La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) alertó que el robo de celulares es el delito más cometido en el país y que genera ganancias de alrededor de6 mil millones de pesos anuales a las bandas criminales.
Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta también que en 45 por ciento del robo a transeúntes se les despoja de su teléfono móvil.
Se advierte que la sustracción de los teléfonos celulares no sólo se traduce en una pérdida patrimonial, mayor o menor para la víctima, sino que pone en riesgo la información personal, familiar y laboral, la cual es usada para la comisión de otros delitos como el secuestro, robo de identidad y extorsión.
Ambos organismos informaron a la Cámara de Diputados que es necesario reformar el Código Penal Federal, con el propósito de adicionar un artículo 376 ter para que cuando una persona se apodere de un teléfono celular con violencia, se le imponga una pena de dos a cinco años de prisión y de 500 a 1000 días multa, sin menoscabo de las penas aplicables a los otros delitos que cometa.
Las cifras -dadas a conocer por la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del PRD, fueron turnadas a la Comisión de Justicia, junto con una iniciativa presentada por misma legisladora, que plantea aplicar la misma pena a la persona que trafique con celulares y en el caso de que el móvil sea usado para la comisión de otros delitos, la pena prevista para éste, se aumentará en una cuarta parte.
Se establece una sanción de cuatro a siete años de prisión y de mil a dos mil días de multa a quien duplique, altere, reprograme o modifique el número de identidad de equipo móvil internacional (IMEI) o cualquier otro código de identificación de un teléfono celular.
Navarrete Contreras dijo que con la reforma que propone busca que se penalice de manera eficiente la manipulación del IMEI de los celulares robados y evitar con ello que sean utilizados para otros delitos.
Manifestó que estas reformas deben ser seguidas del fortalecimiento de las campañas contra el robo de celulares y un cambio en la actitud y capacitación de los ministerios públicos, para facilitar la presentación de este tipo de denuncias y hacer expeditas las averiguaciones previas.
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