Las instituciones y la complejidad social

Los datos de la medición multidimensional de la pobreza deben ser asumidos en todas sus implicaciones de política pública, pero también de diseño institucional. Y si se asume que las instituciones constituyen lo que Douglas North denominaría como las “reglas del juego”, entonces habría que pensar cómo es que sus estructuras contribuyen o no a generar un juego democrático tanto en la definición de las prioridades y urgencias públicas, como en la lógica de las decisiones que se toman para su atención.

Por Mario Luis Fuentes

Una de las principales “materias primas” para la toma de decisiones y el diseño institucional y de política pública es la información estratégica y, en ese sentido, debe destacarse que 2015 ha sido un año en el que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dado a conocer poderosos instrumentos que no sólo aportan información de calidad y oportuna, sino que permiten generar escenarios que advierten de una enorme complejidad en la cuestión social.
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Hogares (ENH, 2014) muestra que la salud mental es una de las agendas no abordadas ni consideradas a la hora de diseñar las principales políticas y programas sociales. Por ejemplo, de los 104.9 millones de personas mayores de siete años que hay en el país, 57.2 millones han sentido preocupación o nerviosismo; 34.8 millones manifiestan haber sentido depresión; 32.9 millones han sentido fatiga en los últimos tres meses.
Por su parte, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid, 2014) muestra que 4% de los nacimientos no se registran (alrededor de 100 mil al año); que la tasa de embarazos adolescentes se incrementó aceleradamente en los últimos cinco años; que la tasa global de fecundidad no se ha reducido al ritmo que se esperaba, y que vamos muy lento en la reducción de la mortalidad materna, pero también de la mortalidad infantil.
La Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2014) nos alerta que somos 33.1 millones de hogares, de los cuales 5.16 millones son hogares indígenas. Del total de hogares, 12.8 millones reciben algún programa federal (Prospera, Liconsa, Procampo, desayunos o despensas del DIF, etcétera). 10.5 millones de hogares no tienen lavadora; 12.6 millones no disponen de computadora ni de internet; mientras que prácticamente cinco millones no tienen refrigerador.
De los datos de la ENUT, es de suma relevancia destacar que 70% de las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado en los hogares los siguen desarrollando las mujeres y niñas, lo cual revela la persistente estructura de desigualdad, discriminación y estereotipos que pesan sobre las mujeres en las cargas de responsabilidad en el hogar.
Frente a esta información hay dos cuestiones que deben tomarse en cuenta: la primera de ellas es que, tal y como se encuentra hoy, la estructura orgánica de la administración pública federal no cuenta con las capacidades para cumplir con el mandato constitucional de garantizar los derechos humanos de manera universal e integral, lo cual se ve reflejado en los datos e indicadores con que contamos.
La segunda es la relativa a que, en 2014, el porcentaje de personas en pobreza, medida sólo a través del ingreso, es el mismo que había en 1992; es decir, tenemos dos décadas perdidas en materia de ingresos, debido a un acelerado y permanente deterioro del trabajo.
La información con que contamos no puede ser asumida únicamente como una cuestión anecdótica; no se trata de meros datos para mejorar los programas que se están implementando.
En sentido estricto, lo que hoy sabemos debería ser el motivo para construir un diálogo nacional que nos lleve al diseño de una renovada plataforma institucional para la garantía de los derechos humanos; esto implica modificar el curso de desarrollo vigente y asumir la audacia de reconstruir un proyecto nacional incluyente, democrático y cuyo principal objetivo sea el bienestar para toda la población.