Hay grandes probabilidades de que el país vuelva a enfrentar una ola de violencia comparable a la que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón. Y la fuga de El Chapo Guzmán podría ser el inicio de la debacle de inseguridad que seguramente definirá el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Lo frustrante es que continúa habiendo una ceguera sistemática del gobierno federal y de los gobernadores ante una básica realidad, de lo que sucede en el país: México es inseguro y la posibilidad de que las reformas energética, educativa, fiscal y laboral tengan algún impacto en el desarrollo del país será nula hasta que existan instituciones con suficiente capacidad y credibilidad para enfrentar a los violentos y a los corruptos.
Ojalá me equivoque, pero simple y llanamente no hay ningún factor que pueda indicar que el gobierno tendrá la capacidad de detener una nueva ola de violencia. Se podría argumentar que los pasos tomados han debilitado la capacidad de las instituciones para enfrentar el crimen organizado y a los violentos.
Veamos.
Probablemente el error histórico de la administración de Enrique Peña Nieto fue unificar de nuevo la operación política y el uso legítimo de la fuerza en la Secretaría de Gobernación.
Simple y llanamente no pueden y no deben coexistir en una misma persona la responsabilidad de negociar y operar políticamente y, al mismo tiempo, manejar la seguridad pública y la seguridad nacional. Además, esta misma persona, el secretario de Gobernación, tiene la responsabilidad del acercamiento “político” (algunos dirían el control político) con los medios de comunicación; mediar a nombre del Ejecutivo con las iglesias del país; ser el responsable de las políticas públicas para proteger los derechos humanos y no olvidemos protección civil, sin obviar que es el responsable de la corporación de la inteligencia civil.
En este sexenio, el secretario de Gobernación también intervino en la negociación con los sindicatos de maestros. O sea que Gobernación está presente en todos los temas fundamentales del gobierno del país, con excepción de la economía, la lucha contra la pobreza, el turismo, la salud y la cultura.
Para agregarle turrón a este pastel de potenciales conflictos y desorden institucional, también es de esperarse que cualquier secretario de Gobernación tendrá aspiraciones presidenciales que podrían afectar las decisiones y la implementación de las líneas políticas del Ejecutivo, por más responsable y leal que sea el titular de la política interior al presidente.
Y la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán es un botón de muestra en este conflicto institucional. En cualquier otro país una vergüenza nacional como lo que fue la fuga de El Chapo exigiría que alguien asumiera la responsabilidad del fracaso que significó no cumplir con una de las instrucciones más contundentes del presidente Peña: ‘Que no se escape el capo más buscado del mundo’.
Lo que fue uno de los éxitos más contundentes y que pudo marcar la diferencia entre los sexenios panistas y el de este presidente priista, fue la recaptura de este capo, pero ahora es su gran fracaso sexenal.
Y el responsable institucional de este golpe al país es el operador político y que debe ser el garante de la gobernabilidad del país.
Es claro que no puede ser el secretario quien asuma la responsabilidad de la fuga porque es una extensión directa de la capacidad de gobernar del presidente. Este problema continuará en otras áreas cuando surja, por ejemplo, una mal manejo y apoyo para las víctimas de un desastre natural, la continua violación de derechos humanos, o el incremento de la violencia en diferentes partes del país. En todas estas situaciones el responsable sería Miguel Ángel Osorio Chong.
El colmo es que también tiene Gobernación la responsabilidad de la reforma al sistema de justicia penal en el país, que deberá de implementarse a más tardar el año que entra, y que todo indica que va a ser otro fracaso monumental.
Y esto me lleva a la otra razón por la cual seguramente se incremente la violencia y el desorden en seguridad pública en esta segunda parte del sexenio de Peña Nieto. Es tan dramático el cambio que sufrirá la administración de justicia en este país, que podríamos decir, con base en las experiencias internacionales, que seguramente habrá una verdadera parálisis en el Estado de derecho y la justicia en México.
Además, este año son nueve gobernadores novatos que asumirán responsabilidades en estados azotados por la violencia incluyendo Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Sonora.
Desorden institucional, reformas fundamentales y una curva de aprendizaje para los nuevos gobernadores; una receta para el desastre.
Twitter: @Amsalazar
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