Las instituciones y la complejidad social

Los datos de la medición multidimensional de la pobreza deben ser asumidos en todas sus implicaciones de política pública, pero también de diseño institucional. Y si se asume que las instituciones constituyen lo que Douglas North denominaría como las “reglas del juego”, entonces habría que pensar cómo es que sus estructuras contribuyen o no a generar un juego democrático tanto en la definición de las prioridades y urgencias públicas, como en la lógica de las decisiones que se toman para su atención.

Por Mario Luis Fuentes

Una de las principales “materias primas” para la toma de decisiones y el diseño institucional y de política pública es la información estratégica y, en ese sentido, debe destacarse que 2015 ha sido un año en el que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dado a conocer poderosos instrumentos que no sólo aportan información de calidad y oportuna, sino que permiten generar escenarios que advierten de una enorme complejidad en la cuestión social.
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Hogares (ENH, 2014) muestra que la salud mental es una de las agendas no abordadas ni consideradas a la hora de diseñar las principales políticas y programas sociales. Por ejemplo, de los 104.9 millones de personas mayores de siete años que hay en el país, 57.2 millones han sentido preocupación o nerviosismo; 34.8 millones manifiestan haber sentido depresión; 32.9 millones han sentido fatiga en los últimos tres meses.
Por su parte, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid, 2014) muestra que 4% de los nacimientos no se registran (alrededor de 100 mil al año); que la tasa de embarazos adolescentes se incrementó aceleradamente en los últimos cinco años; que la tasa global de fecundidad no se ha reducido al ritmo que se esperaba, y que vamos muy lento en la reducción de la mortalidad materna, pero también de la mortalidad infantil.
La Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2014) nos alerta que somos 33.1 millones de hogares, de los cuales 5.16 millones son hogares indígenas. Del total de hogares, 12.8 millones reciben algún programa federal (Prospera, Liconsa, Procampo, desayunos o despensas del DIF, etcétera). 10.5 millones de hogares no tienen lavadora; 12.6 millones no disponen de computadora ni de internet; mientras que prácticamente cinco millones no tienen refrigerador.
De los datos de la ENUT, es de suma relevancia destacar que 70% de las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado en los hogares los siguen desarrollando las mujeres y niñas, lo cual revela la persistente estructura de desigualdad, discriminación y estereotipos que pesan sobre las mujeres en las cargas de responsabilidad en el hogar.
Frente a esta información hay dos cuestiones que deben tomarse en cuenta: la primera de ellas es que, tal y como se encuentra hoy, la estructura orgánica de la administración pública federal no cuenta con las capacidades para cumplir con el mandato constitucional de garantizar los derechos humanos de manera universal e integral, lo cual se ve reflejado en los datos e indicadores con que contamos.
La segunda es la relativa a que, en 2014, el porcentaje de personas en pobreza, medida sólo a través del ingreso, es el mismo que había en 1992; es decir, tenemos dos décadas perdidas en materia de ingresos, debido a un acelerado y permanente deterioro del trabajo.
La información con que contamos no puede ser asumida únicamente como una cuestión anecdótica; no se trata de meros datos para mejorar los programas que se están implementando.
En sentido estricto, lo que hoy sabemos debería ser el motivo para construir un diálogo nacional que nos lleve al diseño de una renovada plataforma institucional para la garantía de los derechos humanos; esto implica modificar el curso de desarrollo vigente y asumir la audacia de reconstruir un proyecto nacional incluyente, democrático y cuyo principal objetivo sea el bienestar para toda la población.

Lo que debe venir

El domingo se llevó a cabo una de las jornadas electorales más desacreditadas ante la ciudadanía. En medio de la violencia, el desempleo y el empleo precario, de la desigualdad y la exclusión social, más de la mitad de la población sigue creyendo que no vivimos en una democracia y, peor aún, que da lo mismo o que incluso es preferible tener un gobierno autoritario si es que éste garantiza mayor bienestar y seguridad.

Por Mario Luis Fuentes

Por eso es pertinente preguntarnos: ¿qué sigue? Y exigir respuestas satisfactorias que vayan más allá de las coyunturas y que permitan sacar al país del abismo de contradicciones en que ha sido sumido en los últimos 35 años de crisis continua y empobrecimiento masivo e intergeneracional.
En primer lugar, es exigible al nuevo Congreso de la Unión que en el periodo legislativo se dé prioridad a las urgencias nacionales, y no a lo que se vislumbra y dice desde ahora: a “construir candidaturas presidenciales”.
La primera discusión seria que habrá de abordarse es la propuesta, que sigue ahí, de armar el Presupuesto de Egresos de la Federación con “base cero”; eso implicaría, desde una perspectiva distinta a la dominante, asumir que las prioridades están en otra parte; y el Congreso debería asumir esta oportunidad para restaurar los principales valores del bienestar: seguridad social y educación con calidad y acceso universal; garantía plena del derecho a la alimentación y, en general, cumplimiento estricto del artículo 1º de la Constitución.
Debemos exigir que, por primera vez en la historia de nuestro país, la definición de cómo se integran las comisiones legislativas responda a las urgencias nacionales, y no al reparto, como si fuese botín político, en función de los escaños que se tienen en San Lázaro, porque si algo es un hecho, es que todos los partidos que están ahí representados carecen de la legitimidad suficiente como para sostener que “representan” a la soberanía popular.
La elección de las nueve gubernaturas debe asumirse como una oportunidad para replantear el esquema del federalismo salvaje que hoy impera: revisar la Ley de Coordinación Fiscal y aprovechar el mandato que tienen los gobiernos estatales de construir planes locales de desarrollo, a fin de alinear con sentido y coherencia los intereses legítimos del país.
Eso obligaría a una revisión del Plan Nacional de Desarrollo; asumir que es momento de una evaluación, sobre todo en las metas relativas al crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza, y adecuar la ruta de la administración para los próximos tres años.
Lo que es evidente es que hay temas ineludibles que deben atenderse sin regateos, entre otros: a) cómo devolver al salario mínimo el carácter constitucional de ser suficiente para una vida en dignidad: b) cómo mejorar las políticas de prevención del delito y reducción de la violencia; y cómo repensar la política de control de drogas; c) cómo generar nuevos mecanismos de control presupuestal en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción; d) cómo articular un nuevo sistema de procuración e impartición de justicia, en el marco del nuevo sistema penal acusatorio, y e) cómo reducir con mayor celeridad la pobreza y reducir las inequidades con los pueblos indígenas.
Tendrá que generarse un nuevo proceso de reflexión, mesurada y seria, en torno a la reforma política que no se ha querido llevar a cabo; pero también de la gran reforma social que se ha postergado una y otra vez, como si hubiese algo más urgente que resolver los dilemas asociados a la muerte, la enfermedad y el infortunio en que viven millones de personas en nuestro país.
No hay nada más importante que generar, de una vez por todas, un quiebre decisivo de la desigualdad y de los ciclos de reproducción intergeneracional de la pobreza; y eso no podrá llevarse a cabo sin la acción responsable y ética de nuestras y nuestros representantes.

Sentimientos de la Nación y Un nuevo federalismo social

Estamos ante la urgencia de construir una nueva lógica federalista que nos lleve a la consolidación de una nación cohesionada

Por Mario Luis Fuentes*

Nuestra Constitución establece que el municipio libre es la base fundamental de nuestra organización política; adicionalmente, encuentra en los 31 estados y en el Distrito Federal el sustento y la vocación de una república federal, cuyo pacto fundacional tuvo como propósito construir una nación unida y cohesionada en torno a un proyecto de bienestar e inclusión.

Los Sentimientos de la Nación, documento escrito hace 200 años por el generalísimo José María Morelos y Pavón, sintetiza el espíritu de solidaridad y el anhelo de justicia social que estuvo en el centro de la convocatoria y realización del primer Congreso Constituyente de nuestro país.

Desde entonces y hasta ahora, hemos enfrentado el dilema sobre cómo construir un modelo de organización política, hacendario y fiscal, que le dé sentido y orden a un proyecto compartido en todo el territorio nacional, orientado hacia la construcción de un permanente Estado de bienestar.

En el marco del debate histórico que se ha dado en esta materia, en la década de los 80 del siglo pasado inició una discusión basada en la noción del desarrollo regional, desde la cual se planteó por primera vez que a las políticas universales que se habían desarrollado a lo largo del siglo XX había que adicionarles una nueva generación de políticas de descentralización, con el propósito de equilibrar los territorios, y de impulsar las vocaciones y capacidades locales.

Lo anterior llevó, asumiendo que las entidades y los municipios podrían ser las mejores instancias para la prestación de servicios públicos —principalmente en los ámbitos de la salud y la educación—, a la implementación de una estrategia de descentralización y desconcentración, que a todas luces resultó incompleta.

El resultado, luego de 20 años de experiencia, no deja de ser paradójico, pues según la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, hoy los municipios y los estados de la República no cuentan con estructuras institucionales consolidadas; sus sistemas financieros son sumamente frágiles, mientras que sus capacidades y recursos para cumplir con el mandato que les impone la Constitución se encuentran completamente desbordadas.

Sin duda alguna, lo que hoy hace falta discutir con mayor profundidad y seriedad es cuáles son las facultades y capacidades que deben recentralizarse con el propósito de poner orden a la fragmentada república social que hoy tenemos, pero también cuáles son las facultades y recursos que deberían descentralizarse y desconcentrarse, dada la acreditada capacidad y eficacia de entidades y municipios en el manejo de ciertas agendas.

Lo anterior es de suma relevancia, porque debemos ser capaces de comprender que la República será tan fuerte como lo sea cada una de sus partes; que no podemos continuar siendo un país dividido y fragmentado y que tampoco puede continuar permitiéndose que anualmente sigan desperdiciándose miles de millones de pesos, porque no hemos sido capaces de consolidar un modelo de desarrollo efectivamente federalista.

Estamos ante la urgencia de construir una nueva lógica federalista que nos lleve a la consolidación de una nación cohesionada, y desde la cual pueda impulsarse una renovada estrategia de fortalecimiento municipal y estatal, en aras de convertirnos, con el ritmo y velocidad necesarios, en la nación incluyente y capaz de garantizar, para todas y todos, el conjunto de prerrogativas y garantías contenidas en nuestra Constitución.

*Director del CEIDAS, A.C.