¿Decálogo olvidado?

Por Luis Carlos Ugalde

Este jueves concluye la LXII Legislatura sin haber atendido la mayoría de las iniciativas de reforma que mandó el presidente Peña Nieto en noviembre pasado como parte de su decálogo para enfrentar la crisis de seguridad. ¿Qué significa? Hay tres opciones: que son propuestas que carecen de respaldo legislativo; que el presidente no cabildeó por ellas más allá de su anuncio (quizá porque no cree en ellas o porque no son su prioridad); o bien, que habiendo pasado la parte más álgida de la crisis de Ayotzinapa, la clase política vuelve al confort y presta atención a sus asuntos cotidianos, notablemente las elecciones.

El 27 de noviembre el presidente anunció en Palacio Nacional una serie de medidas para enfrentar la crisis de seguridad y gobernabilidad, entre ellas una iniciativa de reforma constitucional para que el Congreso pueda expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; otra para la creación de policías estatales únicas; una más para redefinir el sistema de competencias en materia penal; otra para expedir nueva legislación en materia de combate a la corrupción. También propuso impulsar acceso a la justicia cotidiana, mediante reformas que serían propuestas a partir de foros organizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La semana pasada se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción
–iniciativa impulsada por el PAN y que será promulgada una vez que logre el respaldo de la mayoría de los congresos locales– y ayer se presentaron las propuestas del CIDE para acceder a la justicia cotidiana. Entre éstas se encuentran muchas medidas administrativas y de coordinación entre las instancias de impartición de justicia, entre ellas crear los centros de asistencia jurídica temprana, desarrollar una política nacional de mejora regulatoria, revisar el modelo de justicia familiar, crear mecanismos de “justicia de barandilla” y “justicia itinerante” y un modelo de policía de proximidad.

El Sistema Nacional Anticorrupción, así como las medidas propuestas por el CIDE, son parte del decálogo del 27 de noviembre, pero no eran su eje central ni propuestas del presidente. Son medidas buenas en el papel y una ruta correcta para mejorar el Estado de derecho, pero surtirán efecto en mucho tiempo. La pregunta es qué hará el gobierno si sus medidas centrales –intervención municipal para combatir infiltración del crimen organizado y el mando único estatal– no lograron el consenso ni la atención urgente.

Muchos expertos han explicado que la propuesta de mando único estatal es indeseable porque hay algunas policías municipales que funcionan bien y que sería perverso castigar esos esfuerzos exitosos mediante su desaparición. Sugieren ir caso por caso. Respecto a la infiltración del crimen organizado, nada garantiza que la intervención federal sea la solución puesto que algunas de sus áreas también pueden estar infiltradas y que la medida podría estimular conflictos políticos entre gobiernos de un partido y aquellos de otros.

Con el final de la LXII Legislatura y la mayor conflictividad que traerá aparejada la nueva a partir de septiembre (inicia la segunda mitad del sexenio y se acerca 2018) es probable que éstas como otras reformas se estanquen. Que ya no haya forma de seguir adelante con la agenda reformista, salvo la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción y otros asuntos pendientes que son obligatorios como parte de otras reformas.

¿Cómo conducir la segunda mitad del sexenio y enfrentar otras crisis que pueden sobrevenir en materia de seguridad o de corrupción? ¿Cómo lidiar con otro Ayotzinapa o con otra 'casa blanca'? Más allá del tema operativo y táctico para enfrentar a los capos del crimen organizado de forma cotidiana y la prevención para evitar otra crisis como la de Iguala, el gobierno debe navegar con lo que tiene en materia de construcción de un Estado de derecho: cumplir la primera parte de la implementación del sistema de justicia penal adversarial en 2016; concluir la legislación anticorrupción y dejar que el sistema empiece a operar sin restricciones; e iniciar la ejecución de algunas de las propuestas del CIDE.

El 27 de noviembre el gobierno tuvo una oportunidad histórica de relanzar la agenda de gobierno para enfrentar el mayor problema histórico de México: la falta de un Estado de derecho que genera impunidad y ella fomenta la corrupción y la inseguridad. Optó por medidas parciales que ni siquiera cuentan con la aceptación de los partidos ni con el apoyo de especialistas. Ya no hay tiempo de relanzar otro plan ni programa, ni capital político para ello. Por eso, lo único viable es trabajar con lo que se tiene, que es mucho.

La agenda de la elección presidencial de 2018 será muy probablemente la de la integridad, legalidad y la forma para construir un imperio de la ley. Buena parte de la agenda del Pacto por México es muy positiva pero surtirá efectos en el mediano plazo. Este gobierno no podrá cosechar los aplausos de sus resultados. Por ello está en su mejor interés sumarse y colgarse de la agenda de la legalidad, el combate a la corrupción y la justicia cotidiana. Son lámparas para caminar hacia 2018. No están todos los elementos en la mesa pero con los que hay se podría avanzar mucho.