CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación rechazó la privatización de las cárceles en México, luego de la polémica que desató la situación en que se encuentra el sistema penitenciario tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrían, dijo a El Financiero que debe quedar claro que la seguridad de las cárceles es responsabilidad del Estado, y apuntó que el modelo que actualmente se tiene en el Sistema Penitenciario es el adecuado.
Comentó que incluso hay muchos penales en donde algunos servicios están en manos de empresas privadas, pero se trata de servicios como lavandería, ropa, alimentación, no la parte de seguridad, que incluso en penales privatizados es responsabilidad del gobierno.
Apuntó que “el modelo que nosotros seguimos es el modelo norteamericano y entiendo que la seguridad también en el modelo de Estados Unidos sigue siendo responsabilidad del gobierno. Lo que se privatiza, insisto, son los servicios, pero no la parte de la seguridad”.
No obstante el senador panista Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República, se pronunció a favor de un programa piloto de privatización que se aplique en algún penal del país para posteriormente poderlo aplicar en todo el sistema penitenciario del país.
Reconoció, sin embargo, que no se trata de una tarea sencilla ya que “si se continúa con un problema de corrupción tan fuerte como el que tenemos, aunque se privaticen los penales se tendrán también problemas”.
En tanto, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, afirmó que el debate tras la fuga de El Chapo, no tiene que ver con el tema de la privatización o no de los penales.
“Aquí no hay duda: el sistema penitenciario debe estar regido por el Estado y lo que importa es que se tomen las medias para que cumpla con sus funciones que son básicamente dos: una garantizar la seguridad de los penales, tanto la seguridad en el sentido de que no haya fugas, como la seguridad de los propios internos para que no sean agredidos por otros reos ni por el personal de custodia; y dos, el respeto a los derechos humanos de los internos”, dijo.
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