públicos para crear el Banco del Progreso de Chihuahua, S.A de C.V, y en el que de acuerdo a la denuncia que ronca en el sueño de los justos en la PGR, están involucrados su esposa Bertha Ola Gómez Fong y su Secretario de Finanzas, Jaime Herrera Corral.
Por eso cuestionamos: ¿Podrán gobiernos como el de Duarte Jaquez y otros más como el del saliente Rodrigo Medina, en Nuevo León y del cuestionado Javier Duarte de Ochoa en Veracruz cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera? Medina entregará al Bronco un estado con un alto endeudamiento: 61 mil 180 millones de pesos, Duarte, el títere de Fidel Herrera que tiene sumido a Veracruz en un baño de sangre, inseguridad y numerosos problemas sociales, ha llegado a una deuda de 41 mil 355 millones de pesos; el D.F con Mancera al frente suma 66 mil 882 millones y hasta Sonora, con el prevaricante Guillermo Padrés, abona a la deuda global del Estado Mexicano, 19 mil 809 millones de pesos. En gran total que arroja la deuda de las 32 entidades federativas es por ello de 510 mil millones, ya citados líneas antes.
Instrumentos legales para como la referida ley deben, insistimos, aplicarse sin contemplaciones porque a final de cuentas somos todos los mexicanos, sobre todo las clases medias y las populares, las que pagamos los platos rotos. Pero hay más tela de dónde cortar, o mejor expresado, de donde meter tijera.
¿Quiere realmente establecerse un presupuesto base cero que fortalezca a las finanzas públicas y evite recortes al gasto social? Es fácil pues basta también con echar a andar la tijera de los recortes a esa burocracia, no de oro sino de diamante, representada en los consejeros de organismos como el INE, el IFAI, el TRIFE, la CNDH, y otros cientos más que escudados en su supuesta autonomía se han transformado en verdaderas mafias de exquisitos que se dan el lujo de pagar a sus secretarias privadas, sueldos que van de los 50 a los 70 mil pesos mensuales, y hasta tener chofer a su disposición. Ahora sólo resta comprobar si hay la voluntad política suficiente para que la anunciada reingeniería financiera haga realidad el anunciado presupuesto base cero del año entrante.
¿Y que acaso nuestros Ministros de la Suprema Corte y nuestros ex presidentes no pueden ser solidarios con un México en crisis? Pues bueno, sería ético que los primeros se bajaran el sueldo y sus millonarias prestaciones a la mitad y los segundos, dejarán de sangrar al país con sus pensiones vitalicias cuando en contraparte se quiere imponer a millones de jubilados una pensión de mil 60 pesos mensuales. ¿Sería lo justo, no creen?
Y para concluir este rosario de pendientes en los asuntos de las expoliadas finanzas públicas, no podemos dejar de remachar en que si el Presidente Peña Nieto no desea que sus estados contables lleguen a una “quiebra técnica”, debe poner manos a la obra en la depuración de excesos, privilegios y tantas atrocidades cometidos por la clase política en su conjunto. Si no lo hace, el presupuesto base cero, no pasará de ser una buena propuesta que en nada beneficiará a un México quebrado, hundido, sin crecimiento económico y con dos millones más de pobres. Así de sencillo.
Nuestro correo: garrasleo6@yahoo.com.mx